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23.07.2026 Xalapa, Ver.- Después de más de tres años de procesos penales, detenciones y una cadena de recursos promovidos ante tribunales federales, la exjueza veracruzana Angélica Sánchez Hernández quedó legalmente libre de todas las acusaciones que fueron presentadas en su contra desde 2023, durante la administración del entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
La resolución definitiva fue ejecutada el miércoles durante una audiencia judicial, en la que un juez local dio cumplimiento a las determinaciones emitidas por la justicia federal, dejando sin efectos las imputaciones que durante ese periodo sostuvieron tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz como, en uno de los casos, la Fiscalía General de la República (FGR).
Con ello concluye uno de los casos que mayor controversia generó en el sistema de justicia veracruzano, debido a las denuncias de presunta persecución política y fabricación de delitos realizadas por la propia exjuzgadora, así como por organismos defensores de derechos humanos, legisladores y juristas que siguieron el expediente.
El origen del caso se remonta a junio de 2023, cuando Sánchez Hernández fue detenida por primera vez por agentes de la Fiscalía estatal. En esa ocasión se le imputaron delitos contra la salud, por presunta posesión simple de narcóticos, así como delitos contra las instituciones de seguridad pública, una figura jurídica que sustituyó al polémico delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz.
Durante esa detención, la entonces jueza difundió públicamente diversos videos y testimonios en los que aseguró que los elementos ministeriales estaban sembrando pruebas para incriminarla. Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales y colocaron el caso bajo el escrutinio nacional. Posteriormente, las autoridades no lograron sostener las imputaciones y la propia Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal respecto de esos delitos presuntamente fabricados.
De manera paralela, la Fiscalía General de la República inició una investigación por la supuesta portación de un arma de fuego y de haber accionado un arma contra elementos policiacos. Sin embargo, esa causa también fue archivada después de que las autoridades concluyeran que no existían elementos suficientes para ejercer acción penal. La defensa sostuvo desde el inicio que incluso se pretendió generar evidencia mediante maniobras realizadas durante la detención como hacerla disparar una pistola para que en sus manos quedara evidencia de que le disparó a los policías.
Días después, el 17 de junio de 2023, Sánchez Hernández volvió a ser detenida, esta vez en la Ciudad de México, por una nueva carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía de Veracruz en el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. En esa ocasión fue acusada de tráfico de influencias y delitos contra la fe pública.
Todas las acusaciones emanaban de una resolución emitida cuando se desempeñaba como jueza de control, en un asunto vinculado con Ithiel “N”, conocido como “Compa Playa”, señalado por la Fiscalía como presunto responsable del homicidio del exdiputado local Juan Carlos Molina Palacios. Las autoridades sostuvieron que la juzgadora había favorecido indebidamente al imputado mediante sus resoluciones judiciales.
Desde el inicio del proceso, Sánchez Hernández sostuvo que las investigaciones fueron una represalia por decisiones jurisdiccionales adoptadas durante su desempeño como jueza, particularmente aquellas relacionadas con personas procesadas por delitos de alto impacto.
Las fiscalías involucradas defendieron en su momento la legalidad de las investigaciones, aunque las distintas resoluciones emitidas por jueces y tribunales federales fueron dejando sin sustento cada una de las acusaciones.
La defensa recurrió al juicio de amparo y obtuvo una primera resolución favorable de un juez federal. Como consecuencia, un juez de control en Pacho Viejo resolvió no vincularla a proceso por el delito de tráfico de influencias, aunque mantuvo la imputación relacionada con la fe pública.
Ese segundo señalamiento también fue impugnado. Una jueza federal concedió posteriormente un amparo liso y llano al determinar que tampoco existían elementos jurídicos suficientes para sostener la acusación. La Fiscalía estatal promovió un recurso de revisión con el propósito de revertir esa decisión; sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación confirmó la protección constitucional otorgada a la exjueza, dejando firme la resolución.
A pesar de esos fallos, en marzo de 2025 se abrió una nueva causa penal por el delito de falsedad de declaraciones, derivada de cuestionamientos sobre la presencia de un actuario federal durante una diligencia relacionada con el mismo caso. En aquel momento, Sánchez Hernández calificó el procedimiento como una “simulación judicial” y denunció que continuaba siendo objeto de persecución institucional.
Finalmente, con la audiencia celebrada este miércoles, el juez local ejecutó el auto de no vinculación a proceso ordenado por la justicia federal, lo que puso fin a todas las causas penales abiertas en su contra y la dejó formalmente exonerada.
El caso de Angélica Sánchez trascendió el ámbito judicial y tuvo repercusiones en la vida política del estado. Tras su salida del Poder Judicial, participó en el proceso electoral federal como candidata de Movimiento Ciudadano al Senado de la República.