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14.10.2026.- El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, quedó fuera del proceso penal relacionado con el incendio que cobró la vida de 40 personas migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo de 2023.
La decisión judicial, que extingue la acción penal en su contra por ejercicio ilícito del servicio público, provocó el rechazo de sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes anunciaron que buscarán revertirla por la vía legal.
La resolución fue emitida el martes 13 de octubre por el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, luego de una audiencia de más de siete horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez. El juzgador determinó que el exfuncionario cumplió las condiciones que le fueron impuestas para obtener la suspensión condicional de su proceso, por lo que decretó el sobreseimiento de la causa penal 237/2023.
El fallo se sustenta en el cumplimiento de medidas que incluían indemnizaciones económicas, una disculpa pública y capacitación en derechos humanos y protección civil. Sin embargo, la determinación no significa que las víctimas hayan quedado satisfechas con la reparación del daño ni que se hayan despejado todas las responsabilidades relacionadas con la tragedia.
El caso se remonta a la noche del 27 de marzo de 2023, cuando un incendio se propagó dentro de la estación migratoria situada cerca del puente internacional Lerdo, en Ciudad Juárez, donde permanecían personas extranjeras bajo custodia del Estado mexicano. El siniestro dejó 40 personas fallecidas y 27 lesionadas, de acuerdo con los reportes publicados sobre el caso.
Las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas después de los hechos mostraron a personas migrantes atrapadas en una celda mientras el humo y las llamas avanzaban, sin que se abrieran oportunamente las puertas para facilitar su salida. La tragedia exhibió las deficiencias de seguridad y protección en un inmueble donde las personas detenidas dependían de las autoridades para poder abandonar las instalaciones.
La Fiscalía General de la República inició acciones penales contra Garduño por presuntas omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones al frente del INM, particularmente en materia de vigilancia, protección y seguridad de las personas alojadas en las instalaciones migratorias.
No obstante, el procedimiento contra el entonces titular del organismo avanzó por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, una imputación que permitió recurrir a una salida alterna al juicio penal. El 24 de enero de 2025, un juez le concedió la suspensión condicional del proceso y estableció un periodo de 18 meses para cumplir las condiciones fijadas. Una vez acreditado ese cumplimiento, el juez determinó extinguir la acción penal en su contra.
Entre los elementos considerados para cerrar el expediente estuvieron las indemnizaciones a las víctimas, la disculpa pública ofrecida por Garduño y las actividades de capacitación que debía realizar. La representación de la Fiscalía no se opuso al sobreseimiento durante la audiencia, según los reportes periodísticos sobre la resolución.
La inconformidad de las víctimas se centra en que el cumplimiento formal de esas medidas no necesariamente resuelve las consecuencias humanas de una tragedia que destruyó familias y dejó sobrevivientes con lesiones y secuelas. Algunas personas afectadas manifestaron durante la audiencia que aún enfrentan necesidades de atención médica y que la disculpa del exfuncionario no fue suficiente para reparar el daño sufrido.
La organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), que representa a diez sobrevivientes y a diez núcleos familiares de personas fallecidas, cuestionó la decisión y advirtió que persisten problemas estructurales en las estaciones migratorias. Entre las prácticas señaladas por la organización figuran las detenciones que exceden los límites legales y las condiciones de alojamiento forzado de personas migrantes.
La controversia también alcanza el alcance de las responsabilidades investigadas. Las víctimas y sus representantes han cuestionado que la acusación contra Garduño se limitara a un delito que permitió una salida alterna, en lugar de llevar su caso a un juicio en el que se examinaran las presuntas omisiones de su gestión y su relación con las condiciones que hicieron posible la tragedia.
Durante la audiencia, familiares y sobrevivientes expresaron su rechazo al cierre del proceso. A las afueras del centro de justicia, manifestantes reclamaron justicia y protestaron por una resolución que consideran insuficiente frente a la magnitud de las pérdidas humanas.
Los representantes legales de las víctimas anunciaron que impugnarán el fallo. Por ello, la resolución no debe confundirse con el fin de todas las acciones legales relacionadas con el incendio: el sobreseimiento beneficia directamente a Garduño en la causa penal que enfrentaba, pero las víctimas todavía pueden recurrir a los mecanismos de impugnación previstos en la ley.
La tragedia de Ciudad Juárez se convirtió en uno de los episodios más graves de la política migratoria mexicana por la cantidad de personas que murieron mientras se encontraban bajo custodia institucional.