*El Tribunal de La Haya inicia el procedimiento para las órdenes de arresto de al menos 5 personas.
20.05.2024. Xalapa, Ver.- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha solicitado este lunes al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como el líder de Hamas, Yahya Sinwar, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El fiscal ve “motivos razonables” para creer que el primer ministro israelí “tiene responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.
Asimismo, ha detallado que las órdenes de arresto afectan igualmente al jefe del ala militar del grupo, Mohamed Diab al Masri, conocido como ‘Abú Deif’; y el jefe del brazo político de la formación, Ismail Haniye, por “responsabilidad penal por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Israel y el Estado de Palestina” desde el 7 de octubre.
El fiscal solicita autorización a los jueces para emitir las órdenes de arresto. Se trata de un primer paso para poder detener y juzgar en la Corte Penal Internacional a las citadas cinco personas.
En el caso de los mandatarios israelíes, entre los crímenes de los que responsabiliza a ambos funcionarios está el uso del hambre como “método de guerra” contra los civiles y el “asesinato intencionado”.
“Mi Oficina sostiene que las pruebas que hemos recopilado, incluidas entrevistas con sobrevivientes y testigos, material de vídeo, foto y audio autenticado, imágenes satelitales y declaraciones del grupo de presuntos perpetradores, muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”, argumenta Khan.
Destaca que las solicitudes presentadas hoy a los jueces son “resultado de una investigación independiente e imparcial” de su oficina.
En el caso de los líderes de Hamás, Khan los considera “penalmente” responsables de “crímenes de guerra y lesa humanidad” cometidos en territorio de Israel y el Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre de 2023, lo que incluye “el asesinato de cientos de civiles israelíes” en ataques perpetrados por Hamas y otros grupos armados, así como “la toma de al menos 245 rehenes”.
El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha tildado de “escandalosa” la decisión de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional: “Esta escandalosa decisión del fiscal general del TPI en La Haya es un ataque frontal y sin límites contra las víctimas del 7 de octubre y a nuestros 128 secuestrados en Gaza”
Ha criticado que el comunicado de la oficina encabezada por Karim Khan “mencione” a Netanyahu y a Gallant “junto a los abominables monstruos nazis de Hamás”, lo que ha descrito como “una desgracia histórica que será recordada para siempre”.
Así, ha desvelado que ha dado orden para crear “inmediatamente” un “comité especial en el Ministerio de Exteriores” con el objetivo de “luchar contra esta decisión, que tiene como principal objetivo atar las manos al Estado de Israel y negarle su derecho a la autodefensa”, según un comunicado publicado por la cartera diplomática israelí.
Asimismo, el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha sostenido en un mensaje en su cuenta en X que el anuncio de Khan supone “poner al mismo nivel al primer ministro y al ministro de Defensa de Israel con los líderes de Hamás” y ha agregado que “demuestra que enviar representantes a las vistas del tribunal antisemita fue un grave error desde el inicio”.
En esta línea, el ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha sostenido que “no se ha visto una mayor muestra de hipocresía y odio hacia los judíos como las del tribunal de la Haya desde la propaganda nazi”.
Hamás dice que “llega siete meses tarde”
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado este lunes que la petición por parte de la Fiscalía “llega siete meses tarde”, y ha denunciado “un intento de equiparar a la víctima con el ejecutor” al reclamar igualmente órdenes similares contra tres altos cargos del grupo islamista palestino.
El grupo ha criticado que la petición de Khan afecte “sólo a dos criminales de guerra de la entidad sionista”, y ha reafirmado que la decisión “llega siete meses tarde, en los cuales la ocupación israelí ha cometido miles de crímenes contra civiles palestinos, incluidos niños, mujeres, médicos y periodistas, destruyendo propiedad privada y pública, mezquitas, iglesias y hospitales”.
Así, ha subrayado que Khan debió presentar esta solicitud contra “todos los funcionarios de la cúpula de la ocupación que dieron las órdenes”, contra “los soldados que participaron en la comisión de crímenes”, y contra “todos aquellos que ordenaran, instigaran, cometieran, apoyaran o fracasaran a la hora de adoptar medidas para evitar estos crímenes”.
Colaboración de los países
El Estatuto de Roma, piedra angular del TPI, establece que esta corte no puede juzgar a ningún acusado ‘in absentia’, por lo que necesita que el individuo en cuestión se siente físicamente en el banquillo y responda en persona por los crímenes que se le imputan. La detención es, por tanto, condición imprescindible para llegar a juicio.
Sin embargo, la corte no dispone de una institución propia capaz de ejecutar el arresto, y delega esta responsabilidad en los Estados miembro. Actualmente, 124 países han suscrito el Estatuto de Roma, y dentro de ellos no están ni Israel ni Estados Unidos, su principal valedor internacional. Además, Netanyahu no ha viajado al extranjero desde los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre.
El TPI, de hecho, tiene pendiente la detención de más de una decena de personas que suman entre todas ellas más de 200 cargos relativos a crisis en República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Libia, Costa de Marfil, la región sudanesa de Darfur y Ucrania, en este último caso con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como gran protagonista de la ‘lista negra’. Sobre Putin pesa una orden de arresto desde marzo de 2023 por el traslado de niños ucranianos.
El TPI reconoce que, cuando dicta una orden de arresto y tiene indicios “razonables” para pensar que un determinado individuo ha cometido delitos que caen dentro de su jurisdicción, requiere de la colaboración de los países. No obstante, recuerda en sus documentos que para arrestar a un prófugo no es necesario haber firmado el Estatuto de Roma y que en el pasado ya pidió la colaboración de países externos.
Además, y aunque los países firmantes del Estatuto de Roma tienen la obligación de ejecutar las órdenes de detención que haya pendientes, no sería la primera vez que un país hace sus particulares equilibrios. En 2015, Sudáfrica evitó detener al entonces presidente de Sudán, Omar al Bashir, alegando que tenía inmunidad por acudir a una cumbre de la Unión Africana.
