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Ciudad de México, 19 de octubre de 2026.- Colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas exigieron transparencia, independencia y participación de las víctimas en el trabajo del grupo de especialistas nacionales e internacionales convocado por la Secretaría de Gobernación para analizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, una herramienta fundamental para dimensionar la crisis de desapariciones que atraviesa México.
En una carta pública difundida este lunes por la Glorieta de las y los Desaparecidos, las familias expresaron su preocupación por la metodología empleada por las autoridades federales para revisar el registro y cuestionaron la falta de información suficiente sobre la selección de las personas expertas, los objetivos de la evaluación y los mecanismos que garantizarán la transparencia de sus conclusiones.
Las familias advirtieron que la revisión de las cifras oficiales no puede limitarse a un ejercicio técnico ni realizarse al margen de quienes llevan años buscando a sus seres queridos. Para ellas, el registro constituye una herramienta esencial para conocer la dimensión de las desapariciones, orientar las políticas públicas y exigir respuestas a las instituciones responsables de la búsqueda, investigación e identificación de personas.
En el documento, fechado el 19 de octubre, los firmantes señalaron que familiares de más de 135 mil personas desaparecidas continúan buscando a sus seres queridos. En ese contexto, consideraron indispensable que la revisión del registro se realice con criterios verificables, independencia y mecanismos de rendición de cuentas que permitan conocer qué información se analizará, cómo se procesará y cuáles serán los resultados.
La inconformidad no se dirige únicamente a la revisión de la base de datos, sino también a la manera en que se diseñó el proceso. Los colectivos cuestionaron la falta de transparencia en la metodología impulsada por la Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la ausencia de claridad sobre las condiciones en que fueron seleccionados los especialistas.
La exigencia central es que las autoridades expliquen públicamente el mandato del grupo, sus atribuciones, los alcances de su intervención y la metodología que seguirá para evaluar el registro. También demandaron que se informe de qué manera se incorporarán las experiencias, observaciones y propuestas de las familias buscadoras.
La carta solicita además que la labor de los expertos no se limite a una revisión aislada, sino que se desarrolle de manera periódica, con resultados públicos y criterios que permitan evaluar si las modificaciones propuestas contribuyen realmente a mejorar la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
El grupo anunciado por Gobernación está integrado por especialistas de distintas disciplinas. Entre los nombres incluidos en la carta figuran Mayank Kejriwal, Zubin Jelveh, Ted Enamorado, Astrid Adriana Pozos, Ernesto Isunza Vera, Esteban Salmón, Guillermo Guevara y Rodrigo Canales. Sus áreas de experiencia abarcan el análisis de datos, la estadística, la inteligencia artificial, las políticas públicas, los sistemas de justicia, la identificación humana y el fortalecimiento institucional.
La Secretaría de Gobernación informó el 14 de octubre que el equipo tendrá entre sus tareas revisar y validar las metodologías utilizadas para analizar el registro, establecer criterios diferenciados para clasificar los casos según la información disponible y proponer mejoras técnicas, legales o administrativas. La dependencia señaló que el propósito es contar con una base de datos confiable y actualizada que contribuya de manera efectiva a las labores de búsqueda.
El anuncio oficial también incluyó un balance de la Estrategia Nacional de Búsqueda, con el reporte de 16 mil 3 personas localizadas durante 2026 hasta el corte informado por las autoridades. Sin embargo, el trabajo de los especialistas deberá permitir distinguir con claridad qué significa cada categoría del registro, cómo se actualizan los datos y de qué manera se documentan las localizaciones, para evitar que las cifras pierdan utilidad para las familias y las instituciones encargadas de investigar.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reúne información que proporcionan fiscalías, comisiones de búsqueda y otras autoridades, además de reportes realizados por particulares. Su calidad depende de que los datos se incorporen de forma oportuna, precisa y completa, y de que las instituciones responsables actualicen la información cuando existan nuevos indicios o se confirme la localización de una persona.
Consulta Pública
Para los colectivos, la discusión sobre la confiabilidad del registro tiene consecuencias directas en la vida de miles de familias. Una clasificación incorrecta, la falta de datos o una actualización tardía pueden dificultar la identificación de una persona, entorpecer las líneas de investigación y generar incertidumbre sobre el estado de un caso. Por ello, reclaman que cualquier revisión técnica se traduzca en mejores herramientas de búsqueda y no solamente en cambios estadísticos o administrativos.
La carta se conoce en un momento de especial atención internacional sobre la crisis de desapariciones en México. Este martes 20 de octubre, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas presentará su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General. En ese contexto, organizaciones civiles y familiares buscan que la situación mexicana sea examinada por el pleno de la Asamblea General, mientras el Gobierno federal ha expresado desacuerdos con el procedimiento internacional relacionado con el país.
La exigencia de las familias es que la revisión del registro se convierta en un proceso verificable y abierto al escrutinio público, con explicaciones sobre sus decisiones y espacios efectivos para la participación de las víctimas. No basta con anunciar la integración de especialistas: los colectivos quieren conocer qué harán, bajo qué reglas trabajarán, cómo se garantizará su independencia y de qué manera podrán las familias aportar información y evaluar los resultados.
Para quienes buscan a sus seres queridos, el compromiso central debe ser que ninguna revisión de cifras sustituya la búsqueda efectiva ni invisibilice a las personas que siguen sin ser localizadas.