*Hay que señalar que México firmó y ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), por lo que se comprometió a dar acceso total a esta delegación para llevar a cabo este tipo de visitas.
/ Escrito por Lizbeth Ortiz Acevedo /
04.02.2026 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.-Integrantes del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estuvieron en México del 25 al 30 de enero de 2026 para evaluar al país en materia de derechos humanos y la erradicación contra la tortura así como examinar las medidas adoptadas tras la evaluación realizada en su visita anterior en el 2016 y aunque esta delegación ya concluyó, defensoras de derechos humanos han exigido al Estado mexicano hacer público el informe de resultados de esta visita.
Es de resaltar que este informe 2026 es de carácter confidencial, a menos que el Gobierno mexicano decida hacerlo público, como ocurrió con los informes posteriores en las visitas de esta misma delegación en 2008 y 2016. Este contendrá las observaciones y recomendaciones.
El Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordó que tras la visita de este Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) en el 2016, el informe de resultados fue publicado dos años después porque la sociedad civil organizada lo solicitaron por transparencia ante la negativa del Estado a hacerlo público.
Pero hoy, en este 2026, el Centro Pro, detalló que esta visita se da en el marco de:
«Incremento significativo de las personas privadas de la libertad en el país, la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la inadecuada operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) y el debilitamiento institucional de la CNDH, la reciente publicación de la Ley General en materia de Extorsión –con la que se podrían validar pruebas obtenidas mediante tortura– y la inminente regulación de la figura de “jueces sin rostro” en el próximo periodo legislativo».
Hay que señalar que México firmó y ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), por lo que se comprometió a dar acceso total a esta delegación para llevar a cabo este tipo de visitas.
Por su parte, Cimacnoticias, realizó la investigación Prisión feminicida mexicana, en donde se reveló que el Centro Federal de Readaptación Social femenil número 16 en el estado de Morelos, único centro penitenciario federal para mujeres en el país y considerado uno de los más grandes en América Latina, se ha convertido en uno de los capítulos más violentos en la historia de México contra las mujeres
A finales del 2023 la prensa nacional informó que en el Cefereso 16 se suscitó una oleada de presuntos suicidios entre las mujeres internas. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron a conocer en noviembre de ese año un total de ocho casos, una cifra que se ha duplicado a lo largo de los años y deja en vilo cuál es la cantidad precisa de internas quienes han muerto violentamente al interior del Centro, pues ex-internas aducen torturas sistemáticas.
Sobre este tema, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debía investigar esos suicidios de mujeres ocurridos bajo el protocolo de feminicidios.
“Todas las muertes ocurridas dentro de Centros Federales consideradas como violentas, deben ser investigadas por la Fiscalía General de la República, debiéndose deslindar todas las responsabilidades por acción u omisión de las autoridades correspondientes, y tratándose de muertes de mujeres, deben investigarse como feminicidios”, señaló.
En esta investigación, Cimacnoticias informó sobre encierros prolongados de las internas en el momento de su ingreso, aislamiento, impedimento para que las internas contacten a sus equipos legales, restricción, castigos corporales, distribución de comida podrida, medicalización generada a través de distribución de sustancias controladas y traslados ilegales de mujeres de otros centros de reclusión para mantener este sitio poblado.
Por su parte el Observatorio Contra la Tortura, en su informe 2023, detalló la crisis de derechos humanos que atraviesa a nuestro país. Durante 2023, se iniciaron 4 mil 592 investigaciones por el delito de tortura y tratos inhumanos o degradantes en México, sin embargo, menos del 1% fueron judicializadas, es decir, no avanzaron lo suficiente para llegar ante una persona juzgadora.
Del universo total de 4 mil 592, sólo 18 casos fueron judicializados y en 10 casos se logró dar con 3 responsables: 7 policías municipales, 2 sistemas penitenciarios y 1 caso en la secretaría de seguridad pública estatal.
De acuerdo con los datos segregados de su informe, las mujeres representan el 14% de los casos, aunque en realidad, como ya se advertía, puede ser mucho mayor porque una buena parte de la población decide no denunciar. Además se detalló que las entidades que acumulan las mayores violatorias en contra de mujeres fue: Michoacán de Ocampo con 193 casos registrados, seguido por el estado de México con 167, la Ciudad de México con 123 y finalmente, Puebla con 49.
Asimismo, ese 14% de los casos corresponden a 865 víctimas mujeres y de ellas, sólo 3 casos lograron judicializarse: una en estado de México, otra en Jalisco y la última en Oaxaca.
