*
27.10.2026 Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no cuenta con elementos suficientes para iniciar una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el senador morenista Adán Augusto López Hernández por su presunta relación con el caso de huachicol fiscal.
El pronunciamiento se difundió este martes 27 de octubre, luego de que el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido y procesado por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos, mencionara a ambos políticos durante una entrevista con Azteca Noticias.
La Fiscalía sostuvo que los señalamientos expuestos públicamente no aportan, por ahora, sustento jurídico suficiente para abrir una indagatoria contra los dos morenistas. En su explicación, calificó las referencias como testimonios de oídas, debido a que aluden a información atribuida a otras personas y no constituyen por sí mismas elementos sólidos para acreditar una posible participación delictiva.
La dependencia pidió a Farías Laguna presentar formalmente las pruebas que respalden sus afirmaciones ante las autoridades judiciales correspondientes. También puntualizó que los argumentos y elementos que el imputado considere pertinentes para su defensa deben plantearse conforme al debido proceso, no mediante declaraciones en medios de comunicación.
Durante la entrevista, el exmando naval negó haber participado en la red criminal que se le atribuye y cuestionó la investigación en su contra. Al ser interrogado sobre López Beltrán y López Hernández, respondió afirmativamente respecto de su presunta relación con los hechos, pero hizo referencia a declaraciones que, según él, figuran en expedientes ministeriales. Esos señalamientos no equivalen a una acreditación de responsabilidad penal.
La FGR aclaró que la decisión de no iniciar, por el momento, una investigación contra ambos políticos no significa que el caso de contrabando de combustible haya concluido. La institución informó que continúa integrando las indagatorias relacionadas con Rubén Alfonso Vargas Suárez y Luis Jorge Goicoechea Sotomayor, exfuncionarios vinculados con la administración aduanera y portuaria de Tampico.
El expediente está relacionado con el buque Challenge Procyon, asegurado en marzo de 2025 en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en una operación en la que se detectaron alrededor de 10 millones de litros de hidrocarburos presuntamente introducidos al país mediante irregularidades fiscales y aduaneras.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, 17 personas han sido detenidas y sometidas a proceso penal por su presunta participación en la trama. Las investigaciones buscan esclarecer cómo se organizó el ingreso del combustible, qué servidores públicos habrían facilitado las operaciones y qué empresas o particulares pudieron beneficiarse de la importación irregular.
El caso de huachicol fiscal se refiere al ingreso y comercialización de combustibles mediante mecanismos presuntamente diseñados para evadir impuestos y controles aduaneros. A diferencia del robo de combustible directamente de ductos, esta modalidad se relaciona con operaciones de importación, documentación y clasificación fiscal presuntamente fraudulentas.