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10.03.2026 Sinaloa.- Emma María Zermeño López, Funcionaria de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa es sancionada por presunta violencia política de género tras denuncia de diputada Almendra Negrete por una critica en chat privado.
El caso que ha abierto un intenso debate nacional sobre los límites entre la violencia política de género, la libertad de expresión y la privacidad en las comunicaciones digitales se registró en Sinaloa luego de que la activista y funcionaria pública Emma María Zermeño López fuera sancionada por comentarios realizados en un chat privado de WhatsApp acerca de la diputada local de Morena, Almendra Ernestina Negrete Sánchez.
La controversia inició cuando Negrete, legisladora del Congreso de Sinaloa y también secretaria nacional de Diversidad Sexual de Morena, presentó una denuncia por violencia política en razón de género contra Zermeño ante autoridades electorales, argumentando que los mensajes contenían expresiones ofensivas y descalificadoras hacia su persona.
Las conversaciones que originaron el proceso ocurrieron entre 2024 y 2025 y se desarrollaron en un chat privado de WhatsApp entre Zermeño y un conocido. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, ese contacto posteriormente comenzó a colaborar con la diputada y entregó capturas de pantalla de la conversación, que posteriormente fueron utilizadas como prueba en la denuncia presentada ante las autoridades electorales.
En una primera instancia, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa determinó que no podía analizar las capturas de pantalla de la conversación debido a que se trataba de comunicaciones privadas protegidas por el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Sin embargo, la resolución fue impugnada por la legisladora morenista ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La Sala Regional revocó el criterio inicial y estableció que las capturas de pantalla sí podían considerarse pruebas válidas, al argumentar que cuando uno de los participantes de una conversación entrega voluntariamente los mensajes, el contenido puede ser valorado por la autoridad jurisdiccional. Además, el órgano electoral federal ordenó analizar el caso con perspectiva de género y tomando en cuenta los derechos de la denunciante.
Tras la revisión del expediente, el tribunal determinó que sí se configuraba violencia política en razón de género contra la legisladora, lo que derivó en la imposición de una sanción contra Zermeño, marcando un precedente poco común dentro de la justicia electoral mexicana, pues el castigo se basa en mensajes emitidos en una conversación privada.
Emma María Zermeño López es activista y defensora de derechos humanos y actualmente colabora en la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de Sinaloa, donde participa en proyectos relacionados con igualdad de género, diversidad sexual y políticas públicas para mujeres.
Tras conocerse la resolución, la funcionaria manifestó públicamente su inconformidad con el proceso, señalando que no ha tenido condiciones equitativas para defenderse y cuestionando las consecuencias de la denuncia. En declaraciones difundidas en medios, aseguró que la diputada solicitó diversas medidas de reparación, entre ellas una disculpa pública, su inscripción en el registro de personas sancionadas por violencia política de género y el pago de una indemnización económica cercana a los 300 mil pesos.
Zermeño también afirmó que existe una desigualdad entre las partes involucradas, al señalar que ella es una trabajadora que percibe un salario bajo dentro del servicio público, mientras que su denunciante es una figura política con mayor influencia institucional.
El caso ha generado un amplio debate entre especialistas en derecho electoral y organizaciones civiles, ya que algunos consideran que la resolución podría sentar un precedente que permita sancionar conversaciones privadas cuando estas se filtren y sean utilizadas como pruebas en procesos judiciales. Desde esta perspectiva, se advierte que el fallo podría tener implicaciones para el derecho a la privacidad y la libertad de expresión en espacios de comunicación personal.
Por su parte, la defensa de Zermeño anunció que se interpondrán recursos ante instancias superiores del propio Tribunal Electoral con el objetivo de revertir la sanción, al considerar que el caso no corresponde al ámbito electoral y que penalizar comentarios realizados en un entorno privado podría vulnerar derechos fundamentales. ([www.noroeste.com.mx][5])
Mientras el proceso continúa su ruta legal, el expediente se ha convertido en uno de los ejemplos más recientes de las tensiones que existen en México entre la protección contra la violencia política de género y la protección constitucional de la privacidad y la libre expresión en el ámbito personal.
