*IMPRONTA.
/Carlos Miguel Acosta Bravo/
La petición expresa para la revisión de los recursos federales utilizados por el gobernador de Nuevo León, Samuel García (Movimiento Ciudadano), así como las acciones contra los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste en Veracruz, representan un episodio preocupante de lo que analistas han denominado “fiscalización selectiva con tintes partidistas”, donde el uso de instituciones de control parece tener más un objetivo político contra un partido específico que una búsqueda genuina de rendición de cuentas.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León a analizar e investigar las presuntas “triangulaciones” de recursos públicos y gastos irregulares en publicidad vinculados al gobernador Samuel García.
Los argumentos del dictamen incluyen la existencia demás de 4 mil millones de pesos pendientes de solventar en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esquemas de triangulación financiera con depósitos directos o indirectos a despachos jurídicos privados o entes vinculados a servidores públicos. Transferencias a despachos privados y gastos de propaganda. Presuntos sobrecostos e irregularidades en obras públicas y contratos de servicios.
El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, solicitó a la ASF auditar las obras emblemáticas de Samuel García, incluyendo: Las obras del Metro; Los proyectos relacionados con el Mundial de Futbol; La Carretera Interserrana; Proyectos hidráulicos; Otras obras ejecutadas con recursos federales.
El gobernador de Movimiento Ciudadano ha respondido que las acusaciones carecen de sustento legal, pues se trata de un tema que ya fue revisado por diversas instancias.
García detalló que el caso ha pasado por el filtro de múltiples instituciones: “Gobierno Federal, el SAT, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León y la Fiscalía de Nuevo León ya determinaron que no existe ninguna ilegalidad y ninguna triangulación. Cuatro diferentes autoridades”. Además, dijo que la ASF también revisó los pagos del ejercicio 2022 sin emitir observaciones.
Samuel García enfrenta además un juicio político en el Congreso de Nuevo León. Una jueza federal de Monterrey le otorgó un amparo que impide al Pleno del Congreso emitir un dictamen definitivo.
El Congreso de Nuevo León ha pedido a la Suprema Corte revocar la suspensión del juicio político, y diputados locales presentaron recursos de reclamación para que el Pleno de la Corte revise el beneficio otorgado por la ministra Ríos.
Por su parte el Congreso de Veracruz aprobó por mayoría calificada la procedencia para retirar el fuero a los presidentes municipales de: Úrsulo Galván Bertín Bravo Montero y de Ixhuatlán del Sureste: Raúl González Martínez.
Con la resolución, la Fiscalía General del Estado (FGE) podrá continuar los procedimientos penales sin el obstáculo de la inmunidad procesal que confería el cargo.
Movimiento Ciudadano denunció que se trata de una persecución política y sostuvo que “no permitirá la utilización de las instituciones de procuración de justicia para judicializar selectivamente a sus gobiernos municipales”.
En Veracruz, el partido en el poder es Morena, con la gobernadora Rocío Nahle García. Los alcaldes desaforados son de Movimiento Ciudadano, partido de oposición.
La Comisión Instructora del Congreso local contó con elementos suficientes para continuar el proceso de declaración de procedencia contra ambos ediles.
La fiscalización selectiva con tintes partidistas refleja un patrón donde las instituciones de control (ASF, fiscalías, congresos) son utilizadas como herramientas de presión política contra opositores, más que como mecanismos genuinos de rendición de cuentas.
En ambos casos (Nuevo León y Veracruz), los objetivos de la fiscalización son funcionarios de Movimiento Ciudadano: Samuel García, gobernador de Nuevo León y figuras emergentes de MC como son los dos alcaldes de MC en Veracruz.
Esto sugiere que Morena, como partido en el poder a nivel federal y en varios estados, está utilizando las instituciones de control para debilitar a un competidor político que ha mostrado crecimiento electoral.
Lo preocupante es que la fiscalización parece tener un enfoque asimétrico: Se investiga exhaustivamente a funcionarios de MC, pero se dejan “a un lado los excesos del partido en el poder” (Morena). Esto genera la percepción de que la rendición de cuentas es selectiva, se aplica con rigor a la oposición, pero se es más laxo con los propios.
La fiscalización selectiva con tintes partidistas tiene implicaciones graves para la democracia, pues erosiona la confianza en las instituciones. Cuando las instituciones de control son percibidas como herramientas políticas, la ciudadanía pierde confianza en su imparcialidad. Debilita el sistema de equilibrios institucionales. La fiscalización debería ser un mecanismo de control del poder, no un arma política. Genera un clima de judicialización de la política, la política se traslada de las urnas a los tribunales, donde las acusaciones (con o sin sustento) pueden dañar reputaciones y carreras políticas. Estas acciones ocurren en un momento crucial, a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027.
El timing no es casual, debilitar a figuras emergentes de la oposición como lo es Samuel García, antes de la campaña electoral puede ser una estrategia para reducir la competencia. La fiscalización de recursos públicos es necesaria y deseable en una democracia. Es claro que todos los funcionarios públicos deben rendir cuentas por el uso de recursos federales y todas las investigaciones por presuntas irregularidades son legítimas cuando hay indicios fundados.
Lo problemático radica en la selectividad de la muestra, se investiga a unos (oposición) pero no a otros (partido en el poder), de igual manera se le da un uso político, las instituciones de control son instrumentalizadas para fines partidistas. La falta de imparcialidad, las investigaciones parecen tener un objetivo político más que técnico.
La fiscalización selectiva con tintes partidistas contra Samuel García en Nuevo León y los alcaldes de MC en Veracruz refleja un patrón preocupante donde las instituciones de control son utilizadas como herramientas de presión política.
El timing electoral es clave, estas acciones ocurren a poco más de un año de las elecciones de 2027, cuando debilitar a figuras emergentes de la oposición puede ser estratégico. El riesgo para la democracia es real, cuando las instituciones de control son percibidas como herramientas políticas, la ciudadanía pierde confianza en su imparcialidad.
La pregunta fundamental es ¿se trata de una fiscalización legítima basada en indicios fundados de irregularidades, o se trata de una persecución política disfrazada de rendición de cuentas? la respuesta depende de si las investigaciones se conducen con imparcialidad, transparencia y respeto al debido proceso, o si son instrumentalizadas para fines partidistas.
Mientras no haya claridad sobre esto, la percepción de fiscalización selectiva con tintes partidistas seguirá erosionando la confianza en las instituciones y debilitando la democracia mexicana.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.