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15.01.2025 Ciudad de México.- A cuatro años del encarcelamiento de Kenia Hernández Montalván, mujer afroindígena y defensora de derechos humanos, su caso sigue sin mostrar avances significativos, por ello, el Comité de Apoyo a la Libertad de Kenia, ha dirigido una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo su liberación y recordándole su compromiso de visibilizar la lucha de las mujeres indígenas.
El caso de Kenia no es aislado, este sistema de agresión contra defensoras ha sido documentado. Entre 2012 y 2023, el informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan creado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM-Defensoras, documentó 35 mil 77 actos de violencia en contra de 8 mil 926 mujeres defensoras y también, en contra de 953 organizaciones y colectivas que luchan por la defensa de los derechos humanos.
Según documenta la organización, los números se han disparado de 2019 a 2020, cuando se tenía registro de 2 mil 397 agresiones contra defensoras y para finales del 2020, el número alcanzó las 4 mil 745 agresiones en la región mesoamericana.
Al indagar en el documento sobre el pico de agresiones, se apunta a que esta cifra que roza casi el doble a causa de la pandemia, pues muchas de estas mujeres continuaron sus luchas, defensas y búsquedas aún ante la crisis sanitaria, siendo agredidas y reprimidas por el Estado, especialmente, las autoridades locales o municipales de sus comunidades.
Las principales causas que estas defensoras y colectivas desempeñan en nuestra región son: Derecho a la justicia. Defensa de la tierra y el territorio; Derecho a la libertad de la expresión; Derecho a una vida libre de violencia ; Derecho a la participación comunitaria ; Derechos de las mujeres; Derechos de las personas privadas de su libertad; Derechos sexuales; Defensa de los pueblos indígenas.
La carta
El Comité de Apoyo a la Libertad de Kenia, junto con diversas organizaciones de México, ha exigido al Estado Mexicano, a través de una carta, la pronta liberación de Kenia Hernández, quien actualmente, enfrenta una condena de 21 años por presuntos delitos de violencia y ataques a las vías de comunicación.
El informe detalla que autoridades como Caminos y Puentes Federales (Capufe) han adoptado una actitud de constante negativa al diálogo, cerrando las puertas a cualquier posibilidad de establecer acuerdos o revisar el caso de manera justa. Esta postura no solo refuerza la falta de apoyo en su situación legal, sino que también perpetúa la violación de sus derechos.
“Sabemos de su inocencia, creemos en la defensa de sus ideales de no declararse culpable de un delito que no cometió; por el contrario, consideramos que en este tiempo, el tiempo de las mujeres, Kenia se convierte en una figura referencial de la mujer indígena” (Comité de Apoyo a la Libertad de Kenia).
A través del comunicado, se ha exigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que actúe con congruencia, dado que declaró el 2025 como el Año de las Mujeres Indígenas, con el objetivo de destacar la lucha de las mujeres indígenas por la emancipación y los derechos de sus pueblos. No obstante, esta intención no se ha visto reflejada en los primeros 100 días de su gobierno, donde las acciones concretas para respaldar dicha causa han sido prácticamente inexistentes.
Además, el comunicado recuerda las promesas incumplidas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró durante su gobierno que haría todo lo posible para lograr la liberación de Kenia Hernández, un compromiso que nunca se materializó. Ante esta falta de acción, se cuestiona al Estado mexicano cuánto tiempo más las organizaciones y colectivos tendrán que seguir exigiendo el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia para Kenia.
Caso Kenia Hernández
Kenia Inés Hernández Montalván, es originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres en los pueblos indígenas. Fue dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, además de ser beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Desde febrero de 2019, Kenia y los miembros de su colectivo comenzaron a ser objeto de amenazas y hostigamiento judicial. En junio de 2020, durante una manifestación por la liberación de los presos del Movimiento por la Libertad de Presos Políticos, ella y tres activistas fueron detenidos sin orden de aprehensión en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en el estado de México. Posteriormente, Kenia estuvo cinco días en prisión preventiva en Chiconautla, una cárcel en Ecatepec, antes de ser liberada.
Cuatro meses después, el 18 de octubre de 2020, Kenia fue detenida en la caseta de Amozoc, Puebla, por alrededor de 22 elementos de la policía, quienes no le informaron el motivo de su aprehensión ni presentaron una orden judicial. Solo al día siguiente se comunicó a sus familiares que se encontraba en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Se le acusó de ataques a las vías de comunicación contra CAPUFE.
Actualmente, Kenia Hernández se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil (CEFERESO) No. 16, en Coatlán del Río, Morelos, donde enfrenta una condena de 21 años y 9 meses de prisión, resultado de dos sentencias que incluyen cargos fabricados de robo con violencia y el uso de arma. En total, enfrenta nueve cargos en su contra en los estados de Guerrero, Estado de México, Morelos y Guanajuato, según la última investigación notificada el 18 de marzo de 2022.
Mujeres indígenas defensoras privadas de libertad
Como hemos mencionado, el caso de Kenia no es un hecho aislado en la sociedad mexicana, ya que persisten los casos de prisión injustificada de mujeres en el país. Un ejemplo de ello es el de Xóchitl Ramírez Velasco, mujer indígena Binnizá, zapoteca de 44 años, defensora de los derechos humanos de las mujeres. Fue detenida el 3 de mayo de 2023 por la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos, acusada de un supuesto secuestro ocurrido en 2019.
En abril de 2024, durante una marcha para exigir la liberación de presas políticas, Cimacnoticias reportó las declaraciones de David Alberto Ramírez, hermano de Xóchitl, quien denunció que a su hermana la detuvieron arbitrariamente en la vía pública, sin explicarle el motivo ni presentar una orden de aprehensión. Además, estuvo desaparecida durante 8 horas y fue obligada a firmar documentos en blanco.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), que le brinda respaldo jurídico, señaló que en su primera audiencia Xóchitl recibió una defensa pública deficiente. Esta no denunció la ilegalidad de su detención, no consideró su testimonio ni recabó las pruebas que demostraban que ella estaba en un lugar distinto al momento de los hechos que se le imputan.
Las acusaciones en su contra carecen de pruebas sólidas que la vinculen con el delito. De acuerdo con su equipo jurídico del IMDHD, se han presentado pruebas suficientes que evidencian que Xóchitl estaba en otro lugar cuando ocurrieron los hechos, lo que refuerza la afirmación de su inocencia.
La CEDAW, en su Recomendación General No. 35/34, sostiene que la privación arbitraria de la libertad es una forma de violencia contra las mujeres, que puede tener efectos negativos y agravantes sobre la violencia que enfrentan. Además, reconoce que las mujeres privadas de libertad experimentan esta violencia de manera particular, debido a las condiciones del encarcelamiento. Este llamado subraya la importancia de seguir luchando por casos como el de Kenia y Xóchitl, quienes han sido silenciadas por un gobierno que teme sus voces
