*
26 de Junio de 2025 Xalapa, Ver.- Las personas adultas mayores que adquieran un inmueble para casa habitación quedarían totalmente exentas del Impuesto sobre traslación de dominio, de acuerdo con la Iniciativa presentada por el diputado Héctor Yunes Landa.
En la Novena Sesión Ordinaria, el legislador propuso actualizar Código Hacendario Municipal del estado que en su redacción actual no contempla ninguna exención o beneficio específico para las personas adultas mayores. Esta omisión, señaló, implica una falta de armonización de la legislación veracruzana con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
La porción que se propone prevé la no aplicación de dicho impuesto por la adquisición de inmuebles destinados exclusivamente a casa habitación, cuando la o el adquirente sea una persona adulta mayor y no propietaria de otro bien inmueble.
Dicha adición precisa que este beneficio se otorgará en una sola ocasión por persona adulta mayor y que se entiende como persona adulta mayor a quien tenga 60 o más años de edad.
Además, la exención total del Impuesto será bajo condiciones claras que aseguren que el beneficio se aplique a quienes realmente lo necesitan para su casa habitación y evitar posibles usos indebidos.
De acuerdo con su proponente, esta reforma “es un acto de justicia social y armonización legislativa. Al exentar de dicho impuesto a los adultos mayores, no solo cumplimos con una obligación legal, sino que también fortalecemos su seguridad patrimonial y contribuimos directamente a su calidad de vida”.
Esta Iniciativa, a la que se adhirieron las diputadas María Elena Córdova Molina, Montserrat Ortega Ruiz y Ana Rosa Valdés Salazar y el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada, fue turnada a la Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda Municipal y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.
Anteproyectos de punto de acuerdo
En la misma sesión, el diputado Héctor Yunes Landa presentó también dos anteproyectos de punto de acuerdo: el primero, para exhortar a las autoridades correspondientes a reforzar las acciones de inspección y vigilancia contra instalaciones clandestinas dedicadas almacenamiento y procesamiento ilícito de hidrocarburos, y el segundo, para exhortar a los integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana y al rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez a declinar de sus cargos, en atención a la crisis de legitimidad institucional que enfrenta esa casa de estudios.
