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27.07.2026 Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que la investigación sobre la presunta red de contrabando de hidrocarburos por vía férrea, considerada una de las más grandes detectadas en México, no obedece a motivaciones políticas, sino a una indagatoria técnica y progresiva que ha permitido documentar una operación que habría provocado un daño patrimonial superior a los cuatro mil millones de pesos a la Hacienda Pública.
En un comunicado difundido este lunes, la institución explicó que las pesquisas comenzaron tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, los cuales representaban un riesgo para la población debido a las altas temperaturas y a que se desconocía el tipo de sustancia que transportaban.
A partir de ese descubrimiento, peritos de la FGR realizaron inspecciones, tomaron muestras y emitieron diversos dictámenes para identificar el contenido de los tanques, además de implementar medidas para preservar los indicios y garantizar la seguridad en la zona.
Sin embargo, la investigación dejó de centrarse únicamente en esos ferrotanques y se amplió hacia toda la cadena logística utilizada para movilizar el combustible. Las diligencias permitieron localizar otras unidades relacionadas con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Según la Fiscalía, estos ferrotanques presentaban un patrón similar: en la documentación aduanera únicamente se declaraba alrededor del 10 por ciento del volumen real transportado, lo que permitió reconstruir la ruta ferroviaria utilizada para introducir hidrocarburos al país mediante presuntas operaciones irregulares.
La dependencia federal indicó que lo que inicialmente parecía un caso aislado terminó revelando una compleja estructura logística con centros de recepción, almacenamiento y distribución en diversas entidades del país.
Durante la investigación, el análisis de pedimentos aduanales, facturas, cartas porte, registros ferroviarios y documentos corporativos permitió identificar a la empresa importadora considerada como eje de la operación.
De acuerdo con la FGR, la sociedad mercantil fue constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México por José “N” y dos personas morales. Posteriormente, en octubre del mismo año, Ernesto “N” ingresó a la estructura societaria mediante su incorporación al capital variable de la empresa.
La Fiscalía detalló que para 2021 Ernesto “N” ya aparecía formalmente como accionista y había sido nombrado secretario del Consejo de Administración, participando junto con José “N” en la representación legal de la empresa y en la toma de decisiones estratégicas.
Asimismo, sostuvo que ambos comparecieron de manera conjunta en diversos actos corporativos, modificaciones de la sociedad y otorgamiento de poderes relacionados con actividades administrativas, comercio exterior, trámites ante autoridades fiscales y aduaneras, así como en la operación general de la empresa.
La institución enfatizó que fueron precisamente las investigaciones ministeriales las que permitieron identificar la posible participación de las personas actualmente vinculadas a proceso, por lo que rechazó los señalamientos de que exista una persecución política detrás del caso.
“Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política”, sostuvo la dependencia.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía descubrió además que la empresa modificó posteriormente su objeto social para incorporar actividades relacionadas con la importación, exportación, almacenamiento, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias y otros servicios del sector energético, elementos que adquirieron relevancia para integrar la carpeta de investigación.
Hasta el momento, la FGR informó que ha reunido 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales en química para identificar el tipo de hidrocarburo asegurado; estudios en ingeniería mecánica y eléctrica para establecer la capacidad real de los ferrotanques; peritajes fotográficos y de criminalística para documentar y preservar los indicios, así como análisis especializados para determinar si el combustible correspondía a gasolina o diésel.
La institución señaló que el caso se fortaleció gracias al trabajo de campo, inteligencia financiera, revisión documental, análisis pericial y coordinación con diversas autoridades, lo que permitió reconstruir el funcionamiento de una presunta red especializada en la importación irregular de combustibles.
Respecto al impacto económico, la FGR explicó que, por ahora, la imputación formal considera un daño superior a los 100 millones de pesos derivado del contrabando relacionado con 170 ferrotanques asegurados durante julio de 2025.
No obstante, precisó que el intercambio de información entre la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) permitió detectar más de cuatro mil operaciones presuntamente irregulares realizadas durante el primer semestre de 2025, las cuales podrían representar un perjuicio superior a los cuatro mil millones de pesos para el erario federal.
La Fiscalía aclaró que esa cifra todavía deberá acreditarse durante la etapa de investigación complementaria mediante la incorporación de nuevos elementos de prueba.
En el mismo comunicado, la dependencia respondió a los cuestionamientos sobre la prisión preventiva impuesta a Ernesto “N”, al recordar que el delito de delincuencia organizada está contemplado en la Constitución como uno de los ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que las personas imputadas por ese delito deben enfrentar su proceso penal privadas de la libertad.
La FGR insistió en que Ernesto “N” no está siendo investigado por sus ideas, actividad política o vínculos partidistas, sino por su probable participación en hechos que la ley considera constitutivos de delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos y la delincuencia organizada.
Finalmente, la institución reiteró que todas las actuaciones ministeriales se han desarrollado conforme al marco legal, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas, al tiempo que sostuvo que continuará fortaleciendo la investigación para esclarecer el alcance de la presunta red de contrabando de combustibles que operaba mediante el sistema ferroviario nacional.