• La verdadera justicia implica una investigación exhaustiva, sanción a los responsables y garantías de no repetición.
• Se le negó el reconocimiento de persona defensora de derechos humanos y constructor de paz.
18.08.2025 Chiapas.- El 6 de agosto en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, fue sentenciado a 20 años de prisión el “autor material” de la ejecución extrajudicial del Padre Marcelo Pérez Pérez (en adelante Padre Marcelo), cubriéndose de impunidad y manteniendo la injusticia desde una estrategia institucional que clausura la verdad, sin que se aportaran pruebas que condujeran a los autores intelectuales de este crimen atroz que atentó contra los pueblos y comunidades que luchan por la vida y la paz en Chiapas. La ejecución se dio en contra de un defensor de derechos humanos, y el Estado, lejos de protegerlo, lo criminalizó, lo persiguió y omitió la Medida Cautelar MC-506-14 ordenada por la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se obstaculizó la justicia, se silenció la exigencia de verdad y justicia. Las acusaciones contra el Padre Marcelo para atacar, intimidar y silenciar su trabajo como defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, forman parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras en Chiapas. A pesar de contar con medidas cautelares el Estado mexicano no garantizó su seguridad. Una vez más el caso de una persona defensora se trata como un simple homicidio, negando el trabajo por la paz y reconciliación entre los pueblos al que dedicó su vida el Padre Marcelo.
La violencia generalizada en Chiapas no deja avanzar la paz. En las últimas semanas se ha reactivado la violencia en la Región Frontera y Sierra, así como en los Altos de Chiapas. En medio de los discursos de paz, grupos armados que operan en las diversas regiones de Chiapas, que no fueron identificados, investigados, judicializados ni desarticulados continúan amenazando a los pueblos y comunidades.
En medio de una violencia generalizada en el estado de Chiapas, donde no se reconoce el trabajo de las personas defensoras, por el contrario, se les asesina, difama, criminaliza y agrede, hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para visibilizar a quienes caminamos junto a los pueblos, exigiendo al Estado mexicano cumpla su responsabilidad de proteger y garantizar la vida, seguridad e integridad de quienes defienden derechos humanos.
Exigimos al Estado mexicano que se investigue sin atajos ni pactos de impunidad. Porque cuando se ejecuta a quien lucha por la vida, no basta con condenar: hay que nombrar, esclarecer y transformar. Que haya una investigación exhaustiva, identificando a los responsables, sancionando adecuadamente y garantizando que estos hechos no se repitan, que la acción sea un impulso con voluntad institucional para saber la verdad y lograr justicia.
