*Se ha documentado el repunte de violencia sexual, feminicidio en niñas y desplazamiento forzado derivado de las olas de violencia por el control del territorio, presencia de grupos paramilitares y la trata de personas -particularmente, mujeres, adolescentes y niñas-.
/ Escrito por Wendy Rayón Garay /
20.07.2025/CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- La colectiva Hasta Encontrarte, denunció que una de sus integrantes fue notificada por la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, con una orden para exhumar los restos de su hija quien estuvo desaparecida en el 2020 y fue encontrada ese mismo año; esta acción emprendida por la autoridad se da ante la posibilidad de que puedan encontrar más restos de otras personas desaparecidas sin identificar en el mismo sitio donde yace Dulce, lo que ejemplifica la entrega indigna postmortem por instituciones forenses hacia las familias.
Dulce Alejandra Marmolejo López desapareció el 16 de julio del 2020 en Irapuato, Guanajuato. Tras una extensa búsqueda, fue encontrada sin vida el 20 de julio del mismo año, sus restos fueron entregados más de un mes después, específicamente el 29 de agosto de 2020. A cinco años exactos, la familia de Alejandra revive de nueva cuenta la perdida ante la falta de protocolos y negligencia de la Fiscalía del estado.
Esta omisión abre diferentes preguntas para la colectiva Hasta Encontrarte: «¿Cómo fue que hicieron el proceso de identificación del cuerpo?, ¿tienen la mínima idea de lo que entrega y restitución digna significa?, ¿quiénes son las otras personas que pudieron estar enterradas todo este tiempo junto con Dulce?, ¿cómo asegurar que esto no ha pasado a otras familias, que no hay otras equivocaciones en restituciones y entregas?, ¿cómo garantizar que esto no volverá a pasar?», cuestionaron en un comunicado.
La crisis de mujeres desaparecidas se agrava todos los días, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) hay 29 mil 769 mujeres que no hay sido localizadas y en el país hay un total de 130 mil 035 personas de las cuales 9 mil 014 corresponden a mujeres desaparecidas solo en Guanajuato.
Frente a esta problemática, las capacidades técnicas y recursos humanos, materiales y de infraestructura del Estado en materia forense son insuficientes causando una crisis forense con 72 mil 100 cuerpos sin identificar cuando en 2019 la cifra estaba en 38 mil 891 casos.
Esta crisis forense en el país fue reconocida en mayo de 2019 por el entonces Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que un grupo de mujeres buscadoras denunció la existencia de un gran número de restos humanos sin identificar, y la inexistencia de una institución capaz de atender lo que llamaron la “crisis forense”.
Desde la organización exigieron a la Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato mecanismos que garanticen la entrega digna a las familias, restitución y memoria digna, así como garantías de no repetición. A la Comisión de Atención a Víctimas un acompañamiento real y cercano, puesto que en la exhumación la madre de Dulce no tuvo el acompañamiento debido por parte de su asesor; así como peritos independientes que acompañen el caso.
«Le lloré a mi hija el día de su desaparición, le lloré cuando me llamaron para decirme que la tenían en SEMEFO, le lloré el día qué por fin me la entregaron, la dejé en el panteón en agosto de 2020 y cada cumpleaños, cada día de las madres, cada día de muertos iba a verla» testimonio de la madre de Dulce publicado en la red social x de Hasta Encontrarte.
La muerte indigna de una persona desaparecida
De acuerdo con el «Protocolo Interdisciplinario de notificación de la identificación de personas desaparecidas y restitución digna», elaborado por organizaciones civiles, esta situación no solo genera un rezago en la identificación de las mujeres fallecidas, sino que compromete el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, y prolonga el dolor y la incertidumbre de sus familiares.
A esto se suma la entrega de los restos de un cuerpo a las familias caracterizado por la falta de sensibilidad y respeto, una situación generalizada en diferentes zonas de la república. Algunos relatos incluyen entregas en bolsas de basura y en muchos casos se desconoce si los restos proporcionados sí pertenecen al familiar de la persona desaparecida. Esto es conocido como muerte indigna, la cual no se refiere únicamente por la forma violenta en que una persona muerte, sino el tratamiento del cuerpo ocultando sus restos, borrando su identidad e impidiendo los rituales de duelo de sus seres queridos.
Para las familias de personas desaparecidas es importante dignificar a las víctimas durante los procesos forenses como una forma de reparación ante la muerte indigna. Por ello, uno de los elementos importantes es ritualizar la muerte a través de prácticas religiosas o espirituales, así como la manera en que se les habla a los restos de las personas encontradas sin vida, según describe el protocolo.
Sin embargo, en los últimos días se han dado a conocer casos en donde no se trata de manera digan cuerpos sin vida. Por ejemplo, el pasado 27 de junio, el Ciudad Juárez, Chihuahua, se hallaron 386 cuerpos embalsamados y almacenados en el Crematorio Plenitud después de 25 años en operación. El fiscal César Jáuregui Moreno confirmó que hasta ahora solo 30 cuerpos fueron identificados, en algunos casos, las y los familiares reportaron contar con las cenizas en sus casas, pese a que el cuerpo se encontraba en el crematorio.
