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29.04.2026 Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República informó que analiza conforme a la ley las solicitudes enviadas por el Gobierno de Estados Unidos para la detención provisional con fines de extradición de funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, y subrayó que hasta ahora la documentación recibida no presenta pruebas suficientes para sustentar de inmediato ese procedimiento.
La institución señaló que, tras la notificación oficial realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, corresponde a la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales revisar cada expediente para determinar si existen elementos jurídicos y probatorios que permitan avanzar legalmente en territorio mexicano.
De forma paralela, la FGR abrió una investigación propia para recabar información adicional y establecer si las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses cuentan con base legal suficiente para promover órdenes de aprehensión en México.
La dependencia recordó que la legislación nacional exige datos de prueba concretos para solicitar acciones penales ante jueces federales, mientras que el tratado bilateral de extradición establece que cualquier entrega solo procede cuando las evidencias cumplen con los estándares legales del país requerido.
Según la postura oficial, la solicitud estadounidense carece por ahora de evidencia contundente que respalde plenamente los señalamientos expuestos.
La Fiscalía también manifestó preocupación por la difusión pública del caso, al señalar que este tipo de procedimientos debe mantenerse bajo estricta confidencialidad, como lo marcan acuerdos internacionales, normas diplomáticas y disposiciones procesales tanto mexicanas como estadounidenses.
Además, recordó que en casos que involucren a gobernadores o senadores en funciones, la legislación mexicana obliga a realizar primero un juicio de procedencia para retirar inmunidad procesal antes de cualquier acción penal.
La FGR sostuvo que actuará con apego absoluto al marco constitucional, a la soberanía nacional y al debido proceso, insistiendo en que ninguna acción puede ejecutarse fuera de los cauces legales establecidos.
