**Rúbrica
/Por Aurelio Contreras Moreno /
Muy bien tomada la medida les tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores de la “oposición” –los que quedan, por supuesto-, a los que al estilo mafioso, parece que les ofreciera “plata o plomo”. Y por supuesto, lo que aceptan es la plata.
El presidente repitió este lunes el ardid que ya había aplicado el año pasado con los mandatarios de Sinaloa y Nayarit, de PRI y PAN respectivamente, a los que ofreció públicamente representaciones diplomáticas una vez que en esos estados ya había ganado Morena las elecciones de gobernador.
Ahora tocó a la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y al ex mandatario de Campeche, Carlos Miguel Aysa. Ambos todavía priistas y en cuyos estados el Revolucionario Institucional perdió las pasadas elecciones y, por ende, las dos gubernaturas.
Esta vez no se anticiparon los nombramientos, sino que se anunciaron como hecho consumado: Pavlovich va al consulado de México en Barcelona y Aysa a la embajada de República Dominicana. Ella por vía directa y sin ninguna aduana legal qué saltar; él todavía tendrá que pasar por la ratificación en el Senado, donde se le podría complicar.
Lo que queda claro es que a estos ex gobernadores se les está dando un “premio” con el cual puedan continuar vigentes en política –y en la nómina oficial-, posibilidad que su partido, el PRI, ya no está en condiciones de garantizarles. Pero por supuesto, eso no es gratis.
En Sonora, ganó la gubernatura por Morena un funcionario sin logro alguno en su anterior encomienda: el ex secretario de Seguridad y Participación Ciudadana Alfonso Durazo, quien además de haber dejado al país hundiéndose en ríos de sangre por la violencia, enfrentó duros señalamientos por supuestos nexos con el crimen organizado durante la campaña. Con todo y ello, “ganó” en una entidad en la que la izquierda partidista jamás ha pintado.
En Campeche fue todavía más obvia la jugada. A pesar de que la dirigencia nacional del PRI se estacionó en pleno en ese estado prácticamente toda la campaña -pues de ahí es oriundo y hasta fue gobernador el todavía presidente priista Alejandro Moreno Cárdenas, y por esa razón ganar por lo menos su entidad le resultaba políticamente imperativo-, terminó alzándose con la victoria la impresentable hija de cacique priista Layda Sansores, quien dejó botada y con múltiples irregularidades la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.
No hay que ser un genio para dilucidar lo que pasó en Sonora y Campeche. Los hilos de la traición y la operación en contra de su propio partido de Pavlovich y Aysa son evidentes, y el “pago por los servicios prestados” es hasta grotesco, por lo desvergonzado.
¿Tenían opción esos gobernadores? ¿De haberse negado a apoyar a la “4t” les habrían sacado sus “trapitos al sol” o les hubiesen instrumentado una persecución legal y política? Viendo cómo se comporta el gobierno lopezobradorista y conociendo las mañas de varios priistas, no sería descabellado arribar a una conclusión de esa naturaleza. Lo que es un hecho es que los gobernadores se le “voltearon” al PRI y ya fuese por coacción o cohecho, fueron premiados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y no será la última vez que lo haga.
El 5 de junio de este año hay elecciones de gobernador en seis estados: Quintana Roo, Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, Hidalgo y Oaxaca. El primero, gobernado por una coalición PRD-PAN, el segundo y el tercero por Acción Nacional y los demás por el PRI.
Por lo menos en Hidalgo y Oaxaca las cosas ya estarían decididas, pues los gobernadores Omar Fayad y Alejandro Murat ni se preocupan por cuidar las formas ni simular su entreguismo con la “cuatroté”. Y si la “oposición” –si aún se le puede llamar así- pierde todas las gubernaturas, estará territorialmente desaparecida.
Así que flojitos y cooperando, o no hay embajada.
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