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/ Ana Laura Magaloni Kerpel /
Es indispensable que exista justicia para que no sea el horror la única manera de mirar el Rancho Izaguirre en Jalisco. Por justicia entiendo una explicación razonable y creíble sobre qué pasó, quiénes son las víctimas, cómo llegaron ahí, qué sucedía dentro, qué autoridades son cómplices y quiénes son los responsables de esos horrores. La justicia está basada en pruebas que se recaban en la escena del crimen, en testimonios, en imágenes de cámaras, en registros de llamadas telefónicas, en análisis de contexto y en el resto del trabajo científico de los peritos y los policías de investigación. También está hecha de razones y argumentos de fiscales y defensores frente a un juez en procesos judiciales abiertos a la ciudadanía. La justicia es la gran asignatura pendiente en México y sólo va a existir cuando las y los detentadores del poder suelten el control político de las fiscalías y se propongan construir un sistema de justicia con capacidad de estabilizar la verdad.
Los colectivos de personas buscadoras son el símbolo nacional del fracaso de nuestras fiscalías. Por eso son tan incómodos para las autoridades. Esos colectivos desnudan la orfandad de vivir en un país con fiscalías de cabeza. En vez de contar con policías, peritos y fiscales profesionales que busquen iluminar el fenómeno de la desaparición de personas y producir verdad para sus familiares, las madres buscadoras cuentan con comisiones de búsqueda, estatales y federal, sin autoridad ni recursos para realizar esas investigaciones. Esas comisiones, por más vocación o voluntad que tengan quienes trabajan ahí, no son la puerta de acceso a la justicia. Tampoco las comisiones de víctimas. Todas esas instituciones existen porque nuestras fiscalías siguen secuestradas por intereses políticos, económicos y criminales. Las comisiones de búsqueda y de víctimas son meros paliativos y distractores para eludir el fondo del problema: el colapso e inoperancia de las fiscalías para producir verdad.
En el caso del Rancho Izaguirre, las prendas de ropa, las mochilas, las carteras, los zapatos son formas invaluables de identidad de las víctimas. Las fosas por definición son impersonales, pues los huesos requieren un proceso de identificación muy complejo y costoso que no se hace. Las prendas y objetos personales, en cambio, significan la posibilidad inmediata de ponerles rostro a esos huesos. Por ello, tienen un valor emocional inconmensurable para las personas buscadoras. También para la investigación criminal. En este sentido, no hay palabras para describir el nivel de indolencia y complicidad que revelan todas las omisiones de la Fiscalía de Jalisco. Tampoco tengo los adjetivos para quien permitió el acceso al rancho a periodistas y personas buscadoras. Eso equivale a hacer de la escena del crimen un teatro.
La escena del crimen es el inicio de cualquier investigación que se propone construir seriamente un rompecabezas delictivo. El análisis minucioso y pausado de cada rincón del rancho por peritos e investigadores expertos era indispensable para construir la verdad de lo que ahí sucedía y quienes murieron ahí. ¿A quién se le ocurrió y por qué se le permitió destruir esa posibilidad? Ello sólo nos habla del hoyo negro en el que se han convertido nuestras fiscalías.
Las fiscalías son las puertas de acceso a la justicia para las víctimas del delito. Sin éstas, los colectivos de personas buscadoras seguirán buscando con palas y palos a sus seres queridos. Sólo el trabajo serio de policías, peritos y fiscales nos podrá ofrecer explicaciones razonables y creíbles sobre la tragedia de las personas desaparecidas. Estas explicaciones, claras y persuasivas, fortalecen el pacto de civilidad, pues hacen que sean los argumentos, las razones, las pruebas y la ley, y no la venganza y el ejercicio desnudo de la coacción, la forma de pacificar a nuestro país. Un Estado fuerte es un Estado justo, pues la justicia es el único pegamento posible para no rompernos y hundirnos como colectividad en el abismo que producen los niveles de crueldad que se viven en México.