*Dice que todas las víctimas llegaron a un acuerdo compensatorio.
08.04.2026 Ciudad de México.- De acuerdo a la Fiscalía General de la Republica se agotaron todas las líneas de investigación para determinar la causa del percance y los delitos relacionados con el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca que dejó un saldo oficial de 13 personas fallecidas y casi 100 personas lesionadas.
Informa FGR en comunicado que Ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal acreditaron la comisión de homicidio y lesiones culposas, con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho. Como resultado se obtuvieron órdenes de aprehensión y cateo, además de autos de vinculación a proceso.
Respecto al delito de daño en bienes, la empresa otorgó el perdón de parte ofendida. En cuanto a ataques a las vías generales de comunicación, los dictámenes periciales descartaron esta hipótesis al comprobar que la infraestructura cumplía con la norma. También se descartaron delitos de uso ilícito de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público, tras revisar auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sin hallazgos penales en los contratos revisados.
La FGR destacó que, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se alcanzaron acuerdos reparatorios mediante justicia alternativa. Hasta ahora, 145 personas han recibido reparación integral del daño, lo que implica la extinción de la acción penal.
La institución subrayó que su actuación se orientó en todo momento por los fines del proceso penal: esclarecer los hechos, proteger a las personas inocentes, evitar la impunidad y garantizar la reparación de los daños. El informe conclusivo de la investigación ya puede ser consultado en la página oficial de la FGR.
COMUNICADO
La Fiscalía General de la República (FGR) agradece su interés en este mensaje que ofrecemos a la ciudadanía para dar a conocer las conclusiones de la indagatoria del siniestro ferroviario ocurrido en la línea Z del Tren Interoceánico, la cual agotó todas las líneas de investigación posibles para determinar la causa del percance y los delitos relacionados con este lamentable hecho.
Antes que nada, quiero externar de nueva cuenta nuestra solidaridad con las víctimas y las familias que perdieron a un ser querido.
Tengan la certeza que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar la impunidad.
Quiero ser muy enfática, en que la institución a mi cargo realizó todos los trabajos necesarios para llevar a buen puerto esta investigación.
Ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como facilitadores del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, han realizado un exhaustivo trabajo que nos ha permitido llegar a los resultados que hoy presentamos.
Como resultado de las indagatorias, dichos ministerios públicos, luego de integrar cuatro carpetas de investigación, acreditaron fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho, razón por la cual, la investigación se llevó ante un juez oportunamente, con lo que se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo, y posteriormente se desarrolló audiencia inicial en la que se obtuvieron autos de vinculación a proceso.
Por lo que hace al delito de daño en bienes, la empresa decidió otorgar el perdón de parte ofendida.
En cuanto al delito de ataques a las vías generales de comunicación, lo descartamos con los dictámenes periciales en materia de arquitectura e ingeniería civil, así como con el de seguridad industrial, después de una minuciosa inspección y toma de muestras, con el que se comprobó que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplen con la norma.
En lo que se refiere a los delitos de uso ilícito de atribuciones y de ejercicio indebido del servicio público, lo descartamos con base en la información debidamente proporcionada por la empresa ferroviaria, así como por el análisis de seis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras seis auditorías y cinco expedientes de investigación ya concluidos por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, relativos a 41 contratos públicos, relacionados con la vía, adquisición del material moviente y el mantenimiento a ambos, en todos los casos sin observaciones penales que denunciar por ambas dependencias.
Además, con las diligencias ministeriales y periciales en materia de ingeniería y arquitectura, topografía y seguridad industrial, se corroboró que la calidad de los elementos de la vía en el punto del siniestro y de las condiciones de la locomotoras y vagones, cumplen con la norma aplicable.
Derivado de la disposición que la empresa responsable demostró con las víctimas y con los ofendidos, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de esta FGR, las personas agraviadas optaron por concluir el conflicto a través de la justicia alternativa, lo que implica, la firma de acuerdos reparatorios.
Hasta ahora, 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal.
Estos acuerdos, contemplados en la Constitución y en la ley, ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada.
La Fiscalía General de la República, al privilegiar en todo momento la protección de las víctimas y los ofendidos, cumplió con sus funciones constitucionales y legales, orientada en todo momento por los fines del proceso penal, relativos al esclarecimiento de los hechos, la protección a las personas inocentes, procurando que los culpables no quedaran impunes y que los daños causados por los delitos cometidos fueran reparados.
A partir de este momento, el Pueblo de México puede consultar en la página oficial de la institución un informe conclusivo de la investigación.
Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie.
