RETROSPECTIVA 2021
* El caso de la criminalización y revictimización de mujer que tuvo aborto involuntario, les indigna.
Xalapa, Ver 01 junio 2021. / BPNoticias/ Mujeres feministas rechazan el encarcelamiento, re-victimización, vulneración al debido proceso y falta de perspectiva de género y a los derechos humanos en que ha incurrido la Fiscalía General del Estado en el caso de la mujer que desde hace un mes está presa en Acayucan por un aborto involuntario producto de la violencia de su pareja contra la hoy detenida.
En un carta dirigida a las autoridades del Gobierno de Veracruz a la propia fiscal Verónica Hernández Giadans también se pronuncian por “el incumplimiento en la designación de la Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres y la opacidad que ha existido desde hace dos años en el manejo del Instituto”.
Las integrantes de la Sociedad Civil en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, así como representantes de diversas organizaciones y activistas a título individual cuestionaron el proceder de la fiscal respecto al caso de la fiscal Verónica Hernández Giadáns.
“Dada la gravedad de estos hechos, las aquí firmantes representantes de sociedad civil en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, así como representantes de diversas organizaciones y activistas a título individual nos pronunciamos en contra de las recientes declaraciones emitidas por la Fiscalía General del Estado a través de sus cuentas oficiales al hacer pública una nota con fecha 28 de junio del presente, en el que sin la mínima ética ni respeto jurídico, se re-victimiza a una mujer radicada en la localidad de Oluta, municipio conurbado con Acayucan Veracruz, quién tuvo un aborto en un centro comercial, mismo que de acuerdo a las declaraciones de ella misma y de sus familiares, fue producto de la violencia doméstica sufrida” .
Al respecto del Instituto Veracruzanos de las Mujeres (IVM) las feministas exigieron nuevamente al Gobernador del Estado y al Secretario de Gobierno, que se cumpla con la Ley y se respete el procedimiento para nombrar a la directora general, con todas las atribuciones que la ley le faculta.
“Exhortamos a transparentar el uso de programas como de recursos públicos destinados para esta instancia, así como a dar la prioridad debida para resolver la grave problemática de violencia de género que vivimos, ya que hoy más que nunca necesitamos medidas urgentes”.
Para las firmantes del pronunciamiento, el actuar de la Fiscalía General del Estado “da muestra de la grave violación de los derechos de las mujeres, la violación a su presunción de inocencia, la falta al debido proceso ante los casos de aborto.
“Respecto del cual el Estado veracruzano y los órganos autónomos se niegan a reconocer como el problema público que es y en cambio criminalizan y persiguen a las mujeres que los cometen, mismas que como es el caso de Claudia N, viven en condiciones de pobreza extrema y han sido víctimas recurrentes de otras violencias”.
Denuncian en su escrito que el caso del aborto ocurrido en Oluta y que mantiene desde hace un mes presa a una mujer en la cárcel de Acayucan luego de haberle abierto una carpeta de investigación por homicidio doloso, no es el único en Veracruz, ya que en 2017 hubo diez mujeres encarceladas por este hecho, procesadas por cargos como homicidio doloso agravado por parentesco, estrategia legal que observamos se intenta hacer en este caso de 2021.
Acusan que la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a no ha dado respuesta acerca de su proceder, razón por la que exigieron respeto a los derechos de las mujeres, un trato digno, juzgar con perspectiva de género y dejar de usar el escrutinio público para criminalizar a aquellas que abortan.
CARTA PÚBLICA
Ing. Cuitláhuac García Jiménez
Gobernador del Estado de Veracruz
Lic. Éric Patrocinio Cisneros Burgos
Secretario de Gobierno
Lic. Verónica Hernández Giadáns
Fiscal General del Estado de Veracruz
A la sociedad veracruzana
A los Medios de Comunicación
Las integrantes de la Sociedad Civil en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, así como representantes de diversas organizaciones y activistas a título individual emitimos el presente:
PRONUNCIAMIENTO
● Por el incumplimiento en la designación de la Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres y la opacidad que ha existido desde hace dos años en el manejo del Instituto
● Por el encarcelamiento, re-victimización, vulneración al debido proceso y falta de perspectiva de género y a los derechos humanos en que ha incurrido la Fiscalía General del Estado en el caso de la mujer que desde hace un mes está presa en Acayucan por un aborto
Sobre el Instituto Veracruzano de las Mujeres
En mayo de 2019, tras la renuncia de la Mtra. Yolanda Olivares, el gobernador Cuitláhuac García, nombró como encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres a quien entonces fungía como jefa de la unidad de género de la Secretaría de Gobierno, la Mtra. Rocío Villafuerte Martínez. En julio del mismo año los Consejos Consultivo y Social del IVM entregaron la convocatoria para elegir a la nueva directora, que debió ser publicada a la brevedad por la Secretaría de Gobierno. Han pasado dos años y no se ha cumplido con la Ley 613 por lo que seguimos sin directora y sin una estrategia real para atender la violencia de género en Veracruz.
