*La gobernanza feminista, en suma, no es una moda ni una etiqueta. Es una apuesta por reconfigurar el poder desde la ética del cuidado, la justicia distributiva y la memoria histórica. Es el camino hacia un Estado que no solo nombra la igualdad, sino que la garantiza.
14.09.2025 México.- La gobernanza feminista es una propuesta política, ética y estructural que busca transformar las formas tradicionales de ejercer el poder, diseñar políticas públicas y distribuir recursos, desde una perspectiva de género, justicia social y pluralidad de voces.
No se trata únicamente de incluir mujeres en espacios de decisión, sino de cuestionar y reconfigurar los principios que rigen la vida pública, institucional y normativa.
Fundamentos conceptuales
– Más allá de la representación simbólica: La gobernanza feminista no se conforma con cuotas o gestos simbólicos. Exige acciones concretas que modifiquen las estructuras de exclusión, violencia y desigualdad que afectan a las mujeres y disidencias.
– Redistribución del poder: Implica revisar cómo se toman las decisiones, quién las toma y a quién benefician. El análisis distributivo, como plantea Melissa Ayala desde el realismo jurídico, permite evaluar si las normas y políticas realmente previenen y erradican la violencia política de género o si solo la enuncian sin consecuencias reales.
– Interseccionalidad como eje: Reconoce que las mujeres no son un grupo homogéneo. Las experiencias de mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, migrantes o con discapacidad deben ser parte de la agenda pública, no como anexos, sino como protagonistas.
Implicaciones institucionales
– Diseño de políticas públicas con enfoque de género: Desde presupuestos etiquetados hasta mecanismos de evaluación con indicadores de igualdad sustantiva, la gobernanza feminista exige que el Estado actúe como garante de derechos, no como reproductor de desigualdades.
– Transformación de la justicia: En el ámbito judicial y electoral, implica reconocer y sancionar la violencia política en razón de género, como lo ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque aún con pendientes en su aplicación efectiva.
– Participación ciudadana vinculante: Las mujeres organizadas, colectivas feministas y defensoras de derechos deben tener voz en la construcción de leyes, presupuestos y mecanismos de rendición de cuentas.
Raíces históricas y movilización social
La gobernanza feminista no surge en el vacío. En México, por ejemplo, las movilizaciones de 2019 y 2020 contra la violencia feminicida lograron colocar demandas urgentes en la agenda pública. Según el análisis de Paula Sánchez Luna y Mario Velázquez García, estas protestas obligaron a gobiernos e instituciones como la UNAM a responder, aunque muchas veces de forma superficial o coyuntural. La gobernanza feminista exige respuestas profundas y de largo alcance, no paliativos.
Retos y horizontes
– Evitar la cooptación institucional: El riesgo de que el feminismo se convierta en discurso oficial sin transformación real está latente. La gobernanza feminista debe mantenerse crítica, autónoma y vigilante.
– Construir indicadores de impacto: Es necesario medir si las políticas públicas realmente modifican las condiciones de vida de las mujeres, especialmente las más marginadas.
– Formar funcionarias y funcionarios con perspectiva de género: La transformación no será posible sin una capacitación constante y transversal en todos los niveles del Estado.
La gobernanza feminista no es solo una consigna reciente, sino una construcción teórica y práctica que ha evolucionado desde distintas corrientes del feminismo jurídico, institucional y político.
¿De dónde nace el concepto de gobernanza feminista?
El término “governance feminism” fue sistematizado por académicas como Janet Halley, Duncan Kennedy*y otras voces del feminismo crítico en el ámbito anglosajón. En particular, Halley lo introduce como una forma de analizar cómo las feministas han logrado posicionarse en espacios de poder institucional, jurídico y normativo, influyendo en la creación de leyes, políticas públicas y decisiones judiciales.
En América Latina, el concepto ha sido reinterpretado y ampliado por autoras como Melissa Ayala García quien lo vincula con el análisis distributivo del poder y la regulación de la violencia política en razón de género. Desde su enfoque de realismo jurídico, Ayala propone que la gobernanza feminista debe evaluar no solo los discursos legales, sino sus consecuencias concretas: ¿quién gana, quién pierde, qué se redistribuye?
¿Quién lo propone y desde qué enfoques?
– Janet Halley: Desde Harvard, propone el concepto como una crítica a cómo ciertos feminismos han influido en el aparato legal, a veces reproduciendo lógicas punitivas o excluyentes.
– Melissa Ayala García: En México, lo articula desde el análisis distributivo, proponiendo que la gobernanza feminista debe transformar el sistema legal para prevenir y erradicar la violencia política de género.
– Teóricas del neoinstitucionalismo feminista: En América Latina, se ha vinculado el concepto con el estudio de cómo las instituciones pueden ser transformadas desde dentro por agendas feministas, especialmente en contextos legislativos y judiciales.
¿Quién lo ha ejercido?
Aunque no siempre se nombra explícitamente como “gobernanza feminista”, hay experiencias concretas que encarnan sus principios:
En México
– El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): Ha emitido sentencias clave sobre violencia política de género, reconociendo derechos de mujeres candidatas y sancionando prácticas discriminatorias
– Congresos locales con bancadas feministas: Han impulsado reformas como la Ley Olimpia, la Ley 3 de 3 contra la violencia y presupuestos con perspectiva de género.
– Ministras, magistradas y funcionarias con enfoque de justicia de género: Como la magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Rosalba Hernández que ha propuesto acciones concretas para fortalecer el acceso a la justicia y la igualdad sustantiva.
En América Latina:
–Gobiernos locales con enfoque feminista: Como el de Claudia López en Bogotá, que ha promovido políticas de cuidado, participación ciudadana y seguridad con enfoque de género.
– Movimientos feministas organizados: Que han logrado incidir en agendas legislativas, judiciales y presupuestarias, como el colectivo argentino que impulsó la legalización del aborto.
La gobernanza feminista, entonces, no es una fórmula única, sino una práctica situada que se construye desde la incidencia, la crítica institucional y la redistribución del poder.
