*Lo acusan de homicidio y tortura.
27.03.2026 México.- Giran órdenes de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, acusado de su presunta responsabilidad en delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad relacionados con un operativo ocurrido en 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua.
La medida judicial forma parte de un conjunto de al menos 16 órdenes de captura emitidas contra exfuncionarios y elementos de seguridad estatal, entre ellos el entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, así como policías que habrían participado directamente en los hechos.
El caso se remonta a abril de 2017, cuando fuerzas estatales ingresaron a la comunidad de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, tras un conflicto derivado de protestas sociales. Durante el operativo, cuatro habitantes murieron por disparos de arma de fuego y varios más resultaron heridos, en un episodio que con el paso de los años fue documentado como una posible violación grave a los derechos humanos.
De acuerdo con las investigaciones, la intervención policial fue autorizada por el entonces gobierno estatal encabezado por Aureoles, con el objetivo de recuperar vehículos retenidos por pobladores en el contexto de una movilización. Sin embargo, la respuesta de las fuerzas de seguridad derivó en un uso excesivo de la fuerza que hoy es materia de imputaciones penales.
El proceso judicial actual se sustenta en elementos recabados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que logró acreditar ante un juez la posible responsabilidad de los implicados. Las acusaciones incluyen no solo homicidio calificado, sino también tortura y abuso de autoridad, lo que agrava el alcance legal del caso.
Este expediente no surge de manera aislada. Desde 2020, organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya habían emitido recomendaciones por los hechos de Arantepacua, señalando la existencia de violaciones graves durante el operativo policial.
A la par, la situación jurídica del exmandatario ya era compleja antes de esta nueva orden de captura. Aureoles enfrenta otro proceso a nivel federal por presuntos delitos de corrupción, relacionados con un supuesto desvío millonario de recursos públicos durante la construcción de cuarteles de seguridad en su administración.
Incluso, desde 2025, autoridades federales habían impulsado acciones legales en su contra por delitos como peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa, lo que derivó en la emisión de alertas internacionales para su localización.
En este contexto, las nuevas órdenes de aprehensión refuerzan la presión judicial sobre el exgobernador, quien es considerado prófugo de la justicia. Las autoridades no han confirmado su paradero, mientras continúan los operativos para dar cumplimiento a los mandamientos judiciales.
El caso Arantepacua, además de su dimensión penal, se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre comunidades indígenas y fuerzas de seguridad en México. Durante años, habitantes de la región han exigido justicia por lo ocurrido, señalando que el operativo representó un acto de represión desproporcionada.
La reapertura del caso en términos judiciales coloca nuevamente en el centro del debate la actuación de autoridades estatales en contextos de conflicto social, así como la rendición de cuentas de exfuncionarios por decisiones tomadas durante su gestión.
Con esta orden de captura, el proceso entra en una nueva fase que podría derivar en uno de los juicios más relevantes contra un exgobernador en los últimos años, en un país donde los casos de responsabilidad penal de altos funcionarios siguen siendo poco frecuentes, pero cada vez más visibles.
