*Colectivo Nacional del Alerta Temprana para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos realizó una manifestación pacífica y exigió se investigue la persecución de opositores a megaproyectos en la Sierra Negra.
Kara Castillo
SemMéxico. Puebla. 30 de mayo de 2019.- Con una protesta pacífica ciudadanos e integrantes del Colectivo Nacional del Alerta Temprana para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) la atracción del caso de María del Sol Cruz Jarquín, fotoperiodista y directora de comunicación social intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), asesinada hace casi un año en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec.
Sol Cruz fue ejecutada el 2 de junio de 2018 junto con la candidata a segunda concejal por Juchitán de Zaragoza, Pamela Terán, aspirante a síndico por el Partido Revolucionario Institución (PRI), y el chofer Adelfo Guerra de la regidora con licencia.
El asesinato de María del Sol Cruz Jarquín ha destacado porque evidencia una prueba de impunidad en México y del ejercicio corrupto del uso de recursos públicos con fines políticos, al ser enviada por su jefe, el entonces titular de la SAI, Francisco Montero López a Juchitán para apoyar la campaña política de su hermano, el candidato del PRI-PVEM-PNA a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza Hegeo Montero López, con su trabajo como fotógrafa, videasta y hasta de diseño de propaganda.
Organizaciones civiles en el país han emprendido la campaña para exigir justicia por María del Sol, luego de ser asesinada, la joven fotoreportera fue víctima de otros abusos.
Cuando ocurrió el crimen, los cuerpos de Pamela Terán y el chofer, fueron resguardados por simpatizantes políticos, mientras que el cuerpo de María del Sol fue abandonado en la calle.
Su madre, la periodista Soledad Jarquín denunció que, tras la ejecución, empleados del SAI entró al hotel donde se hospedaba la fotoperiodista para robar las cámaras de fotografía y video, su computadora personal, donde se encontraba el registro de los trabajos realizados para la campaña política del hermano de su jefe.
Pese a que el Tribunal Estatal Electoral y la Sala Superior Xalapa reconocieron el uso de recursos públicos con fines políticos en este caso, al responsable de esta orden no se le ha dictado ninguna responsabilidad,
Comunicadores junto con Claudia Martínez Sánchez directora del Colectivo exigieron a la Fiscalía General del Estado que la impunidad del caso termine.
También expusieron la grave situación que se vive en el estado de Puebla y exigieron investigar el caso del desplazamiento forzoso del comunicador comunitario Salvador Sánchez Bolaños y el de su familia luego que un grupo de hombres armados trataron de entrar a su domicilio para atacarlo.
Demandaron la apertura de carpetas de investigación por la persecución de defensores de la tierra en la Sierra Negra en un contexto de resistencia al proyecto hidroeléctrico Coyolapa Atzala, en el que se ha denunciado además la desaparición de Sergio Rivera Hernández, sin que hasta el momento se tenga noticia de él.
La directora del Colectivo Nacional llamó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que vigile de manera cercana a las autoridades estatales, al Consejo de Protección de Periodistas en Puebla y al Mecanismo de Protección de Periodistas para que se cumplan protocolos y no se ponga aún más en riesgo a los comunicadores y defensores.
