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18.11.2026 Ciudad de México.-La crisis de confianza que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE), tras los señalamientos de presunta corrupción y conflictos de interés relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei, encendió las alertas de quienes encabezaron la autoridad electoral durante las últimas décadas.
José Woldenberg, Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y Luis Carlos Ugalde exigieron a la Cámara de Diputados acelerar la designación de una nueva presidenta del organismo mediante un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y plantearon modificar la integración de su Consejo General.
El mensaje de quienes encabezaron el IFE y el INE durante distintas etapas fue que la reconstrucción de la confianza no puede limitarse al relevo de una persona. Requiere esclarecer las denuncias, deslindar responsabilidades, revisar la integración del Consejo General y garantizar que la nueva presidencia cuente con legitimidad ante las fuerzas políticas y la ciudadanía.
Durante una conferencia de prensa convocada este miércoles por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), en la Ciudad de México, los exconsejeros advirtieron que el deterioro de la confianza en el árbitro electoral ocurre en un momento particularmente delicado: con el proceso electoral de 2027 ya en marcha.
El pronunciamiento conjunto, leído por José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), señaló que los cuestionamientos por presuntas irregularidades que involucran a altos directivos del INE y a proveedores han golpeado directamente la principal función de la institución: ofrecer certeza sobre la legalidad y legitimidad de las elecciones.
“La crisis generada por los testimonios y las evidencias de corrupción, en las que aparecieron directamente involucrados los más altos directivos del INE y sus socios, ha tocado a ese organismo en el centro de su función y de su razón de ser: la credibilidad y la confianza”, expuso Woldenberg al presentar el documento.
El exconsejero subrayó que la gravedad del escenario aumenta porque la autoridad electoral debe organizar los próximos comicios mientras enfrenta cuestionamientos sobre su propia conducción.
“Por eso creemos que no hay nada más urgente para la República y para la vida democrática de México que rescatar, recuperar y reconstruir esa credibilidad”, sostuvo.
Los expresidentes del IFE y del INE dirigieron su exigencia al Poder Legislativo, particularmente a la Cámara de Diputados, responsable de conducir el procedimiento para elegir a quien ocupará la presidencia del organismo tras la salida de Guadalupe Taddei.
Pidieron que el nombramiento se realice cuanto antes, con apego a la Constitución y mediante un entendimiento que involucre a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso. Consideraron que no basta con que la designación reúna los votos necesarios para concretarse, sino que debe generar confianza entre quienes participan en la competencia electoral.
En ese sentido, plantearon que la persona elegida reúna conocimientos en materia electoral, capacidad de dirección, competencia para ejercer el cargo y, especialmente, reconocimiento de las distintas fuerzas políticas.
“El diálogo y el acuerdo son, en estas circunstancias, más importantes que nunca para recuperar la credibilidad en una institución tan seriamente vulnerada”, establece el pronunciamiento.
La propuesta también contempla una reconfiguración del Consejo General del INE, con el propósito de recuperar los equilibrios políticos y fortalecer la confianza en las decisiones del máximo órgano de dirección electoral.
Woldenberg cuestionó que en anteriores procesos de designación algunos consejeros fueran nombrados sin el respaldo de los partidos de oposición, situación que, desde su perspectiva, debilitó la legitimidad de la integración institucional.
Por su parte, Lorenzo Córdova advirtió sobre la dimensión del escándalo que enfrenta el organismo y la necesidad de esclarecer los señalamientos relacionados con la contratación de proveedores y posibles conflictos de interés.
El expresidente del INE hizo una distinción entre la concentración de contratos en un reducido grupo de empresas y la existencia de actos ilegales. Explicó que un mercado de proveedores con características oligopólicas no constituye, por sí mismo, una prueba de corrupción, por lo que consideró indispensable investigar las posibles irregularidades y determinar responsabilidades.
También insistió en que las investigaciones no deben utilizarse para desacreditar indiscriminadamente la trayectoria del organismo, sino para identificar y sancionar a quienes hayan incurrido en conductas indebidas.
La exigencia de los exconsejeros se produce después de la renuncia de Guadalupe Taddei y en medio de los cuestionamientos sobre presuntos vínculos entre altos funcionarios del Instituto y empresas proveedoras. Tras su salida, Blanca Yassahara Cruz García asumió provisionalmente la presidencia del Consejo General.
La renovación de la titularidad permanece en manos de la Cámara de Diputados, donde existen diferencias entre Morena y la oposición sobre los tiempos y las condiciones para realizar el nombramiento. Mientras se discute el procedimiento, también se ha planteado la posibilidad de mantener a Cruz García al frente del organismo durante el proceso electoral.
Los exconsejeros consideraron que prolongar la incertidumbre no contribuirá a resolver la crisis y que la autoridad electoral necesita recuperar su fortaleza institucional antes de la jornada de 2027, en la que se renovarán 17 gubernaturas, además de la Cámara de Diputados, congresos locales y numerosos ayuntamientos.

