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04.05.2026 Ciudad de México. En un giro que contrasta con otros expedientes recientes de alto perfil-como el caso de Rubén Rocha Moya- la Fiscalía General de la República decidió apretar el paso en la investigación del operativo en la Sierra del Pinal, en Chihuahua, al confirmar que citará a declarar a cerca de 50 personas y que mantiene bajo revisión la actuación de autoridades estatales, incluido el entorno de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
El nuevo posicionamiento de la Fiscalía no abre la investigación, que ya estaba en curso desde finales de abril, pero sí marca una diferencia en la forma en que se está conduciendo: lejos de moderar el tono, la institución reiteró que agotará todas las líneas de investigación, especialmente aquellas relacionadas con la posible participación o conocimiento de autoridades locales sobre la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.
El expediente se originó tras la muerte de cuatro personas durante un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en el municipio de Morelos. Dos de ellas fueron identificadas como agentes extranjeros que participaban en tareas vinculadas a una investigación estatal, lo que encendió alertas sobre la legalidad de su intervención.
Ahora, el foco está en reconstruir con precisión cómo se diseñó y ejecutó ese operativo. “Se están realizando diligencias para verificar las autorizaciones, acreditaciones y condiciones jurídicas bajo las cuales actuaron los involucrados”, indicó la FGR, al confirmar que ha girado requerimientos a distintas instancias de gobierno.
“Como parte de los trabajos realizados por la FGR, hemos logrado avanzar con la indagatoria, por lo que cerca de 50 personas que participaron en el operativo llevado a cabo en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, están siendo citadas a efecto de ser entrevistadas en los próximos días”.
“Asimismo, se han realizado requerimientos de ley, dirigidos a diversas autoridades, para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, el conocimiento de esta circunstancia por parte de las autoridades del Gobierno de Chihuahua y las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido”, señaló el vocero.
Fuentes federales explican que no se trata solo de esclarecer las muertes, sino de determinar si hubo irregularidades en la coordinación entre niveles de gobierno o incluso violaciones a la legislación en materia de seguridad nacional.
El énfasis en Chihuahua resalta en el contexto reciente, donde otros casos con implicaciones similares no han mostrado el mismo ritmo de judicialización o presión pública. En este expediente, en cambio, la Fiscalía ha optado por sostener una línea firme y visible, con mensajes reiterados sobre la necesidad de deslindar responsabilidades sin excepciones.
“La investigación será exhaustiva y se actuará contra quien resulte responsable”, reiteró la institución, en voz de Ulises Lara, dejando claro que el análisis incluye no solo a quienes participaron directamente en el operativo, sino también a quienes pudieron haber autorizado o permitido condiciones irregulares.
“La Fiscalía General de la República reitera que investigará de manera exhaustiva lo ocurrido, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable ante la presencia de personas extranjeras, al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional”, advierte.
En el entorno político, la mención indirecta a autoridades estatales ha generado lecturas encontradas. Mientras algunos sectores consideran que se trata de una investigación necesaria ante posibles fallas graves, otros advierten un trasfondo político en la insistencia federal sobre el caso de la gobernadora de oposición previo a unas elecciones de gran envergadura en Chihuahua.
Especialistas en seguridad coinciden en que el punto más delicado será determinar si los agentes extranjeros vinculados a la Central Intelligence Agency, contaban con respaldo legal para operar en México. De no ser así, el caso podría escalar a implicaciones diplomáticas y penales de mayor alcance para el gobierno de Chihuahua.
