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La Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de ernestina Godoy reactivó la carpeta de investigación contra la columnista María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por su probable intervención en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, en relación con la pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el suicidio de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrido el 7 de octubre de 2004.
De acuerdo con la información disponible difundidas Pur diversos medios este viernes, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó una audiencia inicial ante un juez federal, que marca el inicio formal del proceso penal y se apoya en el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal.
El diario oficialista La Jornada informó que Márquez Padilla ingresó a Pemex el 1 de junio de 2004 como coordinador ejecutivo de una dirección corporativa durante el sexenio de Vicente Fox y falleció 129 días después, tras caer de una ventana de la oficina, según lo expuesto públicamente en mayo de 2024 por el entonces director de Pemex, Octavio Oropeza, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Ese contexto fue parte de una secuencia de señalamientos oficiales que derivaron en la suspensión y posterior litigio por la pensión, antes de la actual fase de judicialización.
Se reporta que la FGR imputará a Casar el delito mencionado, vinculado con la pensión vitalicia, y que la solicitud de audiencia fue presentada contra Casar y dos personas más.
Reportes adicionales señalan que la causa fue llevada ante tribunales con una audiencia clave programada para el 16 de diciembre, lo que confirma la escalada procesal del caso.
La prensa local ha documentado que, en febrero de 2024, Pemex suspendió el pago de la pensión y que un juicio de amparo promovido por Casar ordenó su restitución mientras se revisa el fondo del asunto, antecedente que dialoga con la nueva ofensiva judicial de la FGR.
Se recuerda que MCCI fue una de las organizaciones periodísticas y cívicas que más investigaciones publicó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y que su labor fue reiteradamente vinculada -desde la narrativa oficial- con empresarios de la oposición, entre ellos Claudio X. González, dato que reaparece en coberturas del caso actual.
Hasta el cierre de las notas consultadas hoy, no se consignan declaraciones públicas directas de María Amparo Casar sobre esta nueva judicialización; los materiales revisados se concentran en el movimiento procesal y en antecedentes administrativos y mediáticos, sin incluir un posicionamiento propio de la columnista en esta jornada.
Contexto institucional y precedentes del caso Pemex
La controversia por la pensión vitalicia se volvió un asunto público desde las conferencias matutinas de mayo de 2024, cuando se expusieron circunstancias de la muerte de Márquez Padilla y detalles del otorgamiento del beneficio, así como su suspensión por Pemex meses después.
La judicialización anunciada por la FGR , de la primeras acciones de la recién nombrada fiscal de la república, no solo cierra un ciclo que pasó por actos administrativos, difusión de datos y litigios de amparo, con efectos colaterales en la esfera de protección de datos personales,bsini crea un oreced nte en el actuar de la FGR, que está siendo cuestionado por presuntamente escalar la persecución política de los opositores del régimen. .
Se suma además a qué en su último año el INAI abrió líneas de investigación por la difusión de datos de Casar desde Presidencia, un episodio que cruzó la frontera entre disputa legal y exposición pública de información sensible.
Perfil público y relevancia de MCCI
MCCI se consolidó como actor central de la rendición de cuentas durante el sexenio de AMLO, con series de investigaciones sobre contrataciones, uso de recursos y redes de poder, que generaron fricción con el Ejecutivo y con empresas y dependencias señaladas.
Esa visibilidad se acompañó de acusaciones políticas sobre financiamiento y vínculos con empresarios opositores, entre ellos Claudio X. González, lo que elevó la polarización alrededor de sus pesquisas y de sus vocerías, incluida la de Casar.
Lo que sigue en la ruta judicial y los escenarios
El paso a tribunales y la solicitud de audiencia inicial abren un proceso penal donde se definirá si la imputación prospera con medidas cautelares o si se privilegia la vía de debate técnico sobre la naturaleza y legalidad de la pensión de viudez.
La referencia al artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal marca un terreno que tradicionalmente alcanza a servidores públicos y a particulares que se benefician de decisiones administrativas presuntamente ilícitas, por lo que el caso puede sentar criterios sobre responsabilidad en prestaciones y sobre cargas probatorias cuando el beneficiario es externo al ente público
La fecha de audiencia señalada por medios para el 16 de diciembre y los antecedentes de amparo sugieren un expediente con ramificaciones administrativas y constitucionales.
No se registran, al momento, declaraciones públicas de María Amparo Casar en esta jornada; cualquier posicionamiento posterior requerirá contraste con la carpeta judicial y con los actos de la autoridad.
Permanecen abiertos los ángulos sobre el estándar probatorio que buscará la FGR, la congruencia entre el régimen de pensiones aplicable en 2004 y las imputaciones actuales, y el impacto de este litigio en garantías de ejercicio periodístico y cívico en un clima de alta confrontación política.
