- En la imagen que comparte sigue apareciendo el concepto.
26.12.2025 Veracruz.- Tras los señalamientos por haber imputado inicialmente el delito de terrorismo a un reportero policiaco en Coatzacoalcos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz emitió un nuevo comunicado en el que ya no se menciona dicho cargo, con excepción de la imagen.
En el documento oficial se precisa que la imputación contra Rafael “N” se limita a encubrimiento por favorecimiento, delitos contra las instituciones de seguridad pública y el previsto en el artículo 311 del Código Penal estatal.
El comunicado detalla que la imputación se formuló el 24 de diciembre de 2025 y que el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia inicial continuará el 30 de diciembre a las 07:00 horas, momento en que el juez de control resolverá su situación jurídica.
La omisión del concepto de terrorismo en la versión más reciente del caso ocurre después de que organizaciones defensoras de la libertad de expresión y medios nacionales cuestionaran la proporcionalidad de la acusación contra un comunicador.
El señalamiento de terrorismo había generado alarma en el gremio periodístico y en organismos internacionales, que advirtieron sobre el riesgo de criminalizar la labor informativa.
Paralelamente, indagaciones periodísticas locales y de articulo 19 han difundido otra línea de interpretación: el caso podría estar vinculado a una venganza personal de una influyente abogada contra el reportero.
En un video que circula en redes sociales se observa a la hija de la abogada en un accidente vial y se escucha a la propia litigante reclamar al comunicador por grabar y exhibir a personas sin su consentimiento. En la grabación, la abogada amenaza con denunciarlo, lo que ha alimentado la hipótesis de que la detención responde más a un conflicto personal que a hechos de carácter penal.
El contraste entre la acusación inicial de terrorismo y la versión oficial más reciente, junto con las versiones de venganza personal, coloca al caso en el centro de la atención pública.
El hijo del reportero de nota roja refiere que hay un presunto testigo que afirma que el comunicador recibe dinero del crimen organizado.
La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas ha intervenido para acompañar judicialmente al reportero, mientras que la prensa nacional y organismos internacionales continúan vigilando el proceso.
El desenlace de la audiencia del 30 de diciembre será clave para definir si la imputación se sostiene en pruebas sólidas o si se confirma que el caso refleja un uso desproporcionado del aparato judicial frente a un comunicador.
