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26.02.2026 Xalapa, Ver.- Un grupo de vecinos y solicitantes de familia de Vivienda del Fraccionamiento Ecológico y Popular Las Minas A.C., marcharon por las calles de, centro de la capital del estado, denunciaron públicamente un presunto intento de despojo del predio que ocupan desde 1995 en el ejido El Tronconal, en Xalapa, y acusaron irregularidades en el proceso judicial que enfrentan actualmente.
Rafael Vázquez Vázquez, representante legal y presidente de la asociación civil, explicó que el proyecto surgió hace casi 30 años ante la imposibilidad de acceder a créditos de vivienda como Infonavit o Fovissste.
“Nosotros no somos sujetos de crédito, no tenemos acceso a Infonavit o ISSSTE. En 1995 decidimos organizarnos y constituir una asociación civil con el objetivo de adquirir un terreno para construir nuestras viviendas y crear una colonia ecológica, con cuidado del medio ambiente y convivencia con la naturaleza”, señaló.
Compra del terreno y posesión por más de 26 años.
De acuerdo con su testimonio, en 1995 conocieron al ejidatario Timoteo Bartolo Mejía Jiménez, quien les vendió una fracción de su parcela en el ejido El Tronconal. El pago, que ascendió a aproximadamente 500 mil pesos, se realizó de manera gradual entre 1995 y 1999.
Vázquez aseguró que cuentan con recibos firmados por el propio vendedor —incluido quien hoy los denuncia—, así como con un documento de cesión de derechos que acredita la posesión legítima, pública y permanente del predio durante más de 26 años.
Las familias comenzaron a construir sus viviendas con recursos propios, sin apoyo gubernamental, aunque algunas decidieron no edificar hasta contar con el dominio pleno del terreno.
Denuncia por despojo y reactivación de carpeta.
En 2023, un hijo del ejidatario interpuso una denuncia por despojo en su contra. Los integrantes de la asociación acudieron a la Unidad de Atención Temprana y presentaron la documentación que acredita su posesión, por lo que, según relatan, la carpeta fue archivada.
Sin embargo, el 27 de mayo de 2024, el denunciante presuntamente ingresó al predio acompañado de un grupo de personas, colocó cercas, cadenas y candados en viviendas cuyos propietarios se encontraban trabajando, impidiéndoles el acceso hasta la fecha.
Ante estos hechos, las familias presentaron una denuncia por despojo. No obstante, acusan que la Fiscalía reactivó la carpeta en su contra, pese a considerarla improcedente.
Vinculación a proceso y audiencia para entrega del predio.
Rafael Vázquez informó que, tras 21 meses de insistir para que se judicializara su denuncia, finalmente se logró, pero la audiencia inicial se ha diferido en más de 15 ocasiones, ya sea por inasistencia del fiscal o por otras causas procesales.
En contraste, señaló que el 4 de febrero fueron vinculados a proceso por la denuncia interpuesta por Félix Eloy Mejía Díaz. Aseguran que la jueza ordenó una audiencia para que entreguen el predio, aun cuando el proceso penal sigue en curso.
“Tenemos la presunción de inocencia. Primero debe concluir el proceso y haber una sentencia firme. No entendemos por qué la jueza está actuando de manera unilateral y autoritaria”, expresó el representante.
Gestiones ante instancias agrarias.
Los afectados señalaron que el ejidatario intentó en su momento adquirir el dominio pleno del terreno, requisito que habían acordado para formalizar escrituras, pero que no logró concretarlo ante las autoridades agrarias.
Aseguran que el comisariado ejidal y la Procuraduría Agraria tuvieron conocimiento del caso, y que incluso cuentan con documentos donde el propio ejidatario solicitó apoyo para regularizar la propiedad.
“Lo hemos presentado todo y sentimos que tanto la Fiscalía como la juez no han valorado las pruebas”, afirmaron.
15 familias en riesgo.
Actualmente, 15 familias —entre ellas mujeres y menores de edad— habitan el predio ubicado en la zona del relleno sanitario del ejido El Tronconal. Otros integrantes de la asociación no han construido en espera de contar con la certeza jurídica.
Los afectados reconocieron que han realizado movilizaciones en años anteriores para frenar intentos de desalojo y que podrían volver a manifestarse ante lo que consideran una amenaza inminente.
“No queremos afectar a terceros, no es nuestro deseo tomar calles, pero nos vemos obligados a salir y pedir justicia ante la sociedad”, concluyó Rafael Vázquez Vázquez, quien también afirmó ser uno de los directamente afectados por el proceso legal.
