*A Juicio de Amparo.
/ María Amparo Casar /
Han sido aprobadas decenas de reformas constitucionales y leyes secundarias que son incomprensibles para los ciudadanos, incluidos los medianamente informados. Ya no se diga para lo que éste y el anterior gobierno han dado en llamar el “pueblo bueno”.
Son reformas y leyes que entienden un grupo selecto casi. Reformas y leyes, diríamos, para iniciados. El problema es que sus consecuencias las pagan los hombres y mujeres comunes y corrientes. El ciudadano común, las personas físicas y morales (privadas) no tiene ni la menor idea de en qué consisten o cómo impactarán su vida diaria, su contacto con la justicia, el desarrollo de sus negocios o su derecho a llevar una vida privada alejada del ojo público porque les gusta o porque han elegido una existencia que nada tenga que ver con las actividades y negocios públicos. En esta tesitura está la inmensa mayoría de los y las mexicanas.
Pues ahora, para que se sepa, toda esa inmensa mayoría de mexicanos y mexicanas estará literalmente fichada por si se llegara a ofrecer. Rigurosamente vigilada. En este país la presunción de culpabilidad se va haciendo costumbre y ha llegado a convertirse en norma. Cuando así se juzga pertinente, está por encima de la presunción de inocencia.
Fichada por la instauración de la CURP biométrica (con huellas dactilares, escaneo del iris e imagen facial). Una identificación que a decir de la propia presidenta no es obligatoria: “estamos orientando a que se haga, pero a nadie se le obliga a que lo haga”. No, no existe la obligación legal pero tus derechos ciudadanos te podrán ser negados si no cuentas con ella. Hoy necesitas la CURP para tramitar una licencia de conducir, obtener un acta de nacimiento, matrimonio o defunción, para contratar servicios públicos, para la inscripción y acceso a programas sociales del gobierno y cobro de pensiones. También te la piden para solicitudes de empleo, expedientes laborales, apertura de cuentas bancarias o inscripción a un seguro.
Fichada porque el Centro Nacional de Inteligencia y con quien ese Centro decida compartir la información pueden hacer investigaciones profundas de una persona por la simple presunción de que tus actividades o tu persona constituyen un riesgo y amenaza que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el Estado de Derecho.
¿Quieren un ejemplo de qué se puede hacer con una ley una plataforma de este tipo? Trump pidió la entrega de los registros de Medicare y Medicaid (los programas conjuntos federal y estatal que ayudan a cubrir los costos médicos de personas de bajos ingresos, ancianos y discapacitados) a las autoridades migratorias y de deportación para facilitar la identificación, localización y detención de migrantes. Una “buena” manera de allegarse información que en principio debería de estar reservada.
Desde luego las exposiciones de motivos de estas normas reformadas siempre aluden a sus buenos propósitos y a las bondades para que vivamos en paz y en libertad. Estos propósitos y bondades son los que aparecen en el discurso oficial. Nuestro conocimiento de ellas se reduce a los beneficios que ellas traerán para acabar con el crimen organizado y la delincuencia que asola a cada vez un mayor porcentaje de la población.
Pero no es así. Son reformas y leyes que se meten en la privacidad de los ciudadanos a niveles no vistos ni en la historia de México ni de ninguna democracia.
¿Por qué Ley Espía? Porque se monta una Plataforma Central de Inteligencia Nacional alimentada por todos los registros públicos y privados que existen en el país. No es totalmente claro quién o quiénes, bajo que circunstancias, con qué procedimientos o con qué propósitos se puede acceder a esta Plataforma, pero ella será operada por el Centro Nacional de Inteligencia (el antiguo CISEN). Un centro que no solo recaba información, sino que opera junto con la SEDENA, la Marina y la Guardia Nacional para “preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”.
Esto sin contar las vulnerabilidades que supone que un sólo ente público concentre todos los datos sobre cualquier persona. Esto es, sin contar con el ángulo de la vulnerabilidad de la Plataforma que bien relata Luis Eugenio Navarro en su reciente artículo La Amenaza detrás de la Ley de Inteligencia (Nexos Julio 25, 2025). Un incidente de seguridad o un ciberataque por parte del crimen organizado o grupos criminales les otorgaría una información sumamente delicada que dejaría a la población a expensas del crimen organizado. Una población que podrá ser fichada por quien quiera que tenga la tecnología para penetrar la plataforma. Y vaya que el crimen organizado la tiene.
O sea, no sólo tendríamos que confiar en el buen uso que le daría el Estado mexicano a la Plataforma -que desde luego no podemos dar por sentado- sino que nuestras hojas de vida estarán a disposición de quien quisiera extorsionarnos, defraudarnos o suplantar nuestras identidades para cualquier fin.
Así que, adiós a la privacidad y el resguardo debido de los datos personales.