Durante este período los señalamientos hacia el Instituto han ido desde el despido injustificado de personal capacitado, la falta de transparencia en los perfiles de quienes ahí laboran, hasta el uso inadecuado de los recursos materiales de la instancia.
Sabemos que uno de los principales objetivos del IVM es promover la incorporación de la perspectiva de género en los tres órdenes de gobierno, lo que hasta ahora no se ha logrado como lo evidencian los índices de crímenes violentos contra las mujeres que no muestran una baja en la incidencia. A ello hay que añadir la falta de perspectiva de género en el seguimiento de casos que implican el análisis de las circunstancias del entorno adverso al que nos enfrentamos, como queda claramente de manifiesto en la reciente aprehensión de una mujer tras sufrir un aborto espontáneo, siendo ella víctima de violencia familiar.
Quiénes representamos a la sociedad civil organizada dentro del Sistema Estatal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres exigimos nuevamente al Gobernador del Estado y al Secretario de Gobierno, que se cumpla con la Ley y se respete el procedimiento para nombrar a la directora general con todos las atribuciones que la ley le faculta y exhortamos a transparentar el uso de programas como de recursos públicos destinados para esta instancia, así como a dar la prioridad debida para resolver la grave problemática de violencia de género que vivimos, ya que hoy más que nunca necesitamos medidas urgentes.
Sobre la falta de perspectiva de género en el proceder de la FGE en el caso de la mujer encarcelada desde hace un mes por aborto.
Dada la gravedad de estos hechos, las aquí firmantes representantes de sociedad civil en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, así como representantes de diversas organizaciones y activistas a título individual nos pronunciamos en contra de las recientes declaraciones emitidas por la Fiscalía General del Estado a través de sus cuentas oficiales al hacer pública una nota con fecha 28 de junio del presente, en el que sin la mínima ética ni respeto jurídico, se re-victimiza a una mujer radicada en la localidad de Oluta, municipio conurbado con Acayucan Veracruz, quién tuvo un aborto en un centro comercial, mismo que de acuerdo a las declaraciones de ella misma y de sus familiares, fue producto de la violencia doméstica sufrida.
La Fiscalía General del Estado no puede eximirse de la responsabilidad que tiene de tratar los casos de violencia y aborto con apego a derechos humanos, respetando en todo momento la presunción de inocencia de las mujeres, evitando la re-victimización y criminalización en casos relacionados. Es trabajo de la Fiscalía proceder conforme a derecho realizando las investigaciones correspondientes con total imparcialidad.
La acción de la Fiscalía no solo demuestra la falta de sensibilidad y capacitación en el tratamiento de los casos que ameritan perspectiva de género, sino que significan una grave falta institucional al generar opinión tendenciosa estigmatizando a las mujeres que abortan, haciendo juicios previos, culpabilizándola de los hechos sin que haya concluido la investigación, con un intención misógina violando el debido proceso a sus garantías judiciales y sus derechos humanos fundamentales.
Dentro de las recomendaciones realizadas a la entidad veracruzana en razón de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado están las que concluyen que el Estado de Veracruz obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la Interrupción Legal del Embarazo, y la insuficiente e inadecuada prestación integral de los servicios de salud sexual y salud reproductiva, así como la aplicación obligatoria de la NOM046 SSA-2005.
El actuar de la Fiscalía General del Estado da muestra de la grave violación de los derechos de las mujeres, la violación a su presunción de inocencia, la falta al debido proceso ante los casos de aborto, respecto del cual el Estado veracruzano y los órganos autónomos se niegan a reconocer como el problema público que es y en cambio criminalizan y persiguen a las mujeres que los cometen, mismas que como es el caso de Claudia N, viven en condiciones de pobreza extrema y han sido víctimas recurrentes de otras violencias.
