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08.05.2024. Ciudad de México.- Una nueva denuncia contra Arturo Zaldívar, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fundamentada en no solo el propio testimonio de quejoso sino grabaciones telefónicas que prueban presiones y castigos de círculo cercano del ex ministro también en contra de otros jueces y magistrados.
Un magistrado federal ha presentado la denuncia, respaldada por audios telefónicas y testimonios, que demuestran que si existieron presiones y represalias por parte de Carlos Alpízar, secretario general del Consejo de la Judicatura y mano derecha del ex ministro.
Alpízar en los audios es señalado como la figura que interviene para favorecer a Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la Policía Federal, acusada por su presunta participación en un fraude millonario.
Acusación que se da en medio de los señalamientos de López Obrador para desprestigiar a la politóloga Amparo Casar, critica del gobierno amloista que hoy enfrenta la fuerza del Estado por supuestamente alterar un fallo judicial que el mismo procurador Bernardo Bátiz, involucrado por el presidente López Obrador ha desmentido.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que el Ministro Arturo Zaldívar entonces Presidente de la SCJN, intervenía en los asuntos que él le encomendaba.
El pasado 9 de abril, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió una denuncia contra Zaldívar y otros ex funcionarios por presuntamente presionar a jueces y magistrados para cambiar el sentido de las resoluciones en casos pendientes.
Además de Carlos Antonio Alpízar Salazar, quien es el actual titular de la Unidad de Desarrollo Democrático en la Secretaría de Gobernación, la acusación incluye a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República; Édgar Manuel Bonilla del Ángel, exdirector del Instituto de Concursos Mercantiles y Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y actual secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de la ministra Lenia Batres.
Días después, el martes 16 de abril de 2024, cuando Zaldívar anunció que promovería un juicio político contra la ministra Norma Piña por supuesta “intervención en el proceso electoral”, aseguró que sus colaboradores nunca se reunieron con jueces o magistrados para presionarlos o tratar asuntos particulares.
Sin embargo, en la nueva denuncia, el magistrado Alberto Roldán relató que fue presionado entre 2020 y 2021 por Carlos Alpízar y el magistrado Constancio Carrasco para emitir una resolución en un amparo en el caso de Frida Martínez, acusación que fue acompañada por grabaciones.
En las investigaciones periodísticas Roldán era Juez Quinto de Distrito en materia de amparo y recibió el caso de la ex secretaria general de la Policía Federal, quien estaba acusada junto con 18 funcionarios por un presunto fraude.
En noviembre de 2020, Roldán acudió a la oficina de Alpízar en el CJF por invitación de Constancio Carrasco para hablar del caso. En total fueron cinco reuniones en las que supuestamente llevó una grabadora oculta.
En los audios se entiende que el tema era importante para el Poder Judicial, incluso mencionando que las reformas dependían de ello.
Pese que el ex ministro Zaldívar niega lo que el mismo presidente confesó, existen pruebas adicionales que demuestran la intervención de Alpízar Salazar en casos que eran de interés particular del entonces presidente de la Suprema Corte.
Documentos indican no solo reuniones con jueces y magistrados, sino que estos gastos corrían por cuenta del Poder Judicial Federal.
Uno de los casos emblemáticos es el del juez Javier Loyola Zosa, quien ascendió a magistrado a pesar de ser sancionado por nepotismo y ejercicio indebido del cargo. Aunque el CJF decidió no inhabilitarlo, Loyola Zosa subió de puesto y consiguió convertirse en magistrado en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
La investigación en curso también implica a otros ex funcionarios del Poder Judicial y del gobierno federal por presionar a más de 70 jueces y magistrados en al menos 18 casos emblemáticos para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La gravedad de estas acusaciones ha llevado a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a ordenar investigaciones contra Zaldívar y sus ex colaboradores por presuntos actos de corrupción y por vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial.
