*A Juicio de Amparo.
/Amparo Casar/
Muy pronto están saliendo las facturas por cobrar del séptimo año a López Obrador y quien tendrá que pagarlas es su sucesora. No han pasado ni cinco meses desde que salió de la presidencia y esas facturas saltan por todos lados. Los acreedores somos los mexicanos, los deudores son las autoridades.
Se acumularon durante los últimos seis años, pero ahora que vamos conociendo los resúmenes de los cierres del 2024, y por tanto del sexenio anterior en su conjunto, se revelan en toda su magnitud.
Fueron las empresas del Estado -PEMEX y CFE- que siguen teniendo pérdidas históricas; fueron los experimentos con las compras consolidadas sobre todo en medicamentos; fue el desmantelamiento del sistema de salud; fue el retroceso educativo; fue la reinvención de empresas estatales como el Gas del Bienestar, la Megafarmacia o la resurrección de Mexicana de Aviación. En todas hay facturas por cobrar.
Están, además, las promesas incumplidas tan tangibles como las que acabo de mencionar: seguridad, crecimiento, desigualdad y corrupción.
A estas no se le imputan costos económicos, aunque desde luego, los tienen.
Fueron las cuatro banderas de la cuarta transformación.
Toda la semana pasada se habló del empeoramiento de la corrupción. Esa que inicialmente valuó el presidente en 2018 en 500,000 millones de pesos que, obviamente, nunca aparecieron. Esa que en repetidas ocasiones escuchamos que se había terminado. Esa que continuó en sus viejas formas y que se incrementó con nuevos mecanismos.
Difícil seguir descendiendo. Aquí un resumen: perdimos 14 lugares y 5 puntos en la valoración hecha por Transparencia Internacional; última posición entre los 38 países de la OCDE; penúltima -Rusia nos gana- del G20; de los 32 países de América Latina, sólo 6 estuvieron por debajo de México (Guatemala, Paraguay, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela); el puntaje de nuestro país (31) está por debajo del promedio de los regímenes no democráticos (33).
Estos resultados no deberían sorprender. Con López Obrador hubo mucho verbo y poca acción. No hubo política anticorrupción y no hubo política contra la impunidad. Lo que hubo fueron inumerables escándalos de poca y mucha monta que fueron ignorados de manera sistemática por el gobierno, cuando no propiciados desde la cúspide del poder.
Corrupción que le cuesta al erario y que tiene nombres y apellidos.
He escrito sobre el caso de los gobernadores (blog anticorrupción con NEXOS) y otros funcionarios públicos federales y estatales que desviaron recursos, utilizaron empresas fantasma, lavaron dinero, cobraron moches, asignaron contratos a sobreprecio, abusaron de sus funciones e incurrieron en tráfico de influencias. Ninguno fue procesado. Todos fueron y siguen siendo defendidos en el discurso y solapados en la práctica, cuando no premiados.
Desde la titular del DIF en 2019 que habiendo sido sorprendida y denunciada por obligar a funcionarios de su institución a entregar entre 2 y 4 % de su salario como condición para mantener su empleo y que fue premiada en 2022 como subsecretaria de la Secretaría del Bienestar, para regresar en este sexenio de nuevo al DIF; hasta Ignacio Ovalle, titular de Segalmex que fue protegido en la Secretaría de Gobernación con el puesto de Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Hasta ahora no se han dado muestras de que estas prácticas de protección a funcionarios y exfuncionarios se hayan terminado. Para muestra, algunos botones: Cuauhtémoc Blanco, ahora diputado y con fuero, Rutilio Escandón en el consulado de Miami, Rubén Rocha apoyado por la presidenta y fotografiándose con el hijo del expresidente y a la sazón Secretario de Organización de Morena, o Cuitláhuac García nombrado director de CENEGAS.
Estos son algunos de los casos notables de corrupción que por el perfil de los presuntos responsables llegan a los periódicos, pero el resto de los pequeños actos de corrupción cotidiana que enriquecen a funcionarios de menor importancia y que empobrecen a los ciudadanos de menores ingresos y a los micro y pequeños empresarios, ¿qué?
Son esos millones de pequeños actos de corrupción los que nos hacen uno de los 20 países más corruptos del mundo y son esos los que ahogan el crecimiento y ahondan la desigualdad.
Me pregunto si el nuevo gobierno tendrá a la mano una cifra similar a la que difundió AMLO respecto al sexenio de Peña Nieto: esos 500 mil millones que nunca aparecieron. Supongo que no, porque sería una factura acreditable al antecesor y fundador de la 4T.
