Francisco Cabral Bravo
Con solidaridad y respeto a Ricardo Ahued Bardahuil
Varios colegas han contado que de acuerdo a cálculos conservadores, echar andar la ocurrencia de crear otra empresa pública, dependiente de Pemex, denominada Gas Bienestar costará 11 mil millones de pesos, entre terrenos, instalaciones, cilindros, vehículos de transporte de los tanques, personal y gastos administrativos, lo que necesariamente implica contratar más deuda para Petróleos Mexicanos o para el Gobierno Federal que, para el caso, es lo mismo.
En momentos en que se prepara el paquete económico para el próximo año, los técnicos de SHCP, que todavía no comanda formalmente Rogelio Ramírez de la O, se anuncia la creación de un elefante blanco qué significa crear otro barril sin fondo, a que en el mercado nacional existen 6,500 permisionarios de gas LP, mismos que sí están especulando con el precio, pues deben ser sancionados.
Al genio que se le ocurrió que con la creación de Gas Bienestar se va a lograr que el gas cueste más barato, está en un error, toda vez que su precio se fija por parámetros internacionales y no a través de subsidios que lo único que logran es sangrar las arcas públicas.
Sí ya tienen el ejemplo de lo que pasó en Venezuela con la creación de la gasera propiedad del Estado “Gas Comunal”, y que a la postre no remedio la escasez del energético ni abaratar el producto, al contrario condenó a que más venezolanos usen leña y carbón para cocinar sus alimentos.
En estos tiempos, Gas Comunal acumula denuncias por la corrupción que prevalece entre sus directivos.
Estatizar no soluciona los problemas que origina la oferta y la demanda y más que, para hacerlo, se estará endeudando a las próximas generaciones.
La política social del gobierno de la 4T es un monstruo devorador de mil cabezas que se come todo el presupuesto y con el incremento de los beneficiarios y el aumento de los rangos económicos que se realizan cada año, llegaremos al 2024 con un déficit que sólo se nivelara con más impuestos y deuda.
Diputadas y diputados del PRI, que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidieron que el Gobierno Federal de sustento legal y económico a la decisión de crear la empresa “Gas Bienestar”.
En ese sentido llamaron a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a presentar al Congreso de la Unión un informe sobre la repercusión y los beneficios de invertir en infraestructura para que el Estado venda gas LP al menudeo.
Informaron que, a través de un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, plantearon 3 requerimientos en el análisis: la evolución del precio en el mercado a fin de determinar si existe un diferencial entre los precios de venta a las gaseras y al público; las acciones emprendidas para controlar y sancionar a las empresas gaseras que distorsionan el valor del producto, en detrimento del consumidor, y el estudio de mercado e impacto económico sobre el que sustenta la creación de las nueva paraestatal.
El 81% del gas que se consume en el país es importado y su precio está determinado por el mercado internacional, pero en México, por el descuido institucional, el gas LP se ha encarecido drásticamente en más de 38%, desde 2018 hasta abril de 2021.
“Si queremos resolver el problema de fondo, evitar que las gaseras abusen y terminar con sus prácticas oligopólicas, la Sener, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica no deben renunciar a su capacidad legal de regular el mercado y sancionar a las empresas que lo distorsionen contra los consumidores. Desde el principio de la actual administración, se han relajado las medidas de investigación y sanción, privilegiado alas involucradas” sentenciaron.
El Instituto Mexicano para la Competitividad ha señalado que una empresa así acabaría destruyendo el mercado, por las condiciones asimétricas que se generarían y al final de cuentas le costaría miles de millones de pesos al Estado mexicano. Hoy México necesita de sus políticas para evitar se destruyan instituciones y democracia. Porque sus políticas, con todos sus defectos y virtudes, no pueden entregarse al Ejecutivo Federal, o será el fin de los partidos históricos, qué construyeron instituciones e impulsaron la democracia sin rupturas, a través del diálogo y el consenso. La corrupción no se ha acabado, usa otros ropajes.
Y en otro orden de ideas tiene razón el almirante secretario José Rafael Ojeda al aseverar que “México carece de servidores públicos honestos”, y muy valiente al decirlo al jefe de una parte de ellos, es decir, el titular del Ejecutivo Federal.
La consecuencia de un mal entendida austeridad expulsó a valiosos funcionarios públicos al reducir de manera demagógica, poco estratégica, los salarios, y por ello hoy tenemos malos servidores públicos por inexpertos y con una gran propensión a la corrupción.
Pero el almirante secretario debe saber también que parte de esos recursos que ya no van a la burocracia, ahora se canalizan a fideicomisos millonarios administrados por las Fuerzas Armadas con poca transparencia.
Y, por primera vez en la historia reciente, las Fuerzas Armadas estarían colocándose, y espero equivocarme, del lado contrario del pueblo, al no cuidar de él y no enfrentar a la delincuencia organizada, como múltiples evidencias existen en la prensa, en la que aparecen sólo mirando a la muchedumbre armada cometer delitos.
Tiene razón y mucha.
No puede haber pueblo pobre y Fuerzas Armadas ricas. No puede haber desabasto de medicamentos contra el cáncer de niños y mujeres, y para enfermedades graves, mientras una nueva clase política los gasta en viajes y placeres, cuando menos, exóticos.
Datos de la propia Secretaría de Hacienda el 29 de enero pasado, la Sedena habría acumulado, al cierre de 2020, 48 mil 779 millones de pesos.
De acuerdo con notas periodísticas, de 2018 a 2020, su presupuesto habría aumentado 967%.
Tiene razón, almirante secretario, la incapacidad, la improvisación de los funcionarios públicos es una modalidad de corrupción.
Es, cuando menos, un asunto de ética humana.
Nada más difícil es entender que el papel de los periodistas no es adular a quienes detentan el poder, sino hablar con la verdad. Así es la democracia.
El almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, parece que trae muy puesta la casaca de la 4T. Hace algún tiempo trono contra el Poder Judicial, y hace poco destacó que, si hay algo de lo que carece México es de funcionarios honestos. “Por ello, dijo que dentro de la dependencia que encabeza, así como en la Sedena, contrario a otras instituciones” no se pueden dar “el lujo de tener malos elementos”.
En otro comentario Morena salva de desafuero a Toledo y Huerta. La mayoría de Morena y sus aliados han aplicado tácticas dilatorias para salvar el pellejo al morenista Saúl Huerta y petista Mauricio Toledo.
En la Permanente, la mayoría de Morena y sus aliados han defendido al morenista Saúl Huerta, acusado de abuso sexual de dos menores, y al petista Mauricio Toledo señalado de enriquecimiento ilícito. Los panistas se han cansado de ofrecer sus votos para quitarles el fuero, sin embargo, Morena ha hecho todo para que eso no ocurra. Cancelaron de última hora la reunión de comisiones donde se aprobaría el dictamen para los desafueros.
