Feminicidios: celebración en medio de una crisis de violencia de género

06/01/2022/ Cada mes, una de las conferencias matutinas presidenciales se dedica al tema de la seguridad. En este informe, se ha establecido una dinámica repetida en la que la autoridad civil, es decir, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reporta los resultados en materia de seguridad, mientras que las autoridades militares se encargan de comunicar las acciones concretas de la materia.

En esta entrada de Descifrando, analizamos el contexto y el contenido de la conferencia, cómo se presentan y se pueden interpretar los datos de la incidencia delictiva y cómo se observan las relaciones civiles-militares.

¿Qué es la incidencia delictiva?

La incidencia delictiva reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se refiere a las carpetas de investigación y averiguaciones previas registradas por las procuradurías de justicia y fiscalías generales de las entidades federativas de México. En suma, se refiere únicamente al delito denunciado e investigado y no al universo de delitos ocurridos.

Si bien la incidencia delictiva es la única estadística disponible de forma mensual, México se encuentra entre los países en donde menos se reporta e investiga el delito: ocupa el lugar número 60 de 69 países con mayor impunidad, de acuerdo al Índice Global de Impunidad. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, en 2020 solo fueron denunciados el 10 por ciento de los 27.6 millones de delitos cometidos en México durante ese año, de los cuales, únicamente dos tercios resultaron en una carpeta de investigación.

La cifra negra o la cantidad de delitos no denunciados o investigados que aplica para todo tipo de delitos (excepto para robo de vehículos) es especialmente alta para los casos de extorsión y fraude. En cuanto a los homicidios y feminicidios, que por su naturaleza solo resultan en una carpeta de investigación cuando se encuentra un cuerpo, la mayoría derivan en impunidad. En 2019, solo uno de cada diez homicidios y la mitad de los feminicidios detectados terminaron en una sentencia condenatoria, de acuerdo a la organización Impunidad Cero.

Dado que la gran mayoría de delitos se cometen con absoluta impunidad, la ausencia del tema de justicia es, por decir lo menos, notable en una conferencia mensual dedicada, en parte, a la discusión de la incidencia delictiva.

Delitos del fuero federal: ¿éxito o fracaso?

La presentación de la incidencia delictiva está a cargo de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se da sin contexto y sin analizar el significado de las cifras. Aunque se muestran gráficas con cifras absolutas, la narración se enfoca en expresar los cambios en términos porcentuales entre periodos y de esta manera se enmascaran algunas diferencias dependiendo de la cifra reportada. La manera más común de hacerlo es seleccionar períodos de comparación bajo criterios que muestran reducciones o posibles reducciones en la incidencia, sin criterios técnicos que justifiquen los cambios en dicha selección.

Por ejemplo, en la conferencia de seguridad de octubre del 2021 la funcionaria federal anunció una reducción en los delitos del fuero federal durante ese año, comparado con el 2019. Omitió mencionar que, aunque los delitos del fuero federal cayeron en este periodo de 2021 respecto al mismo periodo de 2019, entre 2020 y 2021 hubo un incremento con menos de un punto porcentual. Esto a pesar de registrar un aumento histórico en el despliegue de las fuerzas armadas, en gran medida, para contener los delitos asociados con el narcotráfico.

Es importante recalcar que una caída en la incidencia delictiva detectada no implica necesariamente que hayan ocurrido menos delitos, sino que podría ser el resultado de una disminución en la denuncia e investigación de los mismos, o de menor actividad por parte de las autoridades como se explora a continuación.

El ejército mexicano, que tiene un enfoque principal en delitos federales asociados con el narcotráfico y la posesión de armas ilegales, detuvo a 9 mil 52 personas en 2019 y 6 mil 568 en 2020, una caída de 27 por ciento (SEDENA, solicitud de acceso a la información pública con folio 0000700008921).

En este sentido, no es claro cuántas personas fueron detenidas por la Guardia Nacional: por vía de transparencia y en su informe anual de actividades, esta institución reportó haber detenido a más de 10 mil personas; de acuerdo al Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) 2021, la Guardia Nacional detuvo a 7 mil 419 personas. A nivel estatal, la diferencia entre las fuentes no es consistente: en algunos estados se reportan más y en otros menos. No obstante, el CNSPF revela que los delitos más comunes registrados por la Guardia Nacional son el robo de vehículos y la toma de casetas, ambos del fuero común.

La presentación de los hechos en la conferencia de seguridad no es falsa: descendieron los delitos federales registrados desde el inicio del sexenio hasta marzo de 2020, y se mantuvo el mismo nivel de incidencia durante la pandemia por COVID-19. Lo que no se explica es si existe una relación entre la incidencia delictiva y las acciones reportadas por las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. No hay un fundamento que explique el éxito o el fracaso de la estrategia federal.

Feminicidios: celebración en medio de una crisis de violencia de género

Otro caso en donde los datos que se informan pierden sentido, es cuando un delito es reportado con menor frecuencia. Por ejemplo, en octubre de 2021 Rodríguez Velázquez declaró que: “En feminicidio habrá que ver cómo bajó en septiembre el 63 por ciento en comparación con el mes anterior, que tuvimos un repunte, el mes de septiembre con menos feminicidios en lo que va de este gobierno de todos los septiembres que nos comparamos año con año”.

En términos absolutos, la reducción del 63% en feminicidios registrados entre agosto y septiembre de 2021, es de 109 a 69 mujeres víctimas de este delito, una diferencia de 40 niñas, adolescentes y mujeres. La expresión de este dato en términos porcentuales da una impresión exagerada de los incrementos y decrementos en el delito detectado.

