A Juicio de Amparo.
Amparo Casar.
Si de que sirva al pueblo, de no duplicar esfuerzos y de ahorrar dinero se trata, ¿por qué no mejor desaparecer a la Secretaría de la Función Pública en lugar del Instituto de Acceso a la Información? La SFP cuesta 1,389 millones de pesos. El Inai, 905 mdp. La respuesta es simple. Porque a la SFP la controla el Presidente y el Inai es autónomo.
¿Por qué no mejor decirlo abiertamente? Mi proyecto requiere de concentrar todo el poder posible. No me gustan los contrapesos. Ni los de adentro y por eso exijo a mi gabinete y a mi partido lealtad ciega. Porque, no se les olvide: el Poder Ejecutivo es unipersonal.
Ni los de afuera. Si mi poder radica en la desinformación y el engaño, por qué voy a dejar la responsabilidad y el derecho a la información en un órgano autónomo. Qué es eso de que no esté en mis manos decidir qué es la competencia, quién incurre en prácticas monopólicas y a quién se debe sancionar por hacerlo. Por qué me impiden regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y la radiodifusión, si son centrales para mi proyecto.
Yo soy el intérprete único de lo que quiere el pueblo y ya lo decreté: estos órganos autónomos “no benefician al pueblo”, “no sirven” y “salen muy caros”. Para poder cumplirle al pueblo necesito poder, mucho poder, todo el poder. De la política como ejercicio de la pluralidad, el acercamiento de intereses y la negociación, ni hablar. Mando único, unilateral, concentrado, centralizado y sin contrapesos.
De los 30 años del llamado neoliberalismo no voy a dejar nada. Comenzando por los avances democráticos. Los de construcción de instituciones y los de los derechos como la información, la regulación de los monopolios o de las comunicaciones. Esto por lo pronto. Nos tenemos que apurar. No sea que vaya yo a perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
Esto es lo que dice el Presidente con sus actos y, en no pocas ocasiones, en su discurso.
La propuesta formal de eliminar a los órganos autónomos atenta contra la democracia y contra los derechos de los mexicanos. Su propósito es seguir concentrando el poder en un franco desafío a la democracia y al orden jurídico. No puede interpretarse de otra manera el desprecio profundo y generalizado hacia las instituciones. Particularmente a las que no controla por ser independientes o autónomas y a las que ha tratado de capturar por la vía de nombramientos, la disminución de su presupuesto, la descalificación pública de sus integrantes y la emisión de decretos o legislación de dudosa constitucionalidad que se litigan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No conforme con estas acciones que debilitan a las instituciones ahora plantea su desaparición y el traspaso de sus funciones a las dependencias de gobierno que actúan bajo sus órdenes y a cargo de sus incondicionales.
La reforma anunciada nada tiene que ver con ahorrar dinero. Que no nos vendan piñas. El presupuesto del Inai, Cofece e IFT —todo junto— equivale a 0.048% del presupuesto. Para qué necesita ese dinero si, según sus propias cifras, ha ahorrado un billón 300 mil millones de pesos, que equivalen a 20% del presupuesto. El propósito es la legalización del hiperpresidencialismo propio de la era, no del neoliberalismo, sino del partido casi-único que por tanto tiempo combatió la oposición y que ahora quiere restaurar.
Particularmente preocupante resulta la intención de pasar las tareas de acceso a la información y protección de datos personales a su esfera de poder por una simple razón. Su poder radica en la (des)información que él difunde y la que tiene en sus manos y no quiere compartir para que no lo desenmascaren o para usarla contra sus adversarios.
Si la información pública es cada vez menor, con la desaparición del Inai no tendremos a quién reclamar que nos nieguen los padrones de los programas sociales, los contratos asignados, el uso de los recursos públicos o la violación a los derechos humanos. Tanto le importa al Presidente la vigilancia del Ejecutivo que en el presupuesto 2021 le quitó 428.6 millones de pesos precisamente al programa de Fiscalización a la Gestión Pública, una reducción del 72 por ciento.
No. El de ¡López Obrador no es el gobierno más transparente de la historia. Fiel a su tradición desde que gobernó al Distrito Federal, lo que podemos esperar es que sus obras de infraestructura, sus programas sociales y todo acto de gobierno quede clasificado por los próximos 12 años tal y como sucedió con el segundo piso del Periférico. Si su reforma prospera, la corrupción habrá ganado a su mejor aliada: la opacidad.