El Observatorio contra la Tortura, encontró que el 82.5% de las víctimas en nuestro país no recibe un peritaje médico basado en el Protocolo de Estambul. Los pocos exámenes que sí se realizan, los hace la Fiscalía (95.6%) y al momento de lanzar sus resultados, el 91.8% descartan la tortura por ser «no coincidente».
Cabe señalar que durante la conferencia de prensa, integrantes del Observatorio Contra la Tortura durante el 2024, afirmaron que al hablar de tortura, siempre existe la participación de las autoridades. Asimismo, recordó que las fuerzas armadas no están capacitadas para atender asuntos de carácter público y que, si bien existen serias deficiencias estructurales, era responsabilidad del estado robustecer a sus autoridades civiles sin necesidad de meter a la fuerza castrense.
La visita
La delegación del el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) estuvo compuesta por: Carmen Comas-Mata, jefa de la delegación (España), Marco Feoli Villalobos (Costa Rica), Maria Luisa Romero (Panamá) y Martin Zinkler (Alemania), con el apoyo de dos miembros de la Secretaría.
Las y los expertos de la ONU, detallaron que prestarían especial atención a la implementación de las recomendaciones formuladas por el Subcomité tras su visita de 2016, así como a los avances y desafíos que han surgido desde entonces.
«Estamos aquí para examinar la implementación y el impacto de nuestras anteriores recomendaciones, para ver qué funciona en la práctica y qué aspectos aún necesitan mejorarse», declaró Carmen Comas-Mata, jefa de la delegación del SPT.
Cabe señalar que México ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) en 2005 y estableció su Mecanismo Nacional de Prevención en 2007, que se encuentra dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos del país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Subcomité ya visitó México en 2008 y 2016. Al igual que en misiones anteriores, la delegación del Subcomité informó sostendría una visita en lugares donde las personas están privadas de libertad y mantendrían entrevistas confidenciales con detenidos y el personal que trabaja en dichas instalaciones.
La delegación también se reunirá con las autoridades mexicanas, el organismo nacional de supervisión conocido como Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) y otras partes interesadas para evaluar los avances logrados por las autoridades en la prevención de la tortura mediante medidas legislativas, políticas, administrativas y de otro tipo. Cuando sea pertinente, la delegación también realizará visitas conjuntas con el MNP.
“Consideramos esta visita una oportunidad para seguir trabajando de forma constructiva con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros actores implicados en la prevención de la tortura”, declaró Comas-Mata.
“Un sistema nacional integral para la prevención de la tortura requiere un Mecanismo Nacional de Prevención independiente, imparcial y con los recursos necesarios para realizar visitas periódicas a todos los lugares de privación de libertad y para operar en estrecha cooperación con las instituciones correspondientes y la sociedad civil”, añadió.
De acuerdo con el Centro Pro, en último informe del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) a México, «se constató el carácter generalizado de la tortura en el país», esto tras acudir a 32 lugares de privación de la libertad en Baja California, Coahuila, Guerrero – donde se les negó la entrada a instalaciones militares-, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León y Veracruz, y realizó recomendaciones al Estado, entre las que destacan por continuar siendo un pendiente:
- La publicación del informe de la visita a fin de contribuir a la prevención de la tortura y la difusión de las recomendaciones.
- Garantizar la calidad de la defensa pública otorgada a las personas privadas de la libertad, así como que estas puedan ejercer su derecho a la defensa desde el primer momento de su detención.
- A fin de que las alegaciones de tortura y malos tratos no queden en la impunidad, garantizar que estas sean objeto de una investigación de oficio, pronta, exhaustiva e imparcial por órganos independientes.
- Que las declaraciones realizadas como resultado de la tortura no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de la persona acusada de tortura.
- Establecer un registro unificado a nivel nacional de detenciones, incluyendo a personas migrantes y personas privadas de la libertad.
- Que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) lleve a cabo más visitas periódicas no anunciadas.
- Que las personas privadas de la libertad puedan denunciar cualquier acto de totura ante el MNPT de manera confidencial y sin temor a sufrir represalias.
- Mejorar las condiciones estructurales, de personal y de servicios de los lugares de privación de la libertad, notando la falta de gobernabilidad, sobrepoblación penitenciaria y condiciones deficientes en estos espacios.
- Evaluar las condiciones en las que las mujeres son sometidas a violencias institucionales en detención.
- Garantizar que las autoridades con facultades para privar a personas de su libertad implementen estándares de uso racional y proporcionado de la fuerza, así como la implementación de mecanismos de supervisión para prevenir, detectar y sancionar la tortura en contra de personas detenidas.