Además, se ignora el trabajo que se requiere para mejorar la atención a la violencia de género, cuestión que podemos observar en la siguiente tabla, comparando la tasa de feminicidios con la tasa de homicidios de mujeres.

El feminicidio es un delito que no se encuentra definido, identificado e investigado de manera adecuada y  consistente en la República Mexicana. Según una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a los 3 mil 56 feminicidios registrados por las autoridades entre 2012 y 2018, se deben agregar al menos 2 mil 646 más, que fueron registrados como homicidios de mujeres, es decir,  había un subregistro del 46%. El estudió concluyó que “el feminicidio no solo es perpetrado por una persona, sino encubierto, o permitido de facto, por todo el sistema de justicia de los estados.”

La práctica de registro de feminicidios ha mejorado en México con el tiempo: hasta 2019 había estados que no registraron ni un feminicidio durante el año. Entre 2012 y 2018 fueron registrados 12 mil 374 homicidios dolosos de mujeres, y 3 mil 56 feminicidios; un 20 por ciento del total. De acuerdo con la investigación realizada por MCCI, los feminicidios en este periodo fueron, al menos, el 37 por ciento del total. Durante la administración de López Obrador (diciembre 2018 a octubre 2021) se han registrado 2 mil 891 feminicidios y 8 mil 297 homicidios de mujeres, es decir, una tasa equivalente al 26 por ciento de estos delitos fueron tipificados como feminicidios, lo cual parece indicar la necesidad de mejorar aún más el registro de este delito.

Debido a la baja cantidad de delitos reportados cada mes y el consecuente subregistro, el gobierno debe invertir más en detectar e investigar los delitos cometidos y en buscar la manera de incrementar la denuncia y menos en celebrar bajas porcentuales de los delitos registrados.

Delitos del fuero común

La presentación de datos sobre los delitos del fuero común deja un escenario complicado. El homicidio, uno de los delitos de mayor impacto y menos afectado por el subregistro, continúa con un nivel de incidencia históricamente alto. En respuesta a ello, el gobierno anunció una estrategia enfocada en 50 municipios con la mayor cantidad de homicidios, sin dejar en claro cómo se distingue de las estrategias aplicadas en otras partes del país y en administraciones federales anteriores. Sin embargo, en el informe de seguridad tampoco se analiza por qué bajaron los homicidios en 32 de los municipios prioritarios y subieron en otros 17, como se ha afirmado. El gobierno también presenta los homicidios como un fenómeno ahora “concentrado”(a veces se utiliza la palabra “contenido”) en un grupo particular de seis o siete estados; lo cierto es que la mitad de los homicidios cometidos entre 2006 y 2018 también ocurrieron en solo siete estados, y 66 municipios (según datos del INEGI).

Más allá del homicidio, el gobierno enfatiza que hay otros delitos del fuero común, como el robo, que han reducido su incidencia, aunque tampoco explica los motivos del decremento. Asimismo para sustentar que existe una reducción anual de delitos hacen una comparación entre periodos, por ejemplo; entre enero y septiembre del 2021, respecto al mismo periodo de 2020. Sin embargo, como se observa en el interactivo de abajo, la mayoría de los delitos no siguen una tendencia que se repita año tras año, sino que es continua. Por ejemplo, para el delito de robo, la tendencia más reciente no es hacia la reducción de ese delito, sino un incremento.

La relación civil-militar

Polina Beliakova ha escrito acerca de la “erosión” del control civil en los Estados Unidos, no por la acción de los militares, sino por la “deferencia*” de los autoridades civiles – para aprovechar la popularidad de las instituciones militares, evitar responsabilidad y para reducir tensiones entre poderes militares y civiles.

En el caso mexicano, un día de cada mes la conferencia matutina adquiere un aspecto ceremonial en el cual la autoridad reconoce su deferencia hacia los militares en términos de la implementación de la estrategia de seguridad, cuando la Secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez cede la palabra a los titulares de la Defensa Nacional, la Marina y el comandante de la Guardia Nacional, también un militar.

No solo se trata de una deferencia simbólica. Desde que se transfirió la creación y mando operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, se quitó de manos civiles éste que es el mecanismo principal a nivel federal para influir de forma directa en las tendencias delictivas; la Guardia Nacional representa el 56% del presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para 2021. Además, con la reducción o desaparición de fondos federales para la seguridad pública estatal y municipal, se debilitó el objetivo de promover el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, y se invalidó por completo la meta de incrementar el número de municipios que cumplieron con los criterios del subsidio FORTASEG.

Parece contribuir a la erosión del control civil cuando la institución precisamente civil de seguridad es responsable de reportar sobre los impactos de una estrategia en la cual tiene una participación limitada, mientras que la institución militar está a cargo de informar sobre las acciones y resultados inmediatos, sin la necesidad de explicar cómo estos contribuyen o no a mejorar las condiciones de seguridad. Cuando hay cambios aparentemente negativos, suelen ser las autoridades civiles las que los reportan, no las militares, afirmando que “seguiremos en coordinación”; así mismo, cuando hay cambios aparentemente positivos, se refiere también que es “por la coordinación de las autoridades [que] este delito continúa con tendencia a la baja.”

Es relevante hacer notar que toda esta narrativa denota la ausencia de otros actores del Estado y de la sociedad, aunque el “intercambio de información entre los tres órdenes de gobierno, academia, grupos empresariales y actores sociales” es un objetivo prioritario en el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024.