* Los derechos humanos de las mujeres trastocados por políticas públicas.
* Más violencia y más pobreza incrementan la brecha de desigualdad.
/Elda Montiel/
SemMéxico, Cd. de México, 7 noviembre 2019.- El Frente Feminista Nacional demandó al Estado mexicano evitar retrocesos a los logros alcanzados por las mujeres a través de estrategias de acción, entre las que se encuentran destinar recursos económicos a organizaciones civiles que trabajan a favor de las mujeres; la aplicación eficaz de las alertas de violencia de género contra las mujeres, así como el derecho al aborto legal y seguro en todo el país.
En un pronunciamiento, señalan que ante el poco alentador panorama que guardan los derechos de las mujeres en todas las entidades y municipios del país, como es el incremento de la violencia de género contra las mujeres en todas sus formas y ámbitos; el desempleo creciente y las brechas de desigualdad en el mercado laboral; la persistencia de las condiciones de pobreza que se agudizan en las mujeres; así como la falta de acceso a la justicia, entre otras.
Consideraron que lejos de mejorar la situación de las mujeres pobres, las políticas públicas han impactado de manera negativa su salud, los diagnósticos de cáncer mamario y cérvico uterino, ovario poli quístico y otros relacionados con el uso de agro tóxicos, en la producción de alimentos.
Precisaron que el Consejo de Desarrollo Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) desapareció el mecanismo integrado por mujeres, el cual era idóneo para realizar propuestas a fin de que las políticas ambientales tuvieran perspectiva de género.
Más de 200 organizaciones feministas y de derechos humanos y mujeres activistas reunidas el 5 y 6 de octubre en Morelia, Michoacán, analizaron con preocupación que los programas y presupuestos destinados a la atención de los problemas y necesidades de las mujeres se han reducido o están desapareciendo, por lo que elaboraron un listado de 11 puntos a atender por parte de los gobiernos federal, estatal y local.
En primer lugar, pidieron al Estado Mexicano, el cabal cumplimiento de todos los tratados y acuerdos internacionales suscritos por México, para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas.
A la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicitan revisar el Anexo 13, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, a fin de que no se “infle” con recursos que no están orientados al logro de la igualdad entre mujeres y hombres, y que se cumpla con lo establecido en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que estipulan la obligación del Estado de destinar recursos a programas y acciones orientadas a disminuir las desigualdades de género.
A la “Legislatura de la Paridad” piden cumplir con la Constitución y La Ley de Fomento a la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para garantizar la participación de la sociedad organizada, con recursos públicos concursables, que permitan continuar con el trabajo de años en diversos temas y en el impulso de leyes, políticas públicas e instancias para mejorar la vida de las mujeres, con una visión de derechos.
A los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal solicitan el cumplimiento de las acciones previstas en las alertas por violencia de género declaradas en las entidades y municipios del país, ya que han sido omisos en su obligación de proteger la vida y la seguridad de las mujeres y niñas.
Así como impulsar políticas y acciones que garanticen el cumplimiento de leyes, como: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General para| Igualdad Entre Mujeres y Hombres y Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por mencionar las más relevantes y las leyes respectivas de cada una de las entidades del país.
A todas las instancias que integran el Poder Judicial en México demandan que apliquen el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2016, para Juzgar con Perspectiva de Género, y con ello hacer efectivo el acceso de las mujeres a la justicia, la igualdad y la no discriminación.
Exigen al gobierno federal y al Congreso de la Unión se garantice el derecho de las mujeres al aborto legal, seguro y gratuito, y se manifestaron por el derecho al matrimonio civil igualitario y la garantía de todos los derechos humanos de las comunidades LGBTTIQ-MAS.
También exigieron el respeto al Estado laico como lo establece la Constitución por lo que rechazan la “cartilla moral” y reivindicar el derecho a la protesta de las feministas sin que se les criminalice por medio de las autoridades y los medios de comunicación.
Rechazaron enérgicamente todas las manifestaciones agresivas perpetradas por organizaciones y jerarcas religiosos en contra de los feminismos; así como sus discursos de odio que promueven en distintas entidades del país y el alto a la persecución y asesinato de las y los defensores de Derechos Humanos en todo el país.
El pronunciamiento lo suscribieron las organizaciones y las mujeres feministas y activistas de derechos humanos entre las que se encuentran de Nuevo León: Pro Salud Sexual y Reproductiva A.C. y Alianza Feminista de Nuevo León.
De Jalisco, Campus pensadoras urbanas 2; Centro de Apoyo para el Movimiento Popular de Occidente, A.C. CAMPO; Colectivo Mujeres Tlamanacalli por la Democracia, la Tierra y la Cultura; y Blanca Lirio Muro Gamboa, Lucia Gutiérrez González, y Belinda Aceves.
Centro de Apoyo a las Trabajadoras Domésticas, de Morelos; Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, de Tlaxcala; el Centro de Capacitación y Desarrollo Comunitario de Aguascalientes y organizaciones provenientes de Chihuahua, Yucatán, Zacatecas, Querétaro y Ciudad de México, entre otros.
