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21.01.2026 Xalapa, Ver.- Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, la fiscal general Lisbeth Jiménez Aguirre defendió el actuar de la institución, en los casos: del periodista Rafael N., de las investigaciones por presuntos actos de corrupción en la UPAV y de su postura frente a las recomendaciones de derechos humanos (CNDH).
La fiscal general del Estado, Lisbeth Jiménez Aguirre, rechazó categóricamente que la Fiscalía General del Estado (FGE) incurra en persecución contra periodistas, profesionistas o grupos específicos, al comparecer ante diputados del Congreso local para responder a diversos cuestionamientos sobre el actuar de la institución.
La titular de la FGE subrayó que las órdenes de aprehensión no constituyen actos de persecución, sino únicamente un medio legal para conducir a una persona ante un juez por hechos determinados. Aclaró que es el Poder Judicial el que define la clasificación legal de los delitos al momento de dictar el auto de vinculación a proceso.
En ese contexto, se refirió al caso del periodista Rafael N., del cual precisó que fue vinculado a proceso por los delitos contra las instituciones de seguridad pública y encubrimiento por favorecimiento, además de que se le impuso una medida cautelar, la cual sigue vigente.
“No hay una persecución sistemática por parte de esta fiscalía; somos respetuosos del ejercicio profesional de periodistas y comunicadores, cuya labor es ética y fundamental para la sociedad”, afirmó.
Delitos contra periodistas y avances en investigaciones.
Jiménez Aguirre informó que, en investigaciones por delitos cometidos contra periodistas y otros casos relevantes, se han desplegado grupos de policías ministeriales tanto de la Fiscalía Especializada como de la Fiscalía de Poza Rica. Reconoció que existen retos técnicos, como el desbloqueo de teléfonos para obtener información, pero aseguró que las investigaciones se realizan de manera exhaustiva y puntual.
“Por secrecía no puedo revelar líneas de investigación, pero tengan la certeza de que estamos siendo minuciosos, no solo cuando se trata de periodistas, sino en todos los casos donde hay víctimas, porque es nuestra obligación”, concluyó la fiscal general ante los legisladores.
Investigaciones por presuntos delitos en la UPAV.
En otro tema, Jiménez Aguirre explicó que las investigaciones relacionadas con la UPAV derivan de la imputación de delitos como ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias, abuso de autoridad, peculado e incumplimiento del deber legal, principalmente contra ex servidores públicos, entre ellos el ex rector y colaboradores cercanos.
Si bien reconoció que existen más personas implicadas, señaló que por la secrecía de las investigaciones y para garantizar su éxito, no es posible revelar nombres en este momento. No obstante, aseguró que las indagatorias no se limitan a quienes ejecutaron los actos, sino que abarcan toda la cadena de decisiones, autorizaciones y omisiones.
“Pueden tener la certeza de que no va a haber impunidad”, enfatizó.
Respecto a la reparación del daño, indicó que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla instrumentos como la inmovilización de cuentas y el embargo precautorio, los cuales serán utilizados para garantizar dicho derecho a las víctimas.
Recomendaciones de la CNDH.
Sobre las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la fiscal general sostuvo que su postura será valorarlas caso por caso, al considerarlas una oportunidad para mejorar institucionalmente. Detalló que ya aceptó dos recomendaciones de la CNDH y una de la Comisión Estatal, relacionadas con desaparición de personas y actos de tortura.
“Tenemos que identificar qué falló, fortalecer controles, capacitar al personal, pero también fincar responsabilidades a los servidores públicos que, con sus acciones u omisiones, afectaron el acceso a la justicia de las víctimas”, expresó.
Añadió que no puede existir una postura automática de aceptar o rechazar recomendaciones, sino analizarlas conforme a las circunstancias específicas de cada una, con el objetivo de evitar la repetición de violaciones y fortalecer a la institución.