Otro de los casos que cimbró al país fue un video que se viralizó en redes sociales el 25 de junio. En el material se puede ver que personal del Instituto de Ciencias Forense (INCIIFO) manipulan cuerpos humanos de forma indigna o casos en donde los donan a la ciencia sin exhaustiva identificación. Se trata de una institución pública que forma parte del Poder Judicial de la Ciudad de México, cuyo objetivo es auxiliar a las autoridades desde el punto de vista pericial para ayudar en la procuración e impartición de justicia.
La violencia a la que se enfrentan
Gracias a su labor como buscadoras, las mujeres y niñas experimentan impactos diferenciados, especialmente por los roles de género que le son asignados por la sociedad patriarcal. En primer lugar, se enfrentan a la estigmatización de la familia, la comunidad, la sociedad, los medios de comunicación y otros actores con poder cuando denuncian la desaparición de sus familiares.
Esto se ve reflejado cuando culpan a la víctima, el cual se agrava cuando la persona desaparecida, así como la persona buscadora es una mujer, ya que se les culpa por desafiar los mandatos patriarcales. Cuando se trata del segundo caso, son las madres a quienes culpan por no cuidar lo suficiente a sus hijas e hijos y son rechazadas por dedicarse a la búsqueda generando en ellas sentimientos de culpa y preocupación.
La violencia ejercida hacia las mujeres buscadoras escala hasta criminalizadas desde la perspectiva de quienes perpetran los crímenes o si afecta algún interés político como ocurre en muchos casos de personas defensoras de derechos humanos. Por ello, con la intención de impedir la búsqueda y perpetuar la impunidad, el Estado suele ejecutar estrategias de disuasión que involucran el uso indebido del sistema penal en contra de las mujeres buscadoras iniciando investigaciones de manera arbitraria.
Las formas más comunes para silenciar su lucha son a través de la violencia física donde sus cuerpos son perpetrados de forma diferenciada y que puede terminar en amenazas, ataques, desplazamientos forzados, violencia sexual hasta llegar a su asesinato. Por otro lado, también enfrentan empobrecimiento al equilibrar su búsqueda con sus esfuerzos de ser proveedoras del hogar y la carga de los cuidados; así como impactos en su salud al afrontar el estrés y duelo por la desaparición de su familiar.
A esto se suma la campaña de desacreditación que el gobierno federal ha desatado sobre las madres buscadoras, la cual se ha ido tejiendo desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrar en donde es más sencillo cuestionar y culpar a las madres buscadoras que encontrar y erradicar a quienes perpetúan la violencia que ha dejado más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Tras una desaparición, son las madres son las primeras en investigar en el lugar de los hechos; recopilar testimonios y evidencia: recorrer grandes extensiones de terreno con sus propios medios económicos y físicos; y aprenden sobre derecho, así como el funcionamiento de las instituciones ante la decepción de la respuesta de las Fiscalías o Ministerios Públicos. Inevitablemente terminan convirtiéndose en defensoras de derechos humanos, pese a que el Estado sigue sin reconocer su labor.
A esto se suma, el peligro que corren por su labor de búsqueda, pues en el último informe de AI se encontró que, de 521 mujeres buscadoras encuestadas por la organización, el 97% refirió haber enfrentado violencia por su labor. La violencia contra ellas se manifiesta en diferentes formas: discriminación, amenazas, acoso, ataques físicos, tortura, secuestro que puede culminar en su propia desaparición o feminicidio.
Sin embargo, la violencia se profundiza cuando a quien se busca es una mujer, ya que, son a las que menos se le encuentran, esto en consecuencia de que son captadas para el sistema de trabajo sexual. De las 32 entidades, existen sólo 8 -incluido el estado de Guanajuato- donde la desaparición de mujeres y niñas es mayor que la de sus congéneres, la mayoría de estos Estados se encuentran al centro y sur del país donde se ha documentado el repunte de violencia sexual, feminicidio en niñas y desplazamiento forzado derivado de las olas de violencia por el control del territorio, presencia de grupos paramilitares y la trata de personas -particularmente, mujeres, adolescentes y niñas-.
| Entidad | Mujeres desaparecidas | Hombres desaparecidos |
| Tabasco | 2 mil 144 | mil 885 |
| Aguascalientes | 3 mil 486 | 3 mil 93 |
| Campeche | 946 | 731 |
| Chiapas | 4 mil 275 | 4 mil uno |
| Guanajuato | 8 mil 866 | 8 mil 795 |
| Hidalgo | 2 mil 884 | 2 mil 846 |
| Yucatán | 4 mil 305 | 2 mil 759 |
