*La ONU alertó sobre la presunta criminalización y discriminación que enfrenta la defensora indígena.
/ Escrito por Georgina Monroy Vázquez /
07.10.2026 /CimacNoticias.com/ Cuatro mecanismos de Naciones Unidas expresaron su preocupación por la situación de la defensora indígena amuzga Kenia Inés Hernández Montalván, quien permanece privada de la libertad y cumple dos sentencias condenatorias que suman 21 años y nueve meses de prisión.
La comunicación, identificada con la referencia AL MEX 11/2026, fue enviada al Gobierno mexicano el 20 de julio de 2026 por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Los mecanismos señalaron que recibieron información sobre el presunto uso indebido del derecho penal, la posible detención arbitraria y las condiciones de privación de libertad de Hernández Montalván. Al mismo tiempo, precisaron que la comunicación no prejuzga sobre la veracidad de las alegaciones ni constituye una determinación definitiva sobre el caso.
Kenia Hernández enfrenta dos sentencias que suman 21 años y nueve meses
De acuerdo con la comunicación de Naciones Unidas, Hernández Montalván es abogada, defensora indígena amuzga y de ascendencia afromexicana. Fue coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y es beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde septiembre de 2019.
Los mecanismos de la ONU señalaron que actualmente cumple dos sentencias por delitos de robo con violencia, que suman 21 años y nueve meses de prisión y que se encuentran bajo procesos de amparo.
El documento también refiere que, de las diez causas penales que enfrentó la defensora, ocho relacionadas con el delito de ataques a las vías generales de comunicación ya fueron cerradas.
Entre los procesos mencionados está uno en Guanajuato, en el que en junio de 2025 se determinó la no vinculación a proceso. Según la información recibida por los mecanismos de Naciones Unidas, el juez consideró que la Fiscalía no había demostrado la comisión de un delito y que una vinculación habría implicado la criminalización del activismo de Hernández Montalván.
En enero de 2026 fueron promovidos dos amparos contra las sentencias por robo con violencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió una solicitud para atraer los casos, pero el 4 de marzo cinco de los nueve ministros votaron en contra de la atracción, por lo que los asuntos continuaron ante los tribunales correspondientes.
ONU señala posibles violaciones al debido proceso
Los cuatro mecanismos señalaron que los procesos judiciales contra Hernández Montalván se habrían caracterizado por irregularidades y posibles violaciones al debido proceso.
Entre ellas mencionaron la presunta denegación de su derecho a contar con interpretación en lengua amuzga, dificultades para asistir personalmente a las audiencias y restricciones a las visitas familiares.
También expresaron preocupación por las condiciones de privación de libertad que, según la información recibida, habría enfrentado durante más de cinco años.
Entre las alegaciones se encuentran discriminación por su pertenencia al pueblo amuzgo, aislamiento de otras internas bajo la consideración de que era una “interna peligrosa”, restricciones para acceder a consultas médicas y agua potable, control de su correspondencia, así como limitaciones para reunirse con su defensa y recibir visitas familiares. También se reportaron presuntas agresiones físicas y amenazas.
Uno de los hechos señalados ocurrió en septiembre de 2025, cuando murió la madre de la defensora. De acuerdo con la comunicación, Hernández Montalván solicitó autorización para asistir a los rituales de despedida y al funeral, pero no habría obtenido el permiso humanitario.
La ONU advierte sobre el impacto en otras defensoras
Los mecanismos internacionales señalaron que el caso debe analizarse también desde una perspectiva de género e interseccionalidad.
La comunicación destaca que las mujeres defensoras enfrentan riesgos específicos derivados de su género y que estas condiciones pueden agravarse cuando confluyen otros factores de discriminación, como la pertenencia a pueblos indígenas, el racismo estructural y la exclusión.
En ese sentido, los expertos expresaron preocupación por lo que consideran un posible efecto inhibidor de la criminalización y las penas de larga duración sobre otras personas defensoras, particularmente mujeres indígenas y personas pertenecientes a comunidades afrodescendientes.
Los mecanismos recordaron además que, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, los Estados tienen la obligación de proteger a quienes defienden derechos humanos y garantizar el ejercicio de libertades como la reunión pacífica, la asociación y la expresión.
México responde que Kenia recibe atención y visitas familiares
La comunicación de Naciones Unidas fue respondida por el Estado mexicano el 18 de septiembre de 2026, mediante un informe presentado por la Misión Permanente de México ante la ONU en Ginebra.
En su respuesta, el Gobierno mexicano informó que Hernández Montalván fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, donde, según las autoridades penitenciarias, recibe atención médica general, servicios de trabajo social y acceso a actividades educativas, culturales, recreativas, artísticas y deportivas.
El Estado también afirmó que la defensora tiene acceso a correspondencia y visitas familiares, además de participar en un taller de artesanías en el que capacita a otras mujeres privadas de la libertad.
Respecto a la posible discriminación por su identidad indígena, las autoridades señalaron que en el centro penitenciario hay personas privadas de la libertad pertenecientes a distintos pueblos indígenas y que las actividades deben considerar la diversidad cultural y evitar prácticas de exclusión o trato desfavorable.
El informe estatal también sostiene que existe suministro suficiente de agua potable y que las mujeres privadas de la libertad reciben alimentación nutritiva y suficiente.
Sobre el fallecimiento de la madre de Hernández Montalván, el Gobierno mexicano reconoció que no se permitió su traslado al lugar del funeral, pero señaló que el centro penitenciario le facilitó acompañar a sus familiares mediante videollamada.
En cuanto a los dos juicios de amparo derivados de las causas penales, México informó que ambos permanecen pendientes de resolución.
El caso permanece bajo escrutinio internacional
Los cuatro mecanismos de Naciones Unidas solicitaron al Estado mexicano información sobre la base jurídica y factual de las condenas, las razones para mantener la privación de libertad mientras los amparos están pendientes y las pruebas utilizadas en los procesos.
También pidieron información sobre la agresión física denunciada contra Hernández Montalván el 30 de mayo de 2024, las investigaciones realizadas, las medidas de protección adoptadas y las acciones para prevenir actos de discriminación, amenazas y restricciones en el acceso a servicios de salud, agua potable, correspondencia y visitas familiares.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria señaló además que podría remitir el caso a su procedimiento ordinario para determinar si las privaciones de libertad fueron arbitrarias, aunque precisó que la comunicación no anticipa cuál sería su eventual opinión.
La respuesta del Estado mexicano y la comunicación de los mecanismos de Naciones Unidas fueron incorporadas al registro público de comunicaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La ficha oficial identifica el caso como MEX 11/2026 y señala como temas la defensa de derechos humanos, la detención arbitraria, la libertad de reunión y asociación y los derechos de los pueblos indígenas.