El caso del aborto ocurrido en Oluta y que mantiene desde hace un mes presa a una mujer en la cárcel de Acayucan luego de haberle abierto una carpeta de investigación por homicidio doloso, no es el único en Veracruz, ya que en 2017 hubo diez mujeres encarceladas por este hecho, procesadas por cargos como homicidio doloso agravado por parentesco, estrategia legal que observamos se intenta hacer en este caso de 2021.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha dado declaraciones acerca de su proceder, razón por la que exigimos respeto a los derechos de las mujeres, un trato digno, juzgar con perspectiva de género y dejar de usar el escrutinio público para criminalizar a aquellas que abortan.
Mientras que en otras entidades más progresistas hoy se celebra el avance legislativo de haber aprobado el aborto hasta las 12 semanas, en Veracruz una mujer está encarcelada desde hace un mes por abortar y permanecerá ahí hasta diciembre, cuando vence el término establecido por las autoridades.
Ambos hechos sobre los cuales emitimos el presente pronunciamiento tienen un mismo origen: la desatención y la falta de priorización que las autoridades veracruzanas han evidenciado en su gestión con respecto a los temas relacionados con la agenda de las mujeres, ante lo que nosotras elevamos nuestra voz en protesta y conminamos a que se actúe con apego al compromiso expresado por el Gobernador del Estado cuando el 25 de enero de 2018 hizo público el programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres, comprometiéndose a que fuera el eje rector de su gobierno, lo que no ha sucedido hasta ahora.
Firmantes
Myriam Lagunes – Integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Lorena Redondo – Integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Katya Gabriela Esteva Cruz – Regedhem A.C. e integrante del Sistema Estatal
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Red de Mujeres Feministas de Veracruz, REMUFEVER.
Marea Verde Altas Montañas.
Colectivo feminista Chihuatlahtolli A.C.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF
Alma Celia San Martin Cruz, OCNF Veracruz
María de la Luz Estrada Mendoza, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF
Colectivo Feminista de Xalapa A.C.
Justicia, Derechos Humanos y Género A.C.
Ana Valderrama, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio
Ximena Vio Salinas, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio
Nancy Torres Castañeda, Colectiva Colmena Verde
Colectivo Colmena Verde
Luz María Reyes Huerta.
Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento A.C.
Ana María Fonseca Cortés.
Haydée Aurora Magallanes Montalvo, MAMVBER.
Mónica Mendoza Madrigal, MAMVBER.
Haydée Aurora Magallanes Montalvo.
Ana María Fonseca Cortés.
Mónica Mendoza Madrigal, MAMVBER.
Cristina Pérez Carmona.
Deisy Iris Jácome Sánchez.
Surinam Arandia Azuara Angeles, Presidenta de Piensa, Actúa y Sorprende A.C.
Rosa María Cabrera Lotfe, Responsable de la Comisión de Violencia de Género de la Organización Nacional de Mujeres y, asesora en la Secretaría de Igualdad de Géneros del PRD, feminista, ex Diputada Federal y, defensora de Derechos Humanos.
Azucena Rodríguez, Diputada Federal PRD.
Teresa de Jesús Vázquez de los Santos. Activista
Martha Martínez Marín.
Metzeri Ávila San Martín.
Marea Verde Totonacapan.
Católicas por el Derecho a Decidir.
María Sabina Martínez Pinto, Activista.
Ana Irene Muro Lagunes Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Boca del Río.
Belem Palmeros Exsome, MAMVBER.
Cristina Pérez Carmona, MAMVBER.
Magaly Emilia Corona García, MAMVBER.
Jazz Bustamante Hernández, Colectivo Soy Humano A.C.
Enma Obrador Garrido Domínguez, AMAM A.C
Reyna Martha Gil Rojas, Empoderando Mujeres A.C.
Ana Laura Ramírez Huitrón, Red de Trabajadoras de la Educación.
Erika Salinas Valadez, Coalición Nacional de Mujeres Rurales, A. C.
Anna Carina Chumacero, Huitzitzilin Organización Latinoamericana por la defensa y acceso DDHH para el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y de las mujeres A. C.
RED-TIC Por Los Derechos De Las Mujeres.
Mujeres Indígenas Popolucas Triqui de Texistepec, Veracruz.
Carolina Ramírez Suárez, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio en México.
Maria Guadalupe López Vélez, AMAM A.C.
Pro-Mujeres Veracruz
Iniciativa feminista Veracruz
Las Libertarias
Redefine Veracruz: Red de promotoras y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos.
