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/ Eduardo Sadot /
La política de austeridad aplicada a la infraestructura carretera entre 2018 y 2026 en México, bajo el argumento de combatir la corrupción y eliminar intermediarios privados, ha derivado en una crisis de conectividad sin precedentes. Lo que en el discurso oficial se manejó como una reestructura administrativa se tradujo, en la realidad, en un severo proceso de desinversión que hoy pasa una factura sumamente alta. El daño nacional acumulado en la Red Federal Carretera Libre de Peaje y en las vialidades locales expone una verdad innegable: la falta de mantenimiento rutinario no genera ahorros, sino una degradación física que compromete la seguridad y frena el desarrollo económico del país.
El deterioro de la superficie de rodamiento es la manifestación más visible de este vacío presupuestal. Al reducirse drásticamente los recursos para bacheo, sellado de grietas y nivelación, fallas que inicialmente requerían intervenciones menores y de bajo costo evolucionaron de forma acelerada por el paso del transporte pesado y los factores climáticos. Para el periodo 2025-2026, la omisión del mantenimiento preventivo transformó problemas superficiales en fallas estructurales profundas.
Lo que debió resolverse con cuadrillas de bacheo hoy exige la reconstrucción total y el reencarpetado completo de miles de kilómetros, multiplicando exponencialmente la inversión pública necesaria para recuperar la operatividad vial. A este escenario se suma el crítico abandono del sistema de drenaje y la señalización. La suspensión de los trabajos de desazolve en cunetas, alcantarillas y puentes permitió que el agua se infiltrara en las bases del asfalto, provocando socavones, hundimientos y colapsos que han incomunicado a diversas regiones.
En términos de seguridad, transitar de noche o bajo la lluvia se ha convertido en un riesgo de alta peligrosidad debido a la ausencia prolongada de pintura de señalización horizontal, vialetas reflejantes y letreros óptimos.
Esta falta de visibilidad e infraestructura predecible está directamente relacionada con el incremento de siniestros viales y pérdidas materiales. Finalmente, el impacto económico de esta crisis golpea el bolsillo del consumidor y resta competitividad al país. Las carreteras libres son las arterias por donde se mueven las mercancías de los pequeños y medianos productores agrícolas e industriales hacia los centros de consumo y los puertos de exportación. El mal estado de los caminos rompe las cadenas de suministro, genera retrasos logísticos y eleva drásticamente los costos de operación del transporte debido al desgaste prematuro de neumáticos, daños mecánicos y mayor consumo de combustible.
El lanzamiento emergente del programa “Megabachetón 2026”, con un presupuesto masivo de 70 mil millones de pesos, representa la admisión implícita de la gravedad del problema. No se trata de una expansión de la red de caminos, sino de una millonaria intervención de rescate para intentar revertir de golpe el déficit acumulado tras años de inacción, demostrando que en infraestructura, lo que no se gasta a tiempo en conservación, se termina pagando con creces en reconstrucción.
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