29.09.2023 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- Madres y padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, rechazaron la “narrativa de hechos” sobre la desaparición de los jóvenes presentada por el Gabinete de Seguridad, pues afirmaron que nuevamente los revictimiza. Sumado a ello levantaron el plantón que mantenían en el Campo Militar 1 tras la promesa de que se realizará la revisión de archivos militares que finalmente revelarían la participación que tuvo el Ejército en la desaparición perpetrada hace nueve años.
En conferencia de prensa las madres y padres hicieron un llamado a que no prevalezca la “mentira militar” y, por el contrario, se continúe con las investigaciones que les permitan conocer el paradero de sus hijos.
Dos días después de la movilización que se realizó en la Ciudad de México a nueve años de la desaparición de los estudiantes perpetrada el 26 de septiembre de 2014, las madres y padres se reunieron para emitir su pronunciamiento luego de que también fuera presentado el Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), en el que se reitera que se trata de un “crimen de Estado”.
Cristina Bautista Salvador, madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, afirmó que ella junto a las familias continuarán en la exigencia.
“Necesitamos saber dónde están nuestros hijos, qué pasó con ellos; no vamos a olvidarlos, los queremos de regreso, que cumplan sus sueños y si no cumple el Ejército entregando los documentos, vamos a regresar porque hemos dicho, sea lo que sea, pero queremos la verdad: ¿Dónde están?”, clamó.
Por su parte Joaquina García Velázquez, también madre de un normalista desaparecido, recordó que han transitado por nueve años de dolor, sin tener ninguna explicación certera por parte del gobierno.
“Vamos a seguir para que sepamos la verdad, es un sufrimiento seguir así sin solución, pero nosotros como padres vamos a seguir, porque el amor de madre no se puede quedar en casa esperando una respuesta, vamos a exigir al gobierno que lo que prometió lo cumpla, porque es una promesa que hizo en su campaña”, expresó la madre haciendo referencia a los compromisos de Andrés Manuel López Obrador.
Narrativa de hechos que revictimiza
La Presidencia de la República hizo de conocimiento público el documento titulado “narrativa de hechos”, en la que nuevamente se criminaliza a los estudiantes e incluso se retoman partes de la investigación del sexenio de Enrique Peña Nieto o mejor conocida como la “verdad histórica”.
“Desde aquí rechazamos la narrativa de hechos que presentó el gabinete de seguridad, otra vez criminalizando a los estudiantes asegurando que estaban coludidos con el crimen organizado. Hacen una revisión de hechos en Iguala, pero no se nombra al Ejército Mexicano. Presenta conclusiones donde cuentan paso a paso qué pasaba con nuestros hijos, desafortunadamente nos lastima como padres porque no es verdad, porque siempre están utilizando pantallazos de los teléfonos”, acusó Mario González, padre de un joven estudiante.
Afirmó que esta narrativa presentada “utiliza otra vez los mismos testigos que fueron torturados y liberados en su momento. No es posible que suban información que ya fue refutada”.
Por ello exigieron que este documento sea bajado de las redes sociales del gobierno federal y que se deje de criminalizar a sus hijos y a ellos mismos.
Ayotzinapa es crimen de Estado: CoVAJ
Al presentar el Segundo Informe de la Presidencia de la CoVAJ, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, subrayó las diferencias entre la verdad histórica y la investigación que lleva a cabo la comisión, y destacó tres puntos:
1. La verdad histórica señala que los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de María de Los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, y esposa de José Luis Abarca Velázquez, en tanto que la investigación de la CoVAJ refiere que los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, a fin de participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
2. La verdad histórica acusa que integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos incineraron a los estudiantes en el basurero de Cocula por tratarse de supuestos integrantes de un grupo contrario, denominados Los Rojos, mientras que la CoVAJ reveló que, al considerar las condiciones climáticas del terreno y la vegetación, dicho evento no pudo haber sucedido. En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos tras la salida de la terminal de autobuses. Del análisis de las comunicaciones telefónicas y testimonios recabados, se desprende que los estudiantes fueron divididos en al menos tres grupos y llevados a diferentes destinos.
3. Asimismo, la llamada verdad histórica reconstruye los hechos pretendiendo responsabilizar solamente a las autoridades locales vinculadas con el grupo delictivo. Por el contrario, el informe de la CoVAJ detalla que el día de los hechos participaron en colusión con los grupos criminales que operaban en la región autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, así como autoridades federales, estatales y elementos del 27 y el 41 Batallones de Infantería.
Por ello, la verdad histórica fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones para dar carpetazo al caso.
- Pretendió presentar las sentencias de los responsables por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado, con lo que se evitaba abordar lo sucedido desde la perspectiva de la desaparición forzada.
- Trató de crear una versión de los sucesos, limitándose a señalar la violencia ejercida por los grupos criminales que operaban en la región, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal.
- No consideró la participación de elementos de las Fuerzas Armadas de la región y de las autoridades federales involucradas, responsabilizando solamente a las autoridades locales.
- Prevalecen las contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder y que derivaron en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones.
Las personas detenidas actualmente suman 132 en diversos penales: 41 integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos; 71 policías, de los cuales cinco son federales, tres federales ministeriales, siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco, 45 de Iguala y el exprocurador general de la República, así como el extitular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro de la Procuraduría General de la República (PGR); un exministerio público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido); 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); un exsecretario de Seguridad estatal de Guerrero, además del presidente municipal y la expresidenta del DIF, ambos de Iguala.
A la par suman tres solicitudes de extradición de actores relevantes que se encuentran en Israel y Estados Unidos, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Sobre el actuar de jueces, persisten decisiones contradictorias: 77 de 169 consignados liberados por tortura sin castigar a los torturadores. Se ordenó la destrucción de los videos de las seis cámaras del Palacio de Justicia de Iguala. Se restó validez a pruebas de cooperación internacional, como las escuchas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y hubo falta de comprensión sobre testigos de identidad reservada y rechazo a la distorsión de voz e imagen por seguridad.
Tres estudiantes han sido localizados: los restos de Alexander Mora Venancio fueron encontrados en el Río San Juan, en octubre de 2014; los correspondientes a Christian A. Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz fueron hallados en la Barranca de la Carnicería en noviembre 2019 y octubre de 2020, respectivamente.
Sin embargo, aún se desconoce la verdad detrás de este “crimen de Estado”, por lo que se continuarán realizando investigaciones en torno a la desaparición de los 43 estudiantes.
