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/ Darío Pale /
08.09.2026 Xalapa, Ver.- El Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz mantiene pendientes diversos casos laborales, principalmente relacionados con el pago de laudos, nombramientos definitivos, antigüedad, prestaciones y seguridad social para trabajadores de distintas dependencias estatales, informó su secretario general, Acdmer Antonio Galicia Campos.
Explicó que, mediante juicios laborales y amparos promovidos por la organización sindical, 33 trabajadores de la CIOB obtuvieron resoluciones favorables para recibir su nombramiento definitivo como trabajadores de base; sin embargo, aún está pendiente el cumplimiento de los pagos derivados de los laudos.
Detalló que originalmente el sindicato promovió un amparo para 144 trabajadores, con el objetivo de que se les aplicara la clave sindical. No obstante, la cifra se redujo debido a que algunos trabajadores fallecieron, otros obtuvieron su base durante el proceso y algunos más dejaron de pertenecer a la organización.
Actualmente, dijo, son 90 trabajadores los que permanecen dentro del procedimiento, de los cuales 57 tienen pendientes distintos trámites laborales, principalmente en dependencias como la Contraloría General del Estado, SEDARPA, la Secretaría de Finanzas, Protección Civil, Turismo y Comunicación Social, además de trabajadores de la propia SIOP.
Galicia Campos señaló que, de acuerdo con las reuniones sostenidas con la Secretaría de Finanzas, el primer paso será regularizar la situación laboral de los trabajadores mediante el otorgamiento de nombramientos definitivos, para posteriormente aplicarles la clave sindical y garantizarles el acceso a las prestaciones correspondientes.
Indicó que algunos trabajadores no demandaron el reconocimiento de su antigüedad ni de determinadas prestaciones, por lo que en esos casos únicamente se deberá cumplir con el otorgamiento del nombramiento definitivo, su incorporación a los programas de seguridad social y la aplicación de la clave sindical.
En otros casos, explicó, los trabajadores llevan procesos jurídicos en los que reclamaron antigüedad, seguridad social y prestaciones económicas. Cuando los tribunales ya emitieron resoluciones favorables, las autoridades están obligadas a cumplirlas.
Como ejemplo, mencionó el caso de un trabajador de la Contraloría General del Estado, adulto mayor, con más de 30 años de servicio, quien incluso ha solicitado públicamente a la gobernadora que se cumpla la sentencia que le reconoce sus derechos laborales.
“Ya estamos en la etapa de ejecución”, afirmó el dirigente sindical, al señalar que algunos de estos procedimientos comenzaron hace aproximadamente seis años, debido a lo prolongado que pueden resultar los juicios laborales.
Consideró que debería existir un procedimiento más ágil, particularmente porque la propia Secretaría de Finanzas establece requisitos jurídicos para trasladar una plaza de empleado temporal administrativo a un nombramiento definitivo o de base.
Lamentó que durante los años que han durado estos procedimientos cinco trabajadores fallecieron, por lo que ahora el sindicato también exige que se cumpla con el pago del seguro institucional correspondiente a sus viudas.
El dirigente explicó que las cantidades económicas reclamadas varían dependiendo de cada caso. Algunos trabajadores podrían recibir entre 400 mil, 500 mil, 800 mil y hasta un millón de pesos, de acuerdo con las prestaciones y derechos reconocidos en las resoluciones judiciales.
Puso nuevamente como ejemplo al trabajador de la Contraloría con más de tres décadas de servicio, quien, aseguró, durante todo ese tiempo no recibió determinadas prestaciones establecidas en las condiciones generales de trabajo y tampoco contó con seguridad social en los términos reclamados.
“Lo que debería tener es una jubilación justa”, señaló Galicia Campos.
Respecto a la posibilidad de realizar movilizaciones para exigir el cumplimiento de las resoluciones, afirmó que la lucha sindical se mantiene de manera permanente, aunque actualmente la organización atraviesa por el proceso de renovación de su Comité Ejecutivo Estatal.
Precisó que la mayoría de los trabajadores otorgó nuevamente su confianza al actual comité para continuar con la representación sindical y aseguró que mantendrán la misma línea de trabajo con la que fue creado el sindicato.
Recordó que una de las principales causas que dieron origen a la organización fue la defensa de trabajadores que durante años no tenían acceso a recategorizaciones ni a una representación sindical, particularmente los empleados temporales administrativos, quienes eran considerados trabajadores de confianza o simplemente como personal temporal.
Aseguró que, mediante estudios jurídicos y los procedimientos promovidos por el sindicato, se ha demostrado que estos empleados tienen derechos reconocidos por la legislación estatal.
“Con los laudos hemos demostrado que no solamente son trabajadores de base, sino que deben tener su nombramiento definitivo, su antigüedad y su integración a la seguridad social”, sostuvo.
Finalmente, informó que el sindicato cuenta con aproximadamente 700 agremiados. De ellos, alrededor de 400 ya cuentan con toma de nota, mientras que otros 300 se encuentran en proceso de reconocimiento formal ante las autoridades laborales.
Galicia Campos criticó que la obtención de una toma de nota pueda prolongarse durante años, pese a que, desde su perspectiva, debería resolverse en pocos días.
“Tenemos la experiencia de hasta dos años para una toma de nota, cuando algo debería resolverse en tres días”, concluyó.