*Familiares y abogados denuncian penalmente a integrantes del gabinete de seguridad por el traslado de los delincuentes.
29.01.2026;Ciudad de México.- El 26 de enero de 2026, familiares y abogados de cuatro de los 37 líderes criminales entregados por el gobierno mexicano a Estados Unidos el pasado 20 de enero presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR)
La acción legal se dirigió contra integrantes del gabinete de seguridad, a quienes acusan de traición a la patria y coalición de servidores públicos por haber ejecutado el traslado sin cumplir, según los denunciantes, con los procedimientos judiciales de extradición establecidos en la legislación mexicana.
Los abogados defensores sostienen que el operativo constituyó una expulsión masiva disfrazada de cooperación internacional, vulnerando el derecho al debido proceso y dejando inconclusos juicios en curso en tribunales nacionales.
La denuncia menciona directamente a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; y Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, como responsables de haber autorizado y coordinado la entrega de los reos.
Los familiares de los acusados calificaron la medida como un “destierro” y señalaron que se trató de una decisión política que cedió jurisdicción mexicana a un gobierno extranjero.
El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, defendió la operación como parte de una estrategia de cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad.
Según la versión oficial, la entrega de los 37 presuntos líderes criminales respondió a razones de seguridad nacional y a la necesidad de debilitar las estructuras del crimen organizado transnacional.
La administración federal subrayó que se trató de un acuerdo directo con autoridades estadounidenses para garantizar que los acusados enfrenten procesos judiciales en cortes de aquel país, donde se les imputan delitos de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración criminal.
Los antecedentes de este caso se remontan a febrero de 2025, cuando el gobierno mexicano inició una serie de traslados de alto perfil hacia Estados Unidos. En esa primera operación fueron entregados 29 individuos, entre ellos Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, históricos líderes del narcotráfico.
Posteriormente, se realizaron nuevas entregas que sumaron un total de 92 personas trasladadas en tres operativos distintos. El más reciente, el 20 de enero de 2026, incluyó a 37 presuntos integrantes de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y células vinculadas al tráfico internacional de drogas.
La denuncia presentada ante la FGR abre un debate sobre los límites de la cooperación bilateral en seguridad y el respeto a la soberanía nacional. Los abogados defensores argumentan que la Constitución mexicana establece procedimientos claros para la extradición, los cuales incluyen la intervención del Poder Judicial y la posibilidad de que los acusados interpongan recursos legales.
En este caso, sostienen, se omitieron esas garantías y se actuó de manera unilateral, lo que constituye, a su juicio, una violación grave al orden constitucional.
La Fiscalía deberá determinar si procede la investigación contra los funcionarios señalados. De hacerlo, se abriría un proceso inédito en el que altos miembros del gabinete de seguridad serían llamados a responder por decisiones tomadas en el marco de la cooperación internacional.
El caso también podría tener repercusiones en la relación bilateral con Estados Unidos, ya que cuestiona la legalidad de los acuerdos que sustentan la entrega de reos y pone en entredicho la legitimidad de las operaciones conjuntas contra el crimen organizado.
Los familiares de los acusados han anunciado que continuarán con movilizaciones y acciones legales para exigir que los procesos judiciales se lleven a cabo en México.
Afirman que la entrega de los reos no solo vulnera derechos individuales, sino que también sienta un precedente peligroso para la soberanía nacional.
En tanto, el gobierno federal mantiene su postura de que las operaciones de traslado son necesarias para reducir la violencia y garantizar que los líderes criminales enfrenten justicia en un sistema judicial capaz de procesarlos con mayor eficacia.
