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24.01.2026 Michoacán,.- La población mexicana y particularmente la comunidad sorda, se ha indignado tras confirmarse el asesinato de una familia de intérpretes de lengua de señas en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán.
Los cuerpos de Anayeli Hernández, su esposo y su hija de 12 años fueron hallados calcinados después de varios días de desaparición. La tragedia ha generado indignación y dolor, no solo por la violencia con la que fueron privados de la vida, sino también por el papel que desempeñaban en la lucha contra la discriminación y en favor de la inclusión de las personas con discapacidad auditiva.
El hallazgo se produjo luego de que familiares y organizaciones denunciaran la desaparición de la familia. Autoridades locales confirmaron que los cuerpos presentaban signos de tortura antes de ser incinerados.
La noticia ha provocado un fuerte impacto en colectivos de intérpretes y defensores de derechos humanos, quienes recordaron que Anayeli Hernández había denunciado recientemente un adeudo de 10 mil pesos por parte de diputados de Michoacán, además de exigir mejores condiciones laborales y reconocimiento para quienes trabajan en la interpretación de señas.
El desarrollo de este caso refleja la vulnerabilidad que enfrentan activistas y defensores de derechos en regiones marcadas por la violencia. La familia era reconocida por su compromiso con la inclusión y por participar en actividades comunitarias que buscaban dignificar la vida de las personas sordas.
La muerte de la niña de 12 años, que acompañaba a sus padres en estas labores, ha sido señalada como un golpe devastador para la comunidad, que exige justicia y garantías de seguridad y exigen se investigue exhaustivamente.
Como antecedente, Michoacán ha sido escenario de múltiples hechos violentos en los últimos años, donde familias enteras han sido víctimas de ataques armados y desapariciones.
En 2021 se registraron casos similares en municipios como Aguililla y Zamora, donde civiles fueron asesinados en medio de disputas entre grupos criminales. La violencia contra activistas y defensores de derechos humanos también ha sido documentada en la entidad, lo que ha generado llamados constantes a las autoridades para reforzar la protección de quienes trabajan en favor de sectores vulnerables.
El asesinato de esta familia de intérpretes se suma a la lista de tragedias que han marcado la vida social de Michoacán y plantea nuevamente la urgencia de atender la violencia estructural que afecta a comunidades enteras.
La comunidad sorda, junto con organizaciones civiles, ha exigido que la investigación sea transparente y que se esclarezcan las circunstancias del crimen, al tiempo que se garantice la seguridad de quienes continúan trabajando por la inclusión y la defensa de los derechos humanos.
