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18.09.2025 Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra cinco personas —incluida la diputada morenista y exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown— por presuntos vínculos con la facción de “Los Mayos”, parte del Cártel de Sinaloa.
La medida, que también afecta a 15 empresas mexicanas, se dio en el marco de la visita oficial de John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, a la capital mexicana para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Brown habría cedido el control del municipio de Rosarito al grupo criminal durante su administración, nombrando a aliados del cártel en puestos clave La sanción implica el congelamiento de activos en territorio estadounidense y la prohibición de transacciones con entidades norteamericanas.
El subsecretario Hurley fue contundente en su declaración:ñ al referir que “el Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales.”
La visita del funcionario estadounidense tenía como objetivo reforzar la cooperación bilateral en materia de inteligencia financiera y combate al narcotráfico, pero el anuncio de las sanciones elevó la tensión diplomática.
Reacción de la presidenta Sheinbaum.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza a las acusaciones y sanciones impuestas por el Tesoro de EUA. Aunque no se refirió directamente a la diputada Brown, sí cuestionó la falta de pruebas concretas en los señalamientos contra instituciones mexicanas y funcionarios públicos.
“No somos piñata de nadie. A México se le respeta. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos” insistió ven su narrativa cotidiana.
Sheinbaum exigió al gobierno estadounidense que presente evidencia sólida antes de emitir sanciones que afectan la reputación de instituciones mexicanas.
Enfatizó que su administración no tolerará la impunidad, pero tampoco permitirá que se actúe “solo con dichos”.
Además, reveló que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera ya habían recibido un informe confidencial de EUA semanas atrás, pero que no contenía pruebas concluyentes sobre lavado de dinero o vínculos con el narcotráfico.
Implicaciones políticas y diplomáticas
La sanción contra Brown, quien actualmente ocupa una curul en la Cámara de Diputados por el partido Morena, representa un golpe simbólico para el oficialismo, en medio de crecientes presiones internacionales por el combate al narcotráfico.
Aunque Morena no ha emitido una postura oficial, se espera que el caso genere debate en el Congreso y en la opinión pública.
Por otro lado, la visita de Hurley, que buscaba fortalecer la cooperación financiera entre ambos países, terminó envuelta en polémica. Analistas advierten que este tipo de acciones unilaterales podrían entorpecer los canales diplomáticos y generar fricciones innecesarias.
La presidenta Sheinbaum ha instruido a las autoridades mexicanas a revisar las acusaciones y, en caso de encontrar elementos, proceder conforme a la ley.
Mientras tanto, las empresas sancionadas y la diputada Brown enfrentan un futuro incierto, tanto en el plano legal como político.
La relación México–Estados Unidos, marcada por la colaboración en seguridad y comercio, enfrenta un nuevo reto: equilibrar la lucha contra el crimen organizado con el respeto mutuo entre naciones soberanas.
