*El 10.º aniversario del Convenio de Estambul debe celebrarse con acciones
(Berlín) – Los estados miembros del Consejo de Europa deben redoblar sus esfuerzos orientados a combatir la violencia contra las mujeres actuando de inmediato para ratificar e implementar un convenio regional histórico sobre los derechos de la mujer, señaló hoy Human Rights Watch.
Human Rights Watch difundió hoy dos videos que explican el convenio y destacan su importancia. Los gobiernos deben dar pasos urgentes para contrarrestar la información incorrecta sobre el convenio y desacreditar mitos y estereotipos discriminatorios que frustran la labor para combatir la violencia contra la mujer.
“La pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto que la violencia contra las mujeres es uno de los abusos de derechos de mayor alcance y más persistentes, y una amenaza diaria para la vida y la salud de las mujeres y las niñas en todo el mundo”, señaló Hillary Margolis, investigadora sénior sobre derechos de la mujer de Human Rights Watch. “En este momento decisivo, los miembros del Consejo de Europa deben demostrar que se han propuesto verdaderamente priorizar la seguridad y el bienestar de todas las mujeres y niñas comprometiéndose con el contenido y la implementación del Convenio de Estambul”.
El 11 de mayo de 2021 se cumple el décimo aniversario del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul, que se abrió para la firma en Estambul, Turquía, en 2011. El convenio establece estándares sólidos y jurídicamente vinculantes para que los gobiernos prevengan la violencia contra todas las mujeres y niñas, y para que apoyen a las sobrevivientes y lleven ante la justicia a los agresores. Algunos gobiernos se han retirado del convenio o amenazan con retirarse de este, y otros se niegan a ratificarlo pese a los crecientes señalamientos de violencia doméstica durante las medidas de confinamiento que se dispusieron por la pandemia de Covid-19.
En total 33 países del Consejo de Europa han ratificado ya el Convenio de Estambul, que entró en vigor en 2014, y otros 12 lo han firmado pero todavía no lo han ratificado.
Hasta hace poco 34 lo habían ratificado sin embargo, en marzo el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdoğan tomó la decisión sin precedentes de retirarse del convenio, lo que suscitó numerosas críticas en el país y a nivel internacional. La decisión de Erdoğan representa un retroceso para los derechos de las mujeres en el país y plantea graves riesgos para la región, explicó Human Rights Watch. Las autoridades turcas a menudo no han tomado medidas proteger a las mujeres frente a abusos, y las tasas de femicidio en el país se mantienen altas.
Las disposiciones del Convenio de Estambul son sumamente inclusivas y amplias, señaló Human Rights Watch. Reconoce garantías frente a formas de violencia que en general no están todavía incorporadas en la legislación de los países, como el hostigamiento, el acoso sexual y el matrimonio forzado, y exige protecciones para todas las víctimas de violencia, con independencia de su edad, origen étnico, orientación sexual, discapacidad, estado inmigratorio u otras características.
Un beneficio clave del convenio es que exige que los gobiernos subsanen lagunas en el derecho interno y en las políticas de protección para grupos específicos, incluidos los migrantes en situación inmigratoria indefinida, y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT).
Pese a ser catalogado como un tratado histórico por defensoras de los derechos de la mujer en toda la región, el convenio ha enfrentado una férrea resistencia en varios países, en muchos casos debido a que define al género como una construcción social, así como por la inclusión explícita de las personas LGBT y migrantes. Medidas políticas y grupos conservadores han sostenido equivocadamente que el convenio amenaza a las familias “tradicionales”, fomenta la homosexualidad y la denominada “ideología de género” y erosiona los “valores nacionales”.
Algunos gobiernos sostienen que su legislación nacional ofrece medidas adecuadas de protección frente a la violencia contra las mujeres y de justicia para estos casos. Sin embargo, muchas sobrevivientes siguen enfrentando estigmatización, actitudes despectivas de las autoridades y presión social para mantenerse en silencio. La débil respuesta policial y judicial suele intensificar los obstáculos a la justicia y favorece la impunidad de los agresores. Las organizaciones locales de derechos de la mujer afirman que son ellas quienes brindan la mayoría de los servicios a las sobrevivientes, incluido el albergue, la atención de la salud mental y la asistencia legal, en muchos casos con ayuda oficial escasa o nula.
“Las organizaciones no gubernamentales están intentando… brindar el mayor volumen de ayuda posible [a sobrevivientes de violencia], pero naturalmente no tienen recursos humanos ni materiales suficientes para salvar la brecha que existe en el sistema institucional”, explicó Noa W. Nogradi, activista por los derechos de la mujer afiliada a Patent Association y Mujeres por las Mujeres Juntas contra la Violencia (NANE) y la Sociedad contra el Patriarcado (Patente) en Hungría. “A menudo escuchamos que la [línea de atención nacional] no deriva a quienes buscan escapar [de abusos] a otras organizaciones, a menos que puedan demostrar que existe un peligro inmediato para su vida. Con lo cual, si tu esposo te golpea habitualmente, pero no te está apuñalando en este preciso momento, entonces este mecanismo no te ayuda”.
El ministro de justicia de Polonia Zbigniew Ziobro anunció en julio de que iniciaría un proceso para que el país se salga del convenio, y el primer ministro Mateusz Morawiecki remitió el convenio al Tribunal Constitucional, un órgano cuya actuación ha estado marcada por la influencia política, para que este llevar a cabo un análisis de constitucionalidad debido a su definición de “género”. El Partido Ley y Justicia, que ocupa el gobierno, utilizó el mismo Tribunal Constitucional para eludir los procedimientos parlamentarios pertinentes a efectos de eliminar los supuestos legales de aborto en octubre.
“Para nosotras es de suma importancia que el convenio siga siendo un documento de derecho internacional vinculante en Polonia, debido a los estándares que están allí reflejados”, apuntó Urszula Nowakowska del Centro de Derechos de la Mujer en Varsovia. “[Son] nuestro punto de referencia, un objetivo por el que podemos luchar”.
El parlamento de Hungría, donde el partido gobernante tiene mayoría de dos tercios, bloqueó la ratificación del convenio en mayo de 2020 y el parlamento de Eslovaquia ha frenado la ratificación en varias ocasiones, la última vez en febrero de 2020. La Corte Constitucional de Bulgaria determinó en 2018 que el uso del “género” en el convenio hace que este sea inconstitucional.
Países como Croacia han ratificado el convenio pese a la fuerte resistencia de organizaciones de derecha. Sin embargo, otros se han comprometido a ratificarlo pero han demorado esa decisión, como Ucrania, que firmó el convenio en 2011, y el Reino Unido, que lo suscribió en 2012. Azerbaiyán y Rusia son los dos únicos Estados miembros del Consejo de Europa que no han firmado el convenio.
Las defensoras de los derechos de la mujer sostienen que el Convenio de Estambul es crucial para conseguir las reformas legales y políticas integrales que son absolutamente necesarias, así como los recursos para su implementación.
“[E]s … muy claro que el Convenio de Estambul impulsará al Estado a dar una respuesta a las víctimas”, explicó Marta Chumalo del Centro de Perspectivas de la Mujer, en Ucrania. “La ratificación del Convenio de Estambul será un gran momento para mí y para mi trabajo… ya que entiendo que muchas de las mujeres que han recibido ayuda de nuestra organización, que ahora viven en albergues que gestionamos nosotros y a quienes representamos ante la justicia, tendrán mayores probabilidades de una vida segura”.
Los esfuerzos orientados a cumplir con lo que establece el convenio han propiciado pasos positivos, como leyes nuevas o con más garantías. Varios países han establecido líneas de asistencia y promueven servicios para las personas sobrevivientes. Otros han tipificado otras formas de violencia como el acoso, el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina, o reformaron sus leyes para basar las definiciones de violencia sexual en la ausencia de consentimiento.
“El convenio infundió muchísima fortaleza emocional a las mujeres”, afirmó Eren Keskin, copresidenta de la Asociación por los Derechos Humanos de Turquía. “Salirse del convenio equivale a decir ‘voy a hacer lo que me plazca’”.
Keskin indicó que las personas no deberían perder las esperanzas de que Turquía y otros países se comprometan con el Convenio de Estambul y sus estándares: “Creo que el movimiento de mujeres pondrá de nuevo este tema en el candelero y que [Turquía] volverá a poner la firma en ese convenio…. La única solución es ser enérgicos: todos tienen que alzar su voz en repudio a la violencia contra las mujeres, dondequiera que estén”.
