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Washington vivió este sábado el inicio de un nuevo cierre parcial de agencias federales, el segundo que se registra durante la administración de Donald Trump. La parálisis se produjo tras el vencimiento del plazo legal para aprobar la financiación de varias dependencias, luego de que la Cámara de Representantes pospusiera hasta el lunes la votación definitiva de un paquete presupuestario que ya había sido avalado en el Senado.
El cierre afecta a instituciones clave como el Pentágono y la agencia tributaria IRS, además de otras dependencias que suspendieron temporalmente sus operaciones. Aunque las funciones esenciales continúan, miles de trabajadores federales enfrentan la incertidumbre de recibir sus salarios si el impasse se prolonga. La situación recuerda al cierre más prolongado ocurrido apenas meses atrás, aunque en esta ocasión se prevé que la interrupción sea breve gracias a un acuerdo bipartidista alcanzado en la Cámara Alta con el respaldo de la Casa Blanca.
El punto más conflictivo en las negociaciones ha sido la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuya gestión se encuentra bajo fuerte escrutinio tras operativos migratorios en Mineápolis que derivaron en la muerte de dos residentes. Este hecho detonó protestas y tensiones políticas que se trasladaron al debate presupuestario, obligando a los legisladores a pactar una extensión temporal de dos semanas para mantener el financiamiento de esa dependencia mientras se discuten reformas más amplias.
La dinámica del cierre refleja las profundas divisiones entre demócratas y republicanos en torno a la política migratoria y la seguridad nacional. Mientras el Senado logró consensuar cinco proyectos de asignaciones presupuestarias, la Cámara de Representantes decidió retrasar la votación final, lo que provocó que desde la medianoche del sábado se interrumpiera la operación de varias agencias. El desenlace dependerá de la sesión prevista para el lunes, cuando se espera que los legisladores aprueben la legislación que pondría fin al cierre.
El episodio confirma la fragilidad del proceso legislativo en Washington y la capacidad de los desacuerdos políticos para impactar directamente en el funcionamiento del gobierno federal.
Aunque se anticipa una resolución rápida, el segundo cierre parcial bajo Trump vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre la Casa Blanca y el Congreso, así como la necesidad de acuerdos más duraderos que eviten la repetición de crisis presupuestarias que afectan tanto a la administración pública como a la confianza ciudadana.
