*Zurda.
/ Ruth Zavaleta Salgado/
No hay forma de ocultarlo, la extorsión no disminuyó, sino que creció. Las denuncias telefónicas se incrementaron en 85%, alcanzando un total de 59 mil 283, pasando de 349 diarias en el primer semestre, a 647 a partir del mes de julio. Aunque, ciertamente, respecto a la otra medición (las denuncias reportadas por las fiscalías estatales), se nota un ligero descenso los últimos dos meses, en casi todos los estados, a excepción de la Ciudad de México (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública).
En números absolutos, el Estado de México encabeza el mayor número de delitos de extorsión denunciados (por la cantidad de población), le siguen Guanajuato y Nuevo León, pero si la medición se realiza en relación con la cantidad poblacional, son Guanajuato, Morelos y la Ciudad de México los que ocupan los primeros tres lugares con 14.5, 14.4 y 13 denuncias por cada 100 mil habitantes (datos publicados en octubre).
Frente al fracaso de frenar el crecimiento de este delito de alto impacto, la presidenta Claudia Sheinbaum, envió a la Cámara de Diputados otra iniciativa de una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, y reformas a otras normas jurídicas como el Código Penal y de Procedimientos Penales entre otras. El objetivo central es el de incrementar el castigo para quienes cometen ese delito: de seis a 15 años, o hasta 25 si existen agravantes (si la víctima es menor de edad o migrante, o si la extorsión es por “cobro de piso”, o está involucrado algún funcionario público).
No es la primera vez que se intenta frenar el crecimiento de un delito de alto impacto mediante el incremento del castigo, y, por lo tanto, no será la primera vez que fracase esa dudosa solución. Así lo demuestra la evidencia de los estados que cuentan con las penalizaciones más altas de este delito: Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo. De éstos, el primero y los dos últimos tienen resultados relativamente buenos en cuanto al combate a la impunidad (encabezan Chihuahua, Nayarit, Guanajuato, Nuevo León y Yucatán) Pero, a Guerrero y Morelos no les va muy bien ni respecto al combate a la impunidad ni en cuanto al delito de extorsión ¿qué hacen diferente Chihuahua y Nayarit?
Resulta que para bajar cualquier delito de alto impacto se debe combatir la impunidad. A nivel nacional sólo se denuncia entre 6 y 7% de los delitos, pero, en Chihuahua y Nayarit se denuncia 8% aproximadamente. En el primer estado se resuelven .65% de los casos, pero, en el segundo, 6.3 por ciento. En el extremo contrario se encuentra Guerrero, en donde sólo se denuncia 1.7% y se resuelve .65% (“impunidad cero”). Los factores por lo que no se denuncia pueden ser varios, el temor a las represalias o la corrupción, etcétera, pero respecto a las acciones de gobierno, si hay diferencias en Chihuahua y Nayarit se destinan montos mayores del presupuesto para la prevención del delito y existe un número mayor de ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, a diferencia de otros estados en los que tienen muy malos resultados, por ejemplo, el Estado de México que es el que menos presupuesto destina y menos MP por cada 100 mil habitantes tiene. Incluso, si comparamos otros estados que no tienen resultados muy buenos de combate a la impunidad, encontramos que los gobiernos estatales destinan más presupuesto, pero tienen menos MP por cada 100 mil habitantes, tal es el caso de Nuevo León y Guanajuato, que están dentro de los que han logrado tener mejores resultados en combate a la impunidad, pero sólo tienen cinco y siete MP por cada 100 mil habitantes, contra 10 que tienen Chihuahua y Nayarit (“impunidad cero”).
Lamentablemente, en el debate del dictamen, los diputados no profundizaron en el análisis de los resultados de los estados con penalizaciones más altas, porque se concentraron en las dudas que generó el “otro transitorio”, pero falta la aprobación de los senadores, tal vez ahí, en esta ocasión, sí corrijan “los errores”.
