*
21.10.2026. México.- La detención de César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, abrió dos procesos penales con acusaciones distintas, pero vinculadas con el operativo contra un presunto laboratorio clandestino de drogas realizado en abril pasado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por hechos que podrían constituir traición a la patria en materia de seguridad nacional, mientras que la Fiscalía de Chihuahua lo investiga por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
Aunque ambas órdenes están relacionadas con el mismo episodio, las autoridades no plantean exactamente la misma responsabilidad. La investigación federal pone el acento en la presunta intervención de ciudadanos estadounidenses en territorio mexicano sin autorización y en una posible vulneración de las facultades exclusivas de la Federación. La causa estatal se concentra en la forma en que se organizó y ejecutó el operativo, así como en el posible incumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de la función pública y la actuación de la cadena de mando.
Conviene precisar un dato: la información disponible hasta el 18 de octubre de 2026 identifica la segunda orden como un mandamiento de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, no de la Fiscalía de Michoacán. Por tanto, no hay base suficiente para atribuir a esta última una orden contra Jáuregui en este caso.
El caso tiene además una consecuencia importante: Jáuregui no sólo quedó bajo investigación por la participación de extranjeros en el operativo, sino también por la manera en que se ejercieron las atribuciones de la Fiscalía estatal. La distinción es central para entender por qué existen dos mandamientos judiciales y qué deberá acreditar cada Ministerio Público ante los jueces.
El operativo que detonó las investigaciones
Los hechos se remontan al operativo efectuado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en El Pinal, una comunidad del municipio de Morelos, en la zona serrana de Chihuahua. La intervención tuvo como objetivo desmantelar un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la producción de drogas sintéticas.
Después del despliegue, cuatro personas murieron en un accidente vehicular cuando descendían de la zona serrana: dos integrantes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y dos ciudadanos estadounidenses que, de acuerdo con las investigaciones y los reportes publicados posteriormente, eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, conocida como CIA.
La presencia de los estadounidenses adquirió relevancia porque la colaboración internacional en materia de seguridad está sujeta a reglas legales y a la coordinación con las autoridades federales mexicanas. El punto bajo investigación no es únicamente que extranjeros estuvieran presentes en un operativo, sino si participaron directamente en acciones de seguridad sin la autorización correspondiente y si las autoridades estatales tenían facultades para permitirlo.
La controversia creció después de que se conocieron las identidades y presuntas funciones de los ciudadanos estadounidenses fallecidos. La FGR abrió una investigación propia para esclarecer cómo participaron en el operativo, quién autorizó su intervención y si se respetaron las disposiciones constitucionales y legales que regulan la seguridad nacional.
Qué sostiene la Fiscalía de Chihuahua
La orden estatal fue emitida dentro de la causa penal 3055/2026, a partir de una resolución judicial fechada el 16 de octubre. El mandamiento identifica los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en el Código Penal de Chihuahua.
La Fiscalía estatal sostiene que las investigaciones detectaron posibles irregularidades en la organización y ejecución del operativo, particularmente por la participación de personal extranjero y por posibles omisiones en la cadena de mando y en los protocolos que debían observarse.
Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía de Chihuahua, explicó que el 24 de abril se creó una unidad especial para investigar lo ocurrido. Según sus declaraciones, la investigación permitió establecer la probable participación de personal de la CIA en el despliegue.
Loya ha señalado que el objetivo de las indagatorias es determinar si se cometieron irregularidades, sin desconocer el resultado operativo contra el laboratorio clandestino. La institución ha sostenido que combatir al crimen organizado no exime a los servidores públicos de cumplir la ley.
La orden también alcanza a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfuncionario señalado en la misma causa. De acuerdo con la resolución difundida públicamente, ambos enfrentan imputaciones por ejercicio ilegal del servicio público y coalición; adicionalmente, el documento incluye una orden contra Jáuregui por otra modalidad del delito de ejercicio ilegal del servicio público. Zuany enfrenta, por separado, un señalamiento por falsedad ante autoridades con penalidad agravada.
Un límite relevante es que el oficio difundido contiene los puntos resolutivos de las órdenes, pero no reproduce íntegramente los antecedentes ni todos los argumentos de la investigación. Por ello, no es correcto atribuir a Jáuregui conductas específicas que el documento público no detalla.
Qué acusa la FGR: presunta traición a la patria
La investigación federal tiene un alcance distinto. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que un juez federal concedió una orden de aprehensión contra Jáuregui por hechos que podrían constituir el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.
Godoy indicó que la orden se obtuvo después de más de 100 actos de investigación, entre diligencias de gabinete y trabajos de campo. Según la versión de la FGR, el exfiscal habría ordenado y coordinado el operativo en el que participaron personas extranjeras sin autorización para intervenir en territorio mexicano en actividades reservadas a las autoridades nacionales.
La dependencia federal sostiene que las autoridades estatales no podían asumir atribuciones reservadas a la Federación ni transferir potestades públicas a agentes extranjeros. Desde esa perspectiva, la posible responsabilidad de Jáuregui no se limitaría a una irregularidad administrativa o al incumplimiento de protocolos, sino que podría alcanzar una conducta que afectara la soberanía y la seguridad nacional.
Otro de los elementos señalados por Godoy es que, según la investigación federal, no se habría abierto previamente una carpeta de investigación estatal que justificara el operativo y las autoridades federales no habrían sido notificadas de manera oportuna. La fiscal afirmó que Jáuregui habría informado a personas extranjeras sobre la operación, mientras que el aviso a las autoridades federales se habría producido de manera precipitada e indebida. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis de la FGR y deberán ser sometidas al procedimiento judicial correspondiente.
La diferencia jurídica es sustancial. La Fiscalía de Chihuahua investiga el posible ejercicio irregular de funciones públicas y la presunta actuación concertada de servidores públicos; la FGR plantea que los hechos podrían constituir traición a la patria en materia de seguridad nacional por la intervención no autorizada de extranjeros en acciones que, según su postura, correspondían exclusivamente a autoridades federales.
Dos investigaciones, una misma operación y responsabilidades por determinar
La existencia de dos órdenes no significa que Jáuregui haya sido declarado culpable de dos delitos distintos. Se trata de mandamientos emitidos por jueces dentro de procedimientos diferentes, sustentados en hipótesis de las fiscalías que deberán probarse con datos de prueba y, en su caso, durante el proceso penal.
El exfiscal fue detenido el sábado 17 de octubre en la ciudad de Chihuahua por agentes estatales que cumplimentaron la orden local. Más tarde, la FGR informó sobre la ejecución del mandamiento federal. La defensa cuestionó la detención y señaló que necesitaba conocer los elementos de la investigación para preparar su estrategia jurídica.
El trasfondo político también ha acompañado el caso, debido a los enfrentamientos mediáticos entre el gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos, y la administración federal de Claudia Sheinbaum por la participación de agentes estadounidenses en el operativo. Sin embargo, esas disputas no sustituyen la obligación de las autoridades de acreditar las imputaciones ni permiten concluir, por sí mismas, que las órdenes respondan a una motivación política.
El punto central para ambas investigaciones será esclarecer quién autorizó la participación de los estadounidenses, bajo qué condiciones se organizó el operativo, qué información se comunicó a las autoridades federales y si los responsables tenían facultades legales para actuar de esa manera.
Hasta el 18 de octubre de 2026, la información pública permite establecer que la orden estatal corresponde a la Fiscalía de Chihuahua y que la federal fue promovida por la FGR. Sin embargo se habla de la presencia de elementos del ejército y la tan solo los permisos de los agentes estadounidenses generan dudas sobre quien y como se permite su ingreso a México.