*Linotipia
/ Peniley Ramírez /
La determinación presidencial se publicó esta semana, apenas unos días antes de que comience el nuevo periodo fiscal con el que se gasta el presupuesto público en Estados Unidos, el 1 de octubre. Donald Trump firmó la carta que guiará una parte del gasto del gobierno y de la ayuda a países extranjeros durante el próximo año fiscal. Allí dio la primera pista pública sobre un tema grave que las autoridades de EU han investigado discretamente desde hace al menos un año.
Peniley Ramírez es periodista de investigación y autora del libro Los millonarios de la guerra.
“México necesita fortalecer la integridad de la cadena de suministro fomentando una mayor participación de la industria privada y aumentando significativamente las inspecciones en sus puertos de entrada”, establece la determinación de Trump.
Ese mismo día, en Texas, se realizó una reunión con más de tres mil personas, entre importadores, exportadores, abogados y miembros del Congreso. “Por eso estamos aquí: para fortalecer la seguridad de la cadena de suministro y salvaguardar la integridad de los mercados estadounidenses”, dijo el comisionado adjunto de Aduanas y Protección Fronteriza, Ron Vitiello, en el evento.
La integridad de la cadena de suministro no es un tema nuevo en la relación bilateral, pero ahora alcanza una dimensión preocupante. Durante años, Estados Unidos ha publicado listas de empresas legales en México que lavan dinero para los cárteles. Están ahí productoras de leche y de carne, empresas hoteleras, restaurantes, compañías que venden tiempos compartidos y de la industria agrícola.
México ha permitido que estas empresas sigan operando y pagando impuestos, con el argumento de que una determinación del Departamento del Tesoro estadounidense no es vinculante en el país. Ahora, esas investigaciones apuntan a un riesgo mayor.
En julio, el Departamento del Tesoro anunció un grupo de 50 personas y empresas relacionadas con el lavado de dinero y con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Allí había empresas productoras de tequila y de otras bebidas. Una fuente con acceso a detalles de lo que se ha investigado me advirtió, desde hace meses, que “el asunto del narco sobre las cadenas de producción de alimentos va a ser lo más importante que se negocie entre México y Estados Unidos”. Esta fuente asegura que Estados Unidos ha investigado ampliamente, en territorio mexicano, cómo más grupos mafiosos controlan extensas cadenas de producción, sobre todo en la agricultura y en la producción de víveres esenciales para el comercio bilateral.
“El modelo ha cambiado”, me dijo esta fuente. “Ahora los narcos no solo extorsionan a los productores, sino que también controlan las empresas y la producción. Los americanos, al consumir productos mexicanos, están financiando a los grupos criminales”.
La designación de los cárteles como grupos terroristas implica que podrían sancionarse las cadenas de producción y exportación de alimentos, claves para la economía mexicana, con medidas propias del combate al terrorismo.
Sobre México, el documento dice que “reconocemos la labor del gobierno de la presidenta mexicana Sheinbaum”, pero añade que “las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad son insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas y sus redes criminales. Esto incluye desenmascarar, arrestar y enjuiciar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado e instigado a los cárteles y han traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país”.
En los últimos días, la prensa ha destacado el señalamiento contra los funcionarios corruptos en el documento de la Casa Blanca. Es clave, por supuesto, pero también lo es la instrucción sobre los riesgos para la seguridad alimentaria, que el gobierno de Trump solo había incluido hasta ahora en mensajes internos, no como parte de la agenda bilateral. Otra fuente cercana a las negociaciones del T-MEC me confirmó que el asunto de la seguridad alimentaria ha sido una de las partes más tensas de la agenda.
Mientras México anuncia buenos resultados en la reducción de delitos de alto impacto, otro escándalo se cierne entre ambos países: el de la cantidad de dinero, poder e influencias políticas que circulan entre quienes operan en el campo, quienes venden las mercancías y quienes las exportan. La pregunta es qué tan preparado está el gobierno mexicano para otro frente de batalla, que también traerá consecuencias políticas.