Hora cero.
Luis Alberto Romero.
Cuando en 2016 inició la administración de Miguel Ángel Yunes en Veracruz, comenzó también una crítica sistemática contra la forma en que funcionó la Coordinación General de Comunicación Social.
Desde el Gobierno del Estado se dijo que existía la determinación de acabar con la opacidad en el área y con la discrecionalidad con que se habrían manejado los recursos destinados a la promoción del quehacer gubernamental, particularmente durante el sexenio de Javier Duarte.
Sin embargo, el resultado de la revisión a la cuenta pública 2018, por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) deja claro que en la Coordinación de Comunicación Social Yunes Linares sólo cambió titular, pero en el fondo todo se manejó de forma tan opaca como antes.
En el Informe Individual de la Fiscalización Superior, relativo a la CGCS, el ORFIS dictamina que dicha dependencia registra un presunto daño patrimonial por más de 67 millones 643 mil pesos.
No es un monto menor, sobre todo porque el desaseo con que se habrían manejado los recursos en la oficina que tenía como titular a Elías Asaad Danini.
El ORFIS detectó, por ejemplo, un posible caso de alteración de documentos y duplicidad de registros.
Hubo campañas pagadas que no presentan evidencias de contratos.
Destaca también, de acuerdo con la observación número FP-030/2018/014 DAÑ, que la Secretaría de Finanzas y Planeación pagó a diversas empresas más de 40 millones 560 mil pesos, pero la Coordinación de Comunicación no presentó evidencia documental de los contratos y las facturas correspondientes. Tampoco existen los llamados “testigos”, que son los documentos que comprueban los servicios prestados o la difusión de los materiales publicitarios o propagandísticos.
Pagos excesivos también le fueron observados a la CGCS; 16 empresas recibieron de Sefiplan poco más de 64 millones 979 mil pesos como producto de contratos firmados el 8 de enero de 2018; el problema es que esas empresas sólo facturaron 37 millones 2080 mil pesos; en pocas palabras, el gobierno estatal realizó un pago excesivo. La diferencia entre el monto del contrato y el pago supera los 27 millones 699 mil pesos.
Entre febrero y noviembre de 2018, a un impreso veracruzano le depositaron, sin mediar contrato, más de 4 millones 254 mil pesos, como pago por la difusión de contenidos del Programa Estatal de Seguridad Ciudadana.
En total, el órgano auditor giró 7 observaciones y 15 recomendaciones de carácter financiero. Las primeras hacen suponer un presunto daño patrimonial por el que deberán responder quienes estuvieron al frente de la Coordinación durante el bienio de Miguel Ángel Yunes.
En el dictamen del ORFIS se establece que debido a ese presunto daño patrimonial, el órgano auditor “promoverá el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños…”, en los términos de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz.
Así, con ese desaseo en el área de comunicación, con esa irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos, terminaron los dos años del gobierno de Yunes Linares.
Elías Asaad, quien pasó de la jefatura de prensa del Ayuntamiento de Boca del Río a la titularidad de la CGCS, terminará por pagar muy cara su inexperiencia, porque si las observaciones a la cuenta pública 2018 se convierten en denuncias penales –lo cual es muy probable–, quedará en una posición sumamente débil.
Si el ex coordinador de comunicación, gente muy cercana a la familia Yunes, no articula una buena defensa, podría convertirse en firme candidato a Pacho Viejo. @luisromero85
