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14.05.2026. Veracruz.- La Fiscalía General de la República (FGR) aportó datos de prueba que resultaron contundentes para que un juez vinculara a proceso a nueve policías estatales de Veracruz.
El ilícito ocurre cuando policías estatales utilizaron una patrulla para privar de la libertad a sus víctimas en la ciudad de Xalapa.
De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de una tienda de conveniencia ubicada dentro de una estación de servicio en la colonia SIPEH Ánimas, en la capital veracruzana.
Las víctimas habrían sido interceptadas y subidas a una patrulla tipo pick up presuntamente perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para luego ser torturadas.
Aunque las personas afectadas recuperaron su libertad al día siguiente, las investigaciones continuaron para esclarecer lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades de quienes participaron en el ilegal operativo.
La aprehensión se dio con base en el trabajo de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), luego de dar cumplimiento a órdenes de aprehensión en contra de Jorge “N”, Artemio “N”, Sergio “N”, Jesús “N”, Yadira “N”, Aarón “N”, Yael “N”, Conrado “N” y Lino “N”, ex servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, posiblemente participaron en el secuestro y tortura de cinco víctimas en los meses de julio y septiembre de 2023.
Posteriormente fueron presentados ante la autoridad jurisdiccional adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz y, el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo su vinculación a proceso por la probable comisión en los delitos de secuestro agravado y tortura.
Asimismo, se decretó prisión preventiva oficiosa, y se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
En un comunicado la Fiscalía General de la República reitera su compromiso con las víctimas y con la sociedad para el esclarecimiento de los hechos, así como para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia.
“A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, determina.