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23.01.2026 Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que asumirá la investigación sobre la muerte de Fernando Alan, un joven que le fue arrebatada la vida en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo militar en el que las fuerzas armadas perseguían a hombres armados.
De acuerdo con los primeros reportes, el fallecimiento ocurrió en un contexto de aparente confusión, cuando elementos castrenses habrían disparado contra el vehículo en el que viajaba el joven, creyendo que se trataba de integrantes de un grupo delictivo. Su familia acusa que fue un homicidio.
El caso, donde además dispararon a la novia de Alan que han dejado gravemente herida, generó conmoción en la comunidad y abrió un debate sobre el uso de la fuerza en operativos militares dentro de zonas urbanas.
Familiares de Fernando Alan exigieron justicia y señalaron que la víctima no tenía relación alguna con los hechos delictivos que se perseguían.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han pedido que la investigación se realice con transparencia y que se garantice la rendición de cuentas de las instituciones involucradas.
La FGR informó que se recabarán testimonios, peritajes balísticos y análisis de protocolos de actuación para determinar responsabilidades.
El desarrollo de los acontecimientos refleja la tensión que persiste en regiones como Sinaloa, donde la presencia de grupos armados ha llevado a las fuerzas federales a desplegar operativos constantes. Sin embargo, la participación militar en tareas de seguridad pública ha sido cuestionada por el riesgo de que se produzcan errores fatales, como el ocurrido en este caso.
Autoridades locales y militares confirmaron que se brindará acompañamiento a la familia de la víctima y que se colaborará con la FGR en la entrega de información y pruebas.
Como antecedente, México ha registrado diversos episodios en los que civiles han perdido la vida en circunstancias similares.
En 2010, en Nuevo León, dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey murieron durante un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes, lo que derivó en fuertes críticas hacia la Secretaría de la Defensa Nacional.
Entre otros casos 2014, en Apatzingán, Michoacán, un operativo federal dejó varios civiles muertos, entre ellos dos niñas, en un contexto de “confusión” sobre la identidad de los participantes. Más recientemente, en 2021, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se documentaron casos de uso excesivo de la fuerza por parte de elementos militares que resultaron en la muerte de estudiantes, mujeres, niñas, personas ajenas a los hechos.
Estos antecedentes muestran un patrón de errores en la identificación de objetivos durante operativos de alto riesgo, lo que ha alimentado la discusión sobre la pertinencia de que las fuerzas armadas continúen desempeñando funciones de seguridad pública.
El caso de Fernando Alan se suma a esta lista y coloca nuevamente en el centro del debate la necesidad de revisar protocolos, capacitar a los elementos y garantizar que la protección de la ciudadanía sea prioritaria en cualquier acción de seguridad.
La atracción del caso por parte de la FGR busca dar certeza jurídica y evitar que quede en la impunidad, en un momento en que la sociedad mexicana exige mayor transparencia y responsabilidad en el actuar de las instituciones encargadas de la seguridad nacional.
