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10.07.2026.- La posibilidad de que fuerzas militares estadounidenses participen directamente en operaciones contra los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano volvió a colocarse en el centro del debate bilateral, luego de que Derek S. Maltz, exdirector interino y alto funcionario de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), propusiera al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum permitir una mayor intervención de Washington en el combate al crimen organizado.
“México, ha llegado el momento de unirse a la Coalición Contra los Cárteles junto con tantos países de América Latina”, refirió en entrevista.
Las declaraciones fueron realizadas en el contexto del endurecimiento de la estrategia de seguridad impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que desde el inicio de su mandato ha considerado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y ha incrementado la presión sobre México para ampliar la cooperación en materia de seguridad.
Maltz sostuvo que la amenaza que representan los grupos criminales trasciende las fronteras mexicanas y constituye un problema de seguridad nacional para Estados Unidos debido al tráfico de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas sintéticas que cada año provocan decenas de miles de muertes por sobredosis en territorio estadounidense.
El exfuncionario afirmó que, si el gobierno mexicano autorizara una colaboración más amplia, las capacidades militares y de inteligencia de Estados Unidos podrían emplearse para desmantelar la infraestructura de los cárteles. En su planteamiento señaló que la cooperación no debería limitarse al intercambio de información, sino incluir la participación de fuerzas especializadas estadounidenses en acciones contra las organizaciones criminales.
Durante sus declaraciones, Maltz insistió en que los cárteles cuentan con redes de protección dentro de instituciones públicas y sostuvo que combatir únicamente a los operadores criminales resulta insuficiente si no se persigue también a los funcionarios presuntamente vinculados con estas organizaciones. En ese sentido, reiteró que Washington debe mantener la presión para identificar y procesar a quienes colaboren con los grupos delictivos.
Sus afirmaciones se producen en un momento de especial tensión diplomática entre ambos países. En los últimos meses, la relación bilateral se ha visto marcada por diferencias derivadas de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, las investigaciones sobre la posible participación de agencias estadounidenses en esa operación y los cuestionamientos del gobierno mexicano respecto a presuntas violaciones a la soberanía nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones que México mantiene una disposición permanente para cooperar con Estados Unidos en el combate al crimen organizado, pero ha subrayado que dicha colaboración debe desarrollarse bajo los principios de respeto mutuo, coordinación institucional y pleno reconocimiento de la soberanía nacional.
Desde el inicio de su administración, Sheinbaum ha sostenido que no permitirá operaciones unilaterales de agencias extranjeras en territorio mexicano y ha enfatizado que cualquier acción conjunta debe sujetarse al marco jurídico vigente y a los mecanismos de cooperación acordados entre ambos gobiernos. Esa postura cobró mayor fuerza después de que autoridades mexicanas solicitaran esclarecer el papel que habrían desempeñado dependencias estadounidenses en la captura de “El Mayo” Zambada.
La propuesta de Maltz también se inserta en un cambio de enfoque de la política estadounidense hacia los cárteles mexicanos. En Washington ha crecido la discusión sobre utilizar herramientas tradicionalmente reservadas para el combate al terrorismo, incluyendo capacidades militares, inteligencia estratégica y sanciones financieras más severas, bajo el argumento de que estas organizaciones representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos.
Analistas en ambos países han advertido que una eventual participación militar estadounidense dentro de México implicaría un profundo debate jurídico, político y diplomático. La Constitución mexicana establece que corresponde exclusivamente al Estado mexicano preservar la seguridad interior y ejercer el uso legítimo de la fuerza dentro del territorio nacional, por lo que cualquier intervención de tropas extranjeras requeriría acuerdos de carácter extraordinario y enfrentaría una fuerte oposición política.
En los últimos años, México y Estados Unidos han mantenido una amplia cooperación mediante el intercambio de inteligencia, operaciones coordinadas contra el tráfico de drogas, extradiciones de objetivos prioritarios y acciones financieras contra organizaciones criminales. Sin embargo, los gobiernos mexicanos han rechazado históricamente la posibilidad de que fuerzas armadas extranjeras realicen operaciones militares en territorio nacional.
Las declaraciones de Derek Maltz reavivan así uno de los temas más sensibles de la relación bilateral: hasta dónde puede llegar la cooperación entre ambos países para enfrentar al crimen organizado sin vulnerar la soberanía de México, un principio que la administración de Claudia Sheinbaum ha reiterado como una línea que no está dispuesta a cruzar